«El Gobierno nacional ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que modifica sustancialmente la legislación vigente en materia de hidrocarburos en la Argentina, que cuenta con media sanción del Senado y que se está tratando en Diputados».
«Queremos alertar a toda la población sobre un nuevo retroceso, que este proyecto pretende consagrar, en materia de soberanía sobre los bienes que, como los hidrocarburos y la energía en general, no deben considerarse mercancías sino bienes comunes, además de recursos estratégicos.
«Queremos denunciar que el proyecto supone la masiva utilización de la fractura hidráulica (fracking) como método para la extracción de los recursos no convencionales, lo que comportará serias consecuencias medioambientales y pondrá en riesgo cierto el uso del agua -nuestro bien común más preciado- para la vida de nuestras comunidades. Asimismo, el uso indiscriminado de distintos agentes químicos de alta toxicidad en los procesos de fractura hidráulica, la degradación irreparable del suelo y la ocurrencia de sismos, son otras de las consecuencias indeseables que comportará el uso masivo de este método de producción.
«Pero además, para que esto pueda ponerse en marcha, el proyecto garantiza todas las condiciones favorables a las grandes empresas transnacionales del petróleo y el gas, mediante la generalización de incentivos impositivos y fiscales que se habían otorgado por Decreto en julio de 2013 luego del acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de un proyecto piloto en Loma La Lata Norte-Loma Campana, en la formación Vaca Muerta, que ya tiene más de un año de vigencia y que contiene inaceptables cláusulas secretas, anomalía que ha sido debidamente denunciada por distintas organizaciones luego de la confirmación del mencionado proyecto.
«Creemos que, en función de garantizar, de cualquier manera, la seguridad jurídica de los grandes actores empresariales del sector, se profundiza y perpetúa la entrega de la soberanía sobre nuestros bienes comunes, a cambio de falsas promesas de horizontes promisorios, que afirman que la Argentina podría ser una nueva “Arabia Saudita”, modelo que no ha sido debatido por nuestra comunidad y que de ninguna manera es ejemplo de bienestar ni de justicia social.
«El proyecto promueve, a su vez, la creación de la nueva figura jurídica de concesión de hidrocarburos no convencionales y se permiten extensiones y prórrogas de esas concesiones en las que las empresas operadoras podrán estar por hasta 30 o 35 años, con la posibilidad de obtener prórrogas por otros diez años, lo cual, en realidad, implica que las mismas se extiendan en forma indefinida, consagrando derechos a perpetuidad a favor de las grandes empresas del sector.
«Habilita la explotación a gran escala de la plataforma continental y de los nuevos proyectos no convencionales y de crudos pesados, permitiendo que las empresas puedan obtener utilidades que oscilan entre el 20% y el 60% en función de la característica de los proyectos extractivos y libre disponibilidad de divisas sobre el porcentaje de recursos que se destinen a la exportación. Estas inaceptables concesiones, son aún más graves a la luz de la perpetuación de la crisis energética en la Argentina, que se manifiesta en la pérdida del autoabastecimiento y en la necesidad de importar energía por valores que hoy rondan los 15.000 millones de dólares.
«Prevé la posibilidad de extender y unificar áreas concesionadas para la explotación de recursos convencionales con otras en las que podrían existir recursos no convencionales, lo que constituye un peligroso incentivo para que las empresas beneficiadas por esas concesiones emprendan un tipo de explotación depredatoria, con nulas o escasas capacidades de control sobre su accionar productivo, como ya ha quedado demostrado durante el proceso desregulador menemista de los ’90, y la continuidad del saqueo a través de la vergonzosa extensión de las concesiones de Loma La Lata durante el gobierno de la Alianza y la no menos aberrante extensión del plazo de las concesiones en el yacimiento Cerro Dragón, Chubut, en 2007.
«Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales y/o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas existentes debilitando tanto el control público de la actividad hidrocarburífera, como la adecuada regulación normativa, ambiental y económica.
«No contempla en absoluto los derechos de las 14 provincias consumidoras e industrializadoras de los bienes hidrocarburíferos, en las que vive nada menos que el 85% de la población total del país, lo cual es la exacta contracara de un acuerdo espurio entre el Estado nacional y las dirigencias políticas de las diez provincias productoras, que omite consideraciones elementales que todo país federal debería plantear en términos de una equitativa, racional y sostenible explotación y distribución de los beneficios de la riqueza generada en nuestra Nación.
» Asimismo, se ha lesionado gravemente el derecho de acceso a la información por parte de nuestro pueblo, lo que se condice con el intento de aprobar este proyecto a través de un vergonzoso trámite exprés, hecho que debe ser denunciado sin ningún tipo de dudas.
«En definitiva, el trasfondo de esta propuesta, tiene como protagonistas al Gobierno central, los gobiernos de las provincias hidrocarburíferas y a las grandes empresas del sector, en una puja creciente por obtener mayores porciones en el potencial reparto de la renta que se generaría con el desarrollo masivo de estos proyectos, lo cual no es otra cosa que la consagración cortoplacista del saqueo y la depredación sobre nuestros bienes comunes, reproduciendo, de esa manera, la dependencia y subdesarrollo de la Argentina, como ha quedado patente con el sistema de la deuda eterna que ha empobrecido y expoliado a nuestro pueblo.
«Una vez más, estamos ante la estratégica decisión de pararnos firmemente ante la profundización de un esquema de desarrollo de la actividad hidrocarburífera, que incentivará el carácter extractivista mediante el uso masivo de la técnica del fracking y dejará la política hidrocarburífera en manos de los intereses de las grandes empresas transnacionales y de sus socias locales, alejando las posibilidades de orientar una política energética nacional que, a través del control estratégico de una YPF 100% estatal, permita recobrar la renta para volcarla a un desarrollo productivo sostenible y democrático.
«Pensamos y creemos que tenemos un objetivo compartido, que es el de recuperar lo nuestro mediante la nacionalización del petróleo y el gas, entre otras medidas, y desandar un camino que nos lleve a una progresiva diversificación de la matriz energética y a un creciente entorno favorable para una integración regional energética basada en políticas de acceso universal a la energía y en criterios de sostenibilidad y aumento de nuestro margen de maniobra soberano.
«Asimismo, estamos convencidos que la lógica capitalista basada en explotar la naturaleza para exportar materias primas hacia mercados globales, es insostenible en los planos económico, social y ambiental. Por lo tanto, resulta clave que tanto los gobiernos, los trabajadores de la energía organizados y los movimientos sociales asuman el desafío de generar modos de desarrollo que se orienten a la preservación intergeneracional y uso racional e igualitario de nuestros bienes comunes.
«En tal sentido, sostenemos firmemente que la energía es un bien social y un derecho humano de carácter esencial para el bienestar de la población y el abordaje del debate en torno a las formas en las que la energía se genera y los objetivos con los que se la distribuye y utiliza, es una cuestión que nos atañe como pueblo y en cuya resolución se juega nuestro futuro y el de nuestros hijos».
Multisectorial en Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes
