por José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).
Los episodios de Córdoba y la tensión social actual en varias provincias ponen de manifiesto los límites de la política oficial y la crudeza de necesidades insatisfechas de millones de personas en la Argentina.
Somos conscientes de la complicidad policial con el delito y el narcotráfico, y su capacidad de chantaje, al mismo tiempo que luchan por mejorar ingresos reducidos ante la creciente inflación. La contradicción a destacar, es que “el poder y las clases dominantes” necesitan fuerzas de represión para contener el conflicto social.
En simultáneo a lo sostenido, consignamos que no existe posibilidad objetiva de participación masiva en actos de protesta o saqueos sin la existencia de una situación real de indigencia y pobreza que las estadísticas oficiales esconden.
Esos mismos datos del INDEC dicen que a mediados de 2013 el 70,32% de los asalariados percibe menos de $5.000, siendo una fiel expresión del retraso de los ingresos de los trabajadores asalariados. El pasado 20 de noviembre, la CTA reclamaba en Jornada Nacional de protesta junto al 82% para los jubilados, un salario mínimo de $8.000. Sobre 8 millones de trabajadores asalariados, 2,6 millones trabajan menos de 35 horas semanales, y 5,4 millones lo hacen por más de 35 horas. Entre los primeros, el 48% están registrados y perciben un ingreso promedio de $4.922, siendo más del doble que el ingreso percibido por los no registrados, que alcanza a $2.386. Entre los segundos, el 74% están registrados y perciben un ingreso promedio de $5.930, un 55% más que el de los no registrados, cuyo promedio es de $3.813.
Queda clara la situación de precariedad laboral y bajo nivel de los ingresos de los trabajadores asalariados, que resume una de las bases materiales de las contradicciones sociales no solo entre el capital y el trabajo, sino entre los trabajadores y el Estado.
La lucha es por los ingresos populares y junto con ello desnudar el sentido antipopular y antinacional de un modelo productivo y de desarrollo que alimenta la riqueza y el poder de las clases dominantes.
Ello ocurre con la tendencia creciente a la sojización y la dependencia de las transnacionales, que como Monsanto intentan construir una planta que el pueblo resiste en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba.
También se procesa en las cuantiosas inversiones externas de la mega-minería a cielo abierto que un movimiento popular de asambleas de trabajadores y vecinos resiste.
Es el caso especial de la incipiente y avanzada lucha contra el fracking ante la entrega de la soberanía hidrocarburífera a Chevron y ahora la negociación con Repsol.
La nueva ola de endeudamiento externo agrava la situación fiscal y condena a utilizar recursos públicos privilegiando a los acreedores externos por encima de las necesidades sociales.
Es urgente la movilización popular contra el modelo productivo y de desarrollo; en defensa de los ingresos populares, de los salarios y jubilaciones, de los subsidios a los más empobrecidos, por el empleo y la reducción de la jornada laboral sin afectar salario.
Nada de ello será posible si ponerle freno a las ganancias de los capitales más concentrados, principales responsables del proceso inflacionario en curso.
Jornada Nacional de Paro para exigir las demandas de la CTA por la recomposición salarial y el haber jubilatorio, para terminar con la ofensiva del capital sobre el trabajo e instalar una agenda de debate en el país para atender las necesidades de la mayoría empobrecida de la población.
