La acción estará acompañada de una conferencia de prensa el día lunes 18 de febrero, a las 9 de la mañana, en la Cámara Federal de la Seguridad Social, ubicada en la calle Lavalle 1258.

En el marco de la concentración, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE presentará un recurso de amparo en relación al uso de los recursos del ANSES. «Con este amparo pretendemos frenar el desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que realiza este gobierno desde que asumió, para transformar nuestros haberes en un subsidio a la vejez», indicó Olivia Ruiz, Secretaria General de Previsión Social de la CTA Autónoma.

El Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE denunció la Resolución Conjunta 37/2018, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda, que dispone la trasferencia de 86.000.000.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, en letras del Tesoro nacional a los efectos de hacer frente a gasto corriente.

«Queremos trabar de algún modo este saqueo a los jubilados y jubiladas que es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que ya dijo que los jubilados vivimos demasiado», denunció Ruiz a la vez que convocó a toda la clase trabajadora a hacerse eco de este reclamo: «esperamos contar con el acompañamiento de los trabajadores en actividad, que piensen en su futuro y en su seguridad social».

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está integrado por los aportes efectuados por los trabajadores activos, durante la vigencia del sistema de capitalización y que fueron transferidos al ANSES -en el año 2008- al estatizarse el sistema de AFJP. En la actualidad estos fondos anticrisis están siendo, paulatinamente, disminuidos dado que gestión de la ANSES los utiliza para afrontar el pago de gastos corrientes del Estado.

Por lo tanto aquello que fue creado como garantía de sustentabilidad del régimen previsional, en favor del cumplimiento de los derechos de los jubilados y pensionados, pasa ahora a usarse por el Gobierno para fines diferentes para los cuales fuera creado.

Una referencia significativa, en relación a lo desarrollado en este punto, es lo informado por el Gobierno Nacional, dentro de los considerandos del acuerdo que lo vinculó con el FMI, cuando dice que: “el Estado Argentino va a amortizar activos de los fondos de pensión…como un medio para ayudar a financiar el pago de jubilaciones, a un ritmo anual equivalente al 0,4 por ciento del PBI”.

El presente decreto como así también las leyes 27260 (“reparación histórica”) y 27426 (reforma previsional), viola derechos constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, que garantizan la inviolabilidad del derecho de propiedad, la obligación del Estado de garantizar los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, autonomía económica y financiera y administración por los interesados de la seguridad social.

Por último la política en curso, conforme la orientación de los organismos financieros internacionales, tiene por finalidad generar un espacio para volver a implantar los seguros privados en materia de jubilaciones.

Estamos en presencia de una política de destrucción de derechos y de asistencialización de los sistemas de seguridad social contrapuesta a la Constitución Nacional. Esta última reconoce a los trabajadores el derecho a percibir una jubilación digna que garantice, a lo largo del tiempo, su nivel de vida, generalizando un régimen universal de movilidad vinculado al 82% del salario en actividad.

Fuente: Agencia CTAA | www.agenciacta.org