El pasado viernes 17 de abril el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que, bajo el título de “Lucha contra el Fraude”, esconde una de las ofensivas más violentas contra la vida en la historia democrática reciente. A raíz de esto, la secretaría de Discapacidad de la CTAA Capital elaboró un documento que se publica a continuación.
CRUELDAD Y ABANDONO: LA MISTANASIA COMO POLÍTICA DE ESTADO
El Proyecto de desmantelamiento de la dignidad de las personas con discapacidad en Argentina,
El pasado 17 de abril de 2026, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que, bajo el cínico título de “Lucha contra el Fraude”, esconde una de las ofensivas más violentas contra la vida en la historia democrática reciente. No estamos ante un debate presupuestario frío; estamos ante la institucionalización de la mistanasia: la muerte precoz, evitable y socialmente condicionada de quienes más necesitan la protección de la comunidad.
«Crueldad y abandono no son políticas públicas: son mistanasia. Lo que nos están haciendo describe un plan sistemático de retiro estatal, fallas deliberadas en el sistema de salud y asfixia de recursos para empujar al colectivo de la discapacidad al abismo del olvido y la muerte social.»
El Regreso al Modelo Médico Asistensialista: Adiós al Modelo Social
El proyecto firmado por el presidente Javier Milei, el Ministro de Salud Mario Ivan Lugones, y el deslomado de tanto chamuyar, Jefe de Ministros Manuel Adorno, no es una reforma, es una demolición. Busca derogar puntos centrales de la Ley de Emergencia Nacional 27.793 para restaurar un modelo que creíamos superado.
Al cambiar la «Pensión por Discapacidad para Protección Social» por la
“Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral”, el Ejecutivo reduce a la persona con discapacidad a un objeto que no sirve para producir, en la lógica del mercado libertario, sos un ‘inválido’.
Este retroceso no es solo terminológico; es una declaración de guerra contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Es importante recordarle al Ejecutivo que este tratado no es un folleto de buenas intenciones: tiene jerarquía constitucional en Argentina (Art. 75, inc. 22) y cualquier norma que intente ignorar su enfoque social es, por definición, inconstitucional.
La Trampa de la Incompatibilidad: Condenados a la Indigencia
La crueldad se manifiesta con claridad en la nueva regla de incompatibilidad laboral. Mientras la ley vigente permitía el empleo formal con un piso de ingresos, el nuevo proyecto decreta la incompatibilidad total. Si una persona con discapacidad intenta trabajar o inscribirse en el Monotributo, pierde su pensión automáticamente. El mensaje es perverso: o la pensión de miseria en la indigencia absoluta, o el intento de trabajar perdiendo toda red de seguridad Social.
Motosierra Prestacional: El «Federalismo del Descarte»
El ataque al sistema de salud es quirúrgico. Al derogar del Nomenclador de Prestaciones el Arancel Único, el Gobierno libera a las obras sociales y prepagas para que negocien valores por debajo de los costos reales de las terapias. Esto no es eficiencia; es el vaciamiento de los centros de rehabilitación y el abandono de miles de niños y adultos con discapacidad que dependen de esos apoyos para su rehabilitación y para una real inclusion en la sociedad.
A esto se suma la «provincialización» de la obligación sin la transferencia de los fondos correspondientes. El Estado Nacional se lava las manos y traslada la responsabilidad del programa de salud (Incluir Salud), de los pensionados por discapacidad a las jurisdicciones que ya están asfixiadas economicamente. Esta fragmentación viola el Principio de No Regresividad: el Estado tiene la obligación constitucional de no retroceder en los derechos ya garantizados. Quitar el presupuesto y desregular el sistema es, llanamente, una violación a los derechos adquiridos bajo el escudo de la Constitución.
El «Fraude» como Operación de Prensa y Purga Administrativa
Han montado un escenario de guerra donde las personas con discapacidad son el enemigo. Utilizan el crecimiento del número de pensiones como prueba de un supuesto delito masivo, omitiendo que es el resultado de un Estado que empezó a reconocer derechos. El reempadronamiento obligatorio no busca transparencia; busca la excusa administrativa para dar de baja beneficios de forma automática si el trámite no se completa en los plazos cruelmente impuestos por la «letra chica» de la ley, directamente se abandona a la persona con discapacidad.
«Desde la Secretaria de Discapacidad de CTA Autonama CABA, nos declaramos en estado de alerta y movilizacion porque no aceptamos el ajuste como destino. El abandono estatal y la falta de recursos tienen un nombre: Mistanasia. No al ajuste, sí a la vida digna.»
Estamos frente al retroceso más grave en derechos de las personas con discapacidad desde el retorno de la democracia
Si este proyecto se aprueba, el sistema de protección quedará fragmentado y desfinanciado, y la situación de la personas con discapacidad en Argentina volverá a ser una tragedia privada que las familias deberán resolver como puedan. El «fraude» es el nombre que le pusieron al ajuste para que no se note tanto el olor a injusticia.
No se equivoquen: quitarle el apoyo a una persona con discapacidad no es combatir una estafa, es violar la Ley Suprema de la Nación. Es hora de que el Poder Judicial y el Legislativo, le recuerden al Ejecutivo, que la Constitución no es un trámite burocrático que el Gobierno puede saltear cuando le resulta incómodo, existe precisamente para los momentos en que el Estado decide que ajustar es más fácil que garantizar derechos.»
Los legisladores tienen la obligación constitucional de frenar este despropósito o ser cómplices de la «mistanasia» oficial. Desde la Secretaria de Discapacidad de la CTA Autonoma CABA, conjuntamente con las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil, ya advierten: no nos quedaremos en casa. Estaremos en las calles y en la justicia para recordar que la Constitución no es un obstáculo para la gestión, sino el límite moral y legal que protege la vida frente a la crueldad de los números.
JUICIO PENAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES
DE FUNCIONARIO PUBLICO YA CONTRA
EL MINISTRO LUGONES Y EL PRESIDENTE MILEI
¡NO AL AJUSTE EN DISCAPACIDAD! SÍ A LA VIDA, SÍ A LA DIGNIDAD
Secretaría de Discapacidad CTAA Capital
