por Víctor Mendibil, Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).
El nuevo tipo de cambio (en torno a 8 pesos por dólar) convalidado en estos días significa un ajuste depredador sobre los ingresos de los trabajadores y otros sectores populares. El impacto sobre precios mejora la rentabilidad del capital más concentrado y deprime la capacidad de compra de nuestro pueblo.
La depreciación de la moneda nacional vino acelerándose durante el 2013 con efectos regresivos sobre los ingresos populares, pérdidas de reservas internacionales y aumento de precios de la canasta de consumo de bienes y servicios de la mayoría de la población. Es una situación agravada sobre fines del año pasado y comienzo del 2014 con el gobierno asumiendo la agenda del poder económico ante la derrota electoral de octubre: a) devaluación; b) facilidades para inversores foráneos; c) riguroso compromiso de cancelación de la deuda para retomar el camino del endeudamiento externo.
Con la devaluación ganan los especuladores y los grandes productores y exportadores. Los perdedores somos los trabajadores, activos o pasivos, regularizados o no, los perceptores de planes sociales, e incluso los productores o empresarios que asocian sus ingresos a la capacidad de compra de los ingresos populares.
Existe incertidumbre sobre la estabilización del orden cambiario, ya que las clases dominantes maniobran para profundizar la devaluación, el ajuste sobre el gasto social y las mejores condiciones para la valorización del capital, todo agravado con denuncias del gobierno sobre la especulación gestada desde la petrolera Shell y bancos extranjeros, el Citi, el Francés, el HSBC.
¿Qué hacer?
La sola sospecha de ese accionar nos anima a sustentar la nacionalización de la banca, con participación de los trabajadores bancarios en la toma de decisiones. Es una medida a adoptar en simultáneo con la nacionalización del comercio exterior, desde que muy pocos exportadores concentran el grueso de las ventas al exterior. Son pocos los productos de exportación: energéticos, agrarios, entre ellos la soja, minería y automotores. Constituyen lo principal del vínculo de Argentina con el exterior y son fuente de fuga de divisa y presión sobre la política económica.
Estas demandas de nacionalización del comercio exterior y de la banca son parte de un conjunto de decisiones necesarias para avanzar en la recuperación de la soberanía energética, afectada por la política privatizadora y de entrega sostenida desde hace 20 años y agravada en el acuerdo YPF-Chevron. Es un camino para transitar la perspectiva de la soberanía alimentaria, que al tiempo que discute el modelo productivo y de desarrollo, tiende a resguardar el poder adquisitivo del salario y los ingresos populares. La soberanía financiera supone investigar la deuda y suspender los pagos, al tiempo que se denuncian los tratados bilaterales de inversión, se abandona la expectativa por suscribir tratados de libre comercio con Europa y se rechaza la pertenencia al CIADI. Se requiere la integración alternativa, con el ALBA, para otra Argentina y otra América Latina posible. La precondición pasa por un salario mínimo que satisfaga las necesidades de la familia de los trabajadores, junto a la sustancial reducción de la jornada laboral sin afectar ingresos.
Sea la devaluación, la crisis energética, el encarecimiento de los precios (alimentos, textiles, vivienda, transporte, servicios públicos, etc.), la entrega de los bienes comunes, la realidad del capitalismo resulta en mayor explotación de la fuerza de trabajo y depredación de los recursos naturales, la tierra y el agua, entre otros. Por eso, más allá de la devaluación y el ajuste, el problema es el capitalismo. El capitalismo y su realidad impusieron la devaluación, el arreglo y pago al CIADI, la compensación a Repsol, el acuerdo con Chevron como modelo para atraer inversiones externas, el intento de arreglar con el Club de París. Este capitalismo real es el que concentra ingreso y riqueza y limita la satisfacción de necesidades de la mayoría del pueblo, especialmente de los trabajadores y su familia. Es el orden que necesita restablecer los vínculos entre fuerzas armadas y de seguridad con la sociedad y por eso se designa a Milani, se amplía el generalato, crece la presencia de los servicios en su seno y se habilitan mecanismos para la represión del creciente conflicto social.
Somos enfáticos al señalar que no hay alternativa para los trabajadores y el pueblo en el capitalismo. Se impone el debate del anticapitalismo, del antiimperialismo y el socialismo. No es una tarea para el futuro, sino una exigencia del presente.
Como trabajadores constructores de la CTA nos comprometemos a fortalecer y potenciar el carácter clasista, antiimperialista y anticapitalista de la Central en un año de creciente conflicto social en defensa del salario, los ingresos populares y los bienes comunes. Es el contenido principal de los desafíos en la coyuntura para la organización y lucha de los trabajadores. Resulta imprescindible construir un gran paro nacional contra el ajuste que supone la devaluación y su impacto en crecimiento de los precios. Tal como destacamos en nuestra reciente declaración, ratificamos que “Necesitamos organizar un gran movimiento político social de liberación, lo que supone construir fuerza política que actúe en todos los escenarios de la lucha de clases, económica, política, cultural, social, institucional. Es algo que se debate en todo el mundo y que requiere pensar la articulación de las construcciones sociales y partidarias en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista y la experiencia del movimiento popular por la emancipación social contemporánea.”
