El proyecto para bajar la edad de punibilidad de los adolescentes y el argumento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que plantea que los delitos de adultos deben tener penas de adultos, expresa la falta de humanidad y de conocimiento sobre políticas públicas para niñas, niños y adolescentes de este Gobierno.
Por Clarisa Gambera*
Una vez más, en tiempos electorales, la estrategia es agitar el odio con respuestas crueles. A modo bomba de humo el gobierno criminaliza a lxs pibxs mientras que los problemas reales de la gente siguen sin respuestas y las responsabilidades y complicidades vinculadas a la violencia y la inseguridad se camuflan.
El proyecto que avanza en el Congreso viola las normativas internacionales, nos aleja de la Convención de los Derechos del Niño en un contexto de desarme y ajuste en los organismos de protección de niñas, niños y adolescentes y de vaciamiento de las políticas públicas que garantizan cuidado, salud y educación.
Bajar la edad de punibilidad de los jóvenes no resuelve la inseguridad, no funcionó en otros países. La inseguridad es un problema complejo que requiere respuestas de igual tenor, que incluyen adecuación normativa, despliegue de políticas públicas con presupuesto y, sobre todo, definición política de enfrentar (de verdad y no para las cámaras) a las economías ilegales que se instalan en los barrios y aprovechan la pobreza, que es lo único que crece en la Argentina.
La falta de futuro y la intención de la La Libertad Avanza de romper el tejido comunitario en los territorios abandonados por el Estado, generan las condiciones para que el narco y sus negocios derivados se vuelvan economía de subsistencia que usa y coopta a las y los pibes como mano de obra barata y carne de cañón.
En un país en el que más de la mitad de las y los chicos menores de 14 años viven en situación de pobreza según datos oficiales, una realidad que si se mira sin distorciones alcanza al 80 % de la población sumando pobres y casi pobres. Con hogares donde se fragiliza la vida y la posibilidad de cuidar con jornadas de trabajo infinitas y salarios paupérrimos, estrategias de plurimepleo para intentar sostener el costo de vida, menos servicios de cuidado a medida que el Estado se retira y un malestar creciente que deja a los chicos y chicas en situaciones de mucha vulnerabilidad, la única propuesta que tiene el gobierno de Milei para las juventudes más frágiles es la cárcel.
* Clarisa Gambera. Trabajadora de Niñez del GCBA; Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTAA Capital.
