“El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos públicos vuelve a incurrir en la mentira como único método para tratar de tapar el sol con un dedo y ocultar la realidad: el vaciamiento de los medios públicos que promueve desde el año pasado cuando cesanteó cientos de trabajadores de las señales digitales, continuó con decenas de despidos en Radio Nacional y luego con el ataque a los derechos laborales en la TV Pública. Como lo explicamos en reiteradas oportunidades mediante comunicados y resoluciones de Asamblea votadas por todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública y nuestro sindicato SiPreBA, la austeridad de Hernán Lombardi es solo para la pantalla, los televidentes y los trabajadores, y contrasta con el despilfarro de su gestión en contratos de cientos de miles de pesos para periodistas amigos, parientes de funcionarios, empresas privadas –productoras, consultoras- mediante las cuales terceriza funciones que podrían realizarse en el canal con recursos propios.

“Lombardi sostiene que “parte de la conducción de SiPreBA (SIC) no solo no defienden sino que ponen en riesgo” los medios públicos. Y agrega que trabaja dentro del Estatuto del periodista del año `74. En primer lugar, el Estatuto del Periodista es una ley promovida por Perón en el año 1946 y aprobada en 1947. El Convenio Colectivo de Trabajo es del año 1975. Lo que el ministro llama privilegios son los derechos que se cumplen en todos los canales de TV, públicos y privados. Pero el ministro pretende imponer a través de la extorsión y la violencia, la reforma laboral que el Congreso de la Nación no votó. Y lo hace con una campaña pública para que luego avancen por el mismo camino los medios de comunicación privados. Es por eso que la pelea que desde enero venimos dando en la TV Pública cuenta no solo con el apoyo de todos y todas las trabajadores del noticiero de Canal Siete que votan y acompañan las medidas de fuerza con un consenso y acatamiento total, sino también de los delegados, comisiones internas y asambleas de canales privados como Artear, Telefé y América TV (ver foto).

“Lo que Lombardi pretende ocultar son sus negocios con productoras o empresas privadas como el contrato para el mundial con Torneos y Competencias que condicionó toda la cobertura, impone qué periodistas pueden preguntar y quiénes no, cómo se debe transmitir, tomando decisiones artísticas, editoriales y profesionales que deberían tomarse en el canal público.

“Los trabajadores nunca tuvimos “posiciones rígidas” como el ministro llama a la defensa de nuestros derechos laborales. Pero una negociación no puede darse bajo la extorsión ni la quita ilegal de derechos como actualmente sucede con los artículos 71 y 36 de nuestro convenio que de un día para el otro y de manera intempestiva y unilateral la empresa definió dejar de liquidar como represalia por el conflicto gremial.

“Lombardi habla de pluralismo pero su ajuste se traduce en censura. Entre otras noticias que no tuvieron cobertura en el canal público, se proscribió una audiencia convocada por SiPreBA en donde mas de diez diputados de todos los bloques de oposición se expresaron contra el vaciamiento de los medios públicos.

“Lombardi habla de respeto pero en la TV Pública corrió de su puesto de trabajo a la delegada gremial de APJ, Cecilia Bachetta, e incumple una medida cautelar de la justicia que exige que la reincorporen en el lugar que corresponde.

“Lombardi también incumple la ley 26.522 al sostener una programación que tiene una minoría de contenidos propios y hoy está prácticamente privatizada.

“Los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública no aceptamos extorsiones ni difamaciones. Queremos dialogar con honestidad y respeto. Si hoy funcionarios como Lombardi pueden decidir los destinos de un medio como Canal Siete es porque los trabajadores dieron una enorme pelea, en algunos casos poniendo sus casas en garantía, para que su frecuencia no se privatice y el canal no pase a manos privadas,. Sería bueno que en lugar de las amenazas atienda los reclamos, cumpla las leyes laborales y su rol de funcionario público con responsabilidad”.

Fuente: www.sipreba.org