Las medidas de fuerza de trabajadores del Ministerio y de los organismos frenaron la decisión que ponía en riesgo 10 mil puestos laborales
El viernes se conoció que el Ministro Dujovne tuvo que dar marcha atrás en la pelea por los fondos de Justicia y Seguridad. Hacienda intentó disolver los Entes cooperativos que pagan la mayoría de los sueldos de los trabajadores de esos ministerios y de los organismos que están bajo sus órbitas. Las marchas, los paros, las asambleas, y dos semanas de conflicto sostenido por trabajadores y trabajadoras de todas las áreas vinculadas lograron detener el intento del gobierno que hubiera significado despidos masivos y vaciamiento completos de sectores.
Los Entes no sólo se representan el pago de cerca de diez mil contratos desde hace décadas, sino de buena parte del sueldo del personal de planta.
Dujovne pretendía apropiarse de esos fondos, que hasta ahora no son parte del Presupuesto Nacional, a los efectos de utilizarlos como un ingreso extra para reducir el déficit. Para ello proyectaba achicar la cantidad de trabajadores y ajustar salarialmente a los que quedaran. De esta manera además se deterioraría seriamente la calidad del servicio que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dejando sin efecto obras y servicios que despliega la cartera.
José Luis Bravo, Delegado General de la Junta Interna de ATE en el Registro de la Propiedad Inmueble (uno de los organismos del Ministerio de Justicia), explica: “Le torcimos el brazo al DNU, eso implicaba que personal contratado se quedara sin trabajo, y nosotros tenemos familias enteras trabajando en ese sistema. Estamos bajo un escalafón de igual trabajo igual remuneración gracias al sistema de Entes. La preocupación era lo que iba a suceder con el personal contratado: en el Registro somos 80 presupuestarios y 330 contratados”.
Los otros organismos y programas que están dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y se mantuvieron en Alerta por la amenaza del gobierno son la Inspección General de Justicia, Dirección Nacional de Reincidencia, Automotor, Ex ESMA, Secretaría de DDHH, Programa “Victimas Contra las Violencias”, Centros de Atención a Justicia, el INADI, y Derecho de Autor.
El 5 de septiembre todos juntos realizaron una multitudinaria asamblea en la puerta de la Sede Central de la cartera de Germán Garavano, en repudio al desfinanciamiento destructivo del Ministerio mediante la eliminación del sistema de ENTES de cooperación técnico-financiera y el traspaso de sus fondos.
“Al enterarnos del Decreto empezamos con acciones en la mesa de entradas del edificio de la calle Venezuela (foto de portada), informando a la gente de los riesgos, intercambiando opiniones, y la medida de fuerza la realizamos haciendo que no salga la documentación que ingresaba: al no salir ningún certificado, ningún informe, se corta el circuito inmobiliario, que también lo utilizan los bancos para los créditos hipotecarios e internos”, resalta Bravo de ATE-Registro de Propiedad Inmueble.
En la reunión del viernes estuvieron presente lxs funcionarixs Silvina Montemerlo, Subsecretaria de Coordinación; Martín Casares, Jefe de Gabinete; Pablo Chasseing asesor técnico en cuestiones gremiales de Garavano. En representación de la Junta Interna de ATE Justicia estuvieron el Secretario General Ángel Gómez, el Adjunto Alejandro Martínez; el Secretario Gremial Leandro Surraco; y el delegado Hugo Mano, además de representantes de UPCN.
Bravo destacó el plan de lucha llevado adelante durante los últimos días para frenar la profundización del ajuste en el Estado: “Con el esfuerzo de los compañeros, manteniendo viva la Asamblea, llevando la verdad, finalmente hemos torcido esta voluntad de alguien que solamente pretendía poner la mano donde hay plata, pero desconociendo la realidad de un montón de trabajadores y trabajadoras que son lxs que generan este dinero”.
“Este gobierno hace lo que quiere, pero la voluntad y la fuerza de los trabajadores le dobló el brazo a estas decisiones unilaterales”, destaca Bravo, de ATE-RPI.
Isabel Vieyra, Delegada de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Justicia, detalló: “Los ENTES de Cooperación comenzaron a funcionar en el Ministerio de Justicia en el Gobierno de Alfonsín, cuando ya no se podía poner a la gente en planta permanente. Fue así como se comenzó a contratar a los trabajadores a través de los ENTES Cooperadores. En este momento, el Ministerio de Justicia tiene alrededor de siete mil contratados, todos a través de ENTES. Los más importantes son ACARA y la CCA, que manejan un montón de dinero. En ACARA, por ejemplo, no pueden entrar las auditorías del Estado, entonces a través de ese ENTE no sólo se le paga a los empleados del Ministerio de Justicia, sino que también se le paga a los del Ministerio de Seguridad, o de universidades”.
“En la actual situación económica de crisis el Gobierno vio en los ENTES una mina de oro, y planteó sacar a los siete mil contratados de ese ámbito y volver a volcarlos en la Ley de Empleo Público, con el Artículo 9, que se renueva cada 180 días o cada año. En seguida nosotros nos dimos cuenta de que esto implicaría una tremenda razia, porque de ninguna forma nos mantendrían a los siete mil con trabajo”, agregó Vieyra.
“Libramos una pelea de un mes en la que paramos a todo el Ministerio de Justicia. Colgamos las banderas de ATE en las puertas de los organismos y no entraba un papel, no se hacía una inscripción. Algunas de nuestras tareas incluyen: El registro del automotor, reincidencia, la inspección general de Justicia, TANDANOR, entre otras. Entonces, cuando decidimos hacer Paro o asambleas, lo hicimos todos juntos y demostrando un poder de fortaleza muy importante. Por ahora esto se ha frenado, pero no podemos dormirnos en los laureles, porque tarde o temprano van a volver a la carga sobre este tema”, cerró la Delegada.
Fuente: Prensa ATE Nacional| www.ate.org.ar
