Desde la CTA-A Capital saludamos con esperanza y alegría la voluntad del Gobierno de atender la necesaria recomposición que requieren los sueldos de los jubilados con magros ingresos, las dos cuotas de 5 mil pesos que representan más del 30% de una jubilación mínima y que llegará por lo tanto a casi el 80% de los jubilados, así como medidas complementarias con respecto a la gratuidad de remedios del PAMI. También las medidas de orden general que apuntan a favorecer a los más necesitados, como la suspensión de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y otras en el ámbito de la asistencia social.

El Congreso Provincial de la CTA-A Capital realizado los días 6 y 7 de diciembre pasado, aprobó el documento presentado por los jubilados de la CABA, que contenía el reclamo de medidas de alivio que afortunadamente comienzan a verse concretadas. El mismo documento entre otras cuestiones señalaba «Los jubilados con mayores ingresos deben actualizar sus sueldos adecuadamente: No, a que los sueldos de los jubilados se compensen entre si; los recursos deben provenir de otras fuentes.»

Este mandato, nos hace ver con preocupación el proyecto del ejecutivo que actualmente se está tratando en el Congreso Nacional, que incluye la suspensión por seis meses de la movilidad en los sueldos de los jubilados.

La «movilidad Macri» causó un deterioro de más del 20% en el sueldo de todos los jubilados. Esto iba a compensarse parcialmente con los aumentos de marzo y junio 2020, habida cuenta de que esta movilidad se basa en la inflación pasada. Los actuales anuncios, causan incertidumbre y hasta angustia en una gran masa de compañeros jubilados. Este malestar no puede atribuirse a mala voluntad u oposición a un modelo que mayoritariamente se aprobó en las urnas, sino a cuestiones realistas basadas en la historia de vida de todos nosotros.

Todos los indicios y rumores indican que se pretende un achatamiento hacia «el centro» de las escalas salariales de los jubilados, en lugar de un «achatamiento hacia arriba», es decir que existe la voluntad de rebajar el sueldo de los jubilados con mayores ingresos, habida cuenta que cualquier desfasaje con respecto a la inflación equivale a una rebaja de sueldo.

Cuando hablamos de «jubilados de mayores ingresos», hablamos mayormente de una franja que cobra entre 20 mil y 50 mil, que son pobres luego de haber trabajado toda una vida, también de (muy pocos) jubilados que cobran más que eso y que ciertamente no son potentados, que son de clase media y que vieron reducir su nivel de vida todo este tiempo.

Si consideramos aún como un caso extremo, los poquísimos jubilados que cobran la máxima, es decir poco más de cien mil pesos, no es este el caso de «potentados», sino de jubilados, en su mayor parte profesionales formados y con muchas décadas de aportes, que no llegan a cobrar ni la tercera parte de lo que cobra un Diputado nacional o ni la mitad de cualquiera de sus «asesores». Son estos, compañeros de clase media que pueden disfrutar de un buen pasar, un auto, y unas vacaciones anuales.

La rebaja de sueldo a estos compañeros, cuya condición debería ser un estándar a tratar de alcanzar por una masa mayor de jubilados, «no mueve la aguja» – dado su pequeño número -, como tampoco la rebaja de sueldo a jubilados que cobrando varias veces la mínima, digamos 40 o 50 mil pesos no dejan de ser pobres.

Los jubilados que cobran miserablemente deben tener aumentos sustantivos y los que cobran un poco mejor no deben (al menos) perder ante la inflación; es decir no se le debe rebajar el sueldo. La plata hay que sacarla de otro lado y ya sabemos muy bien cuales son los sectores sociales – financiero, energético, etc. – que tienen que hacer el esfuerzo. Un solo «pequeño» pago de intereses de la deuda externa, de 500 millones de dólares, realizado en estos días, representa una erogación mayor que los anunciados y necesarios bonos de 5 mil pesos anunciados para diciembre y enero.

El gobierno quiere eliminar todos los instrumentos de indexación de la economía – medida que nos parece correcta – pero confunde, a nuestro entender, indexación con movilidad. La movilidad, por ejemplo este mal sistema que tenemos y que, justo iba a compensar en el primer cuatrimestre de 2020, en parte la pérdida de estos años, es además de una garantía constitucional, una cuestión vital para el sector social más sensible de la sociedad. Los jubilados sin duda, representan y son el ícono, de cual es la expectativa de una sociedad para los más débiles y para su propio futuro.

«Comenzar la desindexación» por los jubilados, no es una medida ni práctica ni justa. Solicitamos a las autoridades nacionales que además de los aumentos adicionales a los jubilados de menores ingresos, se mantenga la movilidad actual para el conjunto de los jubilados mientras dure la transición de 180 días propuesta por el gobierno.

Plata hay. Lo que hay que tener, es la voluntad política de sacarla de donde corresponde, lo que ciertamente no es del bolsillo de los propios jubilados.