En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad la secretaria de Discapacidad de la CTAA Capital, Mabel Mamani, elaboró un análisis de situación, que se difunde a continuación.
El Día Internacional de las Personas con Discapadidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3.
El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Identificar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos tiene múltiples implicancias y derivaciones: en primer lugar la aceptación de que gozan de los mismos derechos que poseen los otros miembros de una comunidad; en segundo lugar, el reconocimiento de derechos específicos como sería el caso, por ejemplo de un intérprete de señas para una persona sordomuda en un proceso penal, de lo contrario, se estaría afectando considerablemente su derecho de defensa. Lo concreto y trascendente es que la temática de la discapacidad ha dejado de ser una cuestión meramente caritativa o humanitaria y la normativa que la regula tiene carácter imperativo, pues el estado debe conferirle la exigibilidad de la cual gozan las normas jurídicas en general. Toda sociedad, cualquiera sea el nivel de desarrollo económico alcanzado, tiene la obligación de hacer lo necesario para que las personas con discapacidad puedan ejercer, en un plano de igualdad, el conjunto de sus derechos humanos. (Prologo de Leandro Despuy, Libro “La discapacidad una cuestión de Derechos Humanos, compilado por la CTA y el Instituto de Estudios y Formación).
La implementación efectiva de políticas públicas que generen una verdadera inclusión de las persona con discapacidad y tiendan a mejorar las condiciones de vida y a propiciar el desarrollo económico, social y cultural del colectivo de personas con discapacidad requiere una asignación de recursos financieros que sean suficientes para hacer efectivos tales derechos.
En la actualidad estamos lejos de que se hagan efectivas estas políticas, hace 15 años se promulgó la Ley 25.730, que impone multas a quienes libren cheques sin fondos, sin autorización, para girar en descubierto o con defectos formales. Según esta norma, todo lo recaudado debe destinarse a proyectos que beneficien a personas con discapacidad. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que, entre 2013 y 2015, el Estado dejó sin ejecutar más de $ 356 millones de esa iniciativa.
Y durante el periodo 2016 hasta el 11 de marzo de 2019, en un informe presentado por la Jefatura de Gabinete de Ministros respecto a los montos recaudados por el Banco Central, al Congreso de la Nación, en el marco de la citada ley el Estado dejo sin ejecutar $ 1309 464.417, 70.
La totalidad de los programas asistenciales que atienden a las personas con discapacidad sufrieron un recorte significativo dejando a miles de niños, jóvenes y adultos privados de atención o con una notoria disminución en la calidad de las prestaciones.
Por Decreto de Necesidad y Urgencia DNU Nº 698 del año 2017, el gobierno de Macri destruyo la institucionalidad existente y creó una maqueta inoperante para no hacer nada, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), este organismo profundizo las políticas que generaron más hambre y desocupación en nuestro país, fue particularmente duro para todos los sectores de nuestra sociedad. En ese contexto de desaliento y desesperanza por la reiteración de políticas que no hacían otra cosa que profundizar la pobreza y la desigualdad, los más perjudicados fueron los colectivos más vulnerables. Entre ellos las personas con discapacidad y sus familias, quienes sufrieron no sólo las consecuencias de la crisis, sino también por la insensibilidad de quiénes redujeron significativamente o directamente desactivaron los programas y las políticas públicas del área.
El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 relevó un 12,9% de personas con discapacidad, es decir, 5.114.190 personas en todo el país, de las cuales se estima que cerca del 40% habita en los barrios más pobres en condiciones de hacinamiento donde la discapacidad y la pobreza caminan de la mano.
HAY QUE GOBERNAR PARA TODOS, EL ESTADO NO PUEDE DESENTENDERSE DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION.
Desde la Secretaria de Discapacidad de la CTA AUTONOMA Capital, decimos BASTA DE AJUSTE EN DISCAPACIDAD y exigimos:
La restitución de las pensiones dadas de baja en el Macrismo, 190.000 personas con discapacidad las están esperando.
No a la provincialización de Incluir Salud, La Resolución 453 de diciembre de 2018, ordeno a la provincia el cumplimiento de las prestaciones de Salud. Hasta ese momento las prestaciones se cubrían con fondos Nacionales, aliviando a las provincias. El traspaso de responsabilidades produce demoras de hasta 6 meses en la entrega de medicación, y esto SOLO TRAJO MUERTES.
Priorizar la creación de puestos de trabajo y/o programas de capacitación para personas con discapacidad desocupadas, disponiendo el inmediato cumplimiento de cupo del 4% en la Administración Pública y el 5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, y a establecer reservas de puestos de trabajo, en la planta efectiva, contratados, y cualquier situación en que hubiera tercerización de servicios.
Hay normas, todos sabemos que hay normas pero las normas no se cumplen y menos sin presupuesto, esto no debe ser un slogan esto tiene que ser un trabajo de esta construcción colectiva de los trabajadores con discapacidad desocupados, sumados a la lucha de nuestra central de trabajadores con el único fin de “Distribuir la Riqueza para salir de la Crisis”.
