Ante la brutal represión desatada nuevamente contra las y los manifestantes que se congregaron en torno al Congreso de la Nación el último miércoles 21 de enero, la Secretaría de Discapacidad de la CTAA Capital, elaboró el análisis que publicamos a continuación.
El miércoles pasado, frente al Congreso nacional, el subcomisario Pablo Fernando Naselli de la Policía de la Ciudad, empujó violentamente a un manifestante que se movilizaba con muletas tirándolo al asfalto, hecho que sintetiza la política del Gobierno
nacional hacia las personas con discapacidad.
El episodio quedó registrado en un video y se difundó en las redes sociales, poniendo en evidencia a Naselli como protagonista de tal represión, donde se puede ver cuando se abalanza sobre la persona con discapacidad motriz -que no ofrecía resistencia alguna- y que tras la agresión huye refugiándose en un edificio cercano. En dicha ocasión, también fueron reprimidos algunos jubilados y otros manifestantes que quedaron heridos.
La agresión física producida por el subcomisario Naselli no es un hecho aislado sino la expresión violenta de una política sistemática contra las personas con discapacidad, y mientras el Gobiernoordena reprimir a quienes salen a la calle para defender sus derechos, el Presupuesto 2026 consolida un desfinanciamiento estructural que amenaza la supervivencia de más de un millón de argentinos.
Los números oficiales difundidos, junto con la violencia ejercida por el propio gobierno, demuestran la adopción de un modelo de política pública de carácter represivo y regresiva en materia de derechos humanos. En este marco, es el mismo Estado quien golpea a personas con muletas en el espacio público, al tiempo que prevé para el 2026, reducir a 100.000 el número de pensiones por discapacidad.
Según la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas, el Congreso incorporó nuevos gastos equivalentes al 0,56% del PIB para cumplir con las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, pero el Gobiernono asignó ninguna partida específica para financiarlos. Las leyes existen, fueron votadas por el Congreso, pero el presupuesto oficial las ignora por completo, manteniéndose fiel a la distribución de fondos que el Poder Ejecutivo envió en septiembre de 2025, cuando ya se pretendía derogarlas.
El costo estimado de implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad oscila entre $2,4 y $4,3 billones, lo que representa entre 0,28% y 0,51% del PIB, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso y del propio gobierno. Sin embargo, esos recursos no están contemplados en dicho presupuesto. Mientras tanto, el Ejecutivo prevé destinar $1,23 billones (0,83% del PIB) a rebajas impositivas para empresas: medio punto del PIB en reducción de aportes patronales y 0,33 puntos en recortes al Impuesto a las Ganancias. Lo paradójico de esta cuestión es que hay dinero para beneficiar a las corporaciones afines al Gobiernoy no para garantizar derechos básicos a las personas con discapacidad.
Las contradicciones entre el discurso oficial y los datos concretos son sistemáticas. El vocero presidencial Manuel Adorni declaró que «esto no significa que se vayan a cortar pensiones», pero el Presupuesto 2026 enviado por el propio Gobiernoprevé exactamente eso: pasar de 1.025.000 pensiones en 2025 a solo 925.000 en 2026. Son 100.000 pensiones menos según los números oficiales. Adorni también prometió «transparencia y auditorías» tras disolver la ANDIS, pero la corrupción investigada ocurrió durante esta gestión, con funcionarios designados por este mismo gobierno. La disolución del organismo especializado no se traduce en transparencia, sino que elimina una estructura pensada inicialmente para garantizar derechos.
Una resolución emitida por Adrián González Charvay, juez federal de Campana, provincia de Bs. As., intima al Gobiernoa implementar la ley en plena ejecución antes del 4 de febrero de 2026. El mismo documento establece que el Ministerio de Salud y la Agencia nacional de Discapacidad deben informar en cinco días hábiles los avances concretos de su aplicación bajo apercibimiento de sanciones, y de no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete Manuel Adorni como la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello enfrentarán multas económicas diarias y podrían ser denunciados penalmente por desobediencia judicial.
En consecuencia, el Ministerio de Salud presentó un informe calificado por organizaciones y activistas como «completamente dilatorio». Hay medidas que podrían implementarse inmediatamente: condonar las deudas de instituciones con ARCA, actualizar el nomenclador de prestaciones, compensar pagos adeudados. Pero el Gobiernoni siquiera mencionó las deudas con ARCA en su presentación judicial, omitiendo deliberadamente una parte fundamental de la ley que está obligado a cumplir. La situación judicial agrava el panorama y marca un punto de inflexión.
Más allá de las discusiones técnicas sobre partidas presupuestarias y estructuras estatales, lo que está en juego son vidas concretas. Las 1.025.000 personas con pensión por discapacidad enfrentan el riesgo de perderla. Las instituciones prestadoras, sin resolución de deudas fiscales, están en peligro de cierre. Las familias sufren incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos y costos crecientes que el Estado no cubre, y sobrecarga de cuidados sin apoyo. El modelo de derechos conquistado en décadas de lucha retrocede hacia la concepción de las personas con discapacidad como «enfermos» en lugar de sujetos de derechos.
La imagen del subcomisario Naselli empujando a una persona con muletas hasta tirarla al piso es la metáfora perfecta de la política implementada por el Gobierno nacional: violencia física en las calles, violencia presupuestaria en los números, desobediencia judicial en los tribunales. Un Estado que golpea a las personas con discapacidad que defienden sus derechos y recorta recursos para no garantizarlos.
La represión del miércoles no es un exceso policial aislado, es la expresión brutal de un proyecto que considera a las personas con discapacidad prescindibles tanto en las calles como en el presupuesto nacional.
