Facundo Trotta señaló -en el marco de la etapa final del juicio- que los delitos cometidos en el centro clandestino de detención de La Perla, que funcionó durante la dictadura militar, muestran «cómo fue la represión ilegal en Córdoba en toda su magnitud» por las características que tiene el proceso.
En tanto, dijo que «no hay duda de que los represores imputados tienen más información» sobre dónde están los restos de desaparecidos asesinados ni de que «todavía guardan su base de datos intacta».
El fiscal contó a Télam que «estamos en la etapa final del juicio -comenzó el 4 de diciembre de 2012- donde tomamos 553 testimonios, en 242 audiencias, y nos restan tan solo 40 testigos», por lo que estimó que en un mes se podría concluir con esta etapa.
«Una vez que concluyan los testimonios, se dictarán 10 días hábiles para que las partes preparen sus alegatos y la querella sería la primera», relató Trotta.
Analizó que en el marco del proceso hubo «testimonios muy crudos, como en la última audiencia con el caso de Feliciano Figueroa, que cuando lo secuestraron tenia 14 años, luego lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y sin intervención de un juez de menores lo mandaron a la Unidad Penitenciaria Número 1 (UP1), y los penales de Sierra Chica y La Plata», ejemplificó. A Figueroa lo dejaron en libertad luego, en noviembre de 1979.
«No lo podíamos creer. Era un niño. Hubo testimonios que te dejaban perplejo», admitió.
También se refirió a la «complicidad empresaria» que ha quedado demostrada ya que dirigentes de empresas «proporcionaban listas a los represores», y eludió a la complicidad judicial y a la actuación de un sector de la Iglesia en referencia a la causa Morard «donde hay cinco seminaristas (de la Orden La Salette quienes junto a su superior, el sacerdote, Santiago Weeks) fueron secuestrados (3 de agosto de 1976) y sometidos a torturas».
Fuente: Agencia Télam
