El Gobierno Nacional ha encarado un paquete de reformas con el fin de alterar estructuralmente el sistema de derechos conquistados por la clase trabajadora durante el Siglo XX. Así, a la reforma laboral, la previsional, la educativa y la tributaria se suman una serie de iniciativas políticas que apuntan a reformar el sistema de salud.
Durante el mes de octubre de este año se difundió la puesta en marcha de la Cobertura Universal de Salud (CUS), con la entrega de 120.000 credenciales en la localidad de Guaymallén, Mendoza, a personas que no disponen de una obra social o una prepaga. La CUS, nacida con el decreto 908/2016, busca profundizar la privatización del sistema de salud a través de priorizar la atención médica mediante los seguros de salud tanto privados –prepagas– como sociales -obras sociales y seguros públicos-, en detrimento del sistema estatal. Esta política se sustenta en el argumento de que quienes no están incluidos en un seguro de salud no tendrían acceso a la atención médica ya que el Estado no tendrían recursos para financiar un sistema de salud público, gratuito y universal.
Sin embargo, es necesario decir que la Constitución de 1994 reconoce el derecho al acceso a la salud universal y gratuita, siendo el Estado el garante de este derecho a través del sistema público de salud existente. Pero también hay que decir que existen los recursos para disponer de una salud gratuita, universal y de calidad, sólo que para que eso suceda debe alterarse el orden de prioridades de nuestros gobernantes. Como ejemplo, cabe señalar que hace varios años el presupuesto destinado a los Servicios de la Deuda Pública más que triplica el destinado a Salud, dejando en claro que el problema no es económico sino político. Esto nos permite reafirmar que, antes que nada, la deuda es con el pueblo.
Por otro lado, durante el mes de noviembre de este año circuló un proyecto de decreto que busca modificar de raíz el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental. A través de la reglamentación que se propone, se elimina el concepto de salud integral entendida como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, limitándose la salud mental a una definición médica. Además, bajo la excusa de que la Ley Nacional de Salud Mental es incongruente con legislación precedente, se limita la interdisciplina en la construcción de los equipos de trabajo, impidiendo que otras profesiones no médicas asuman cargos de jerarquía. A su vez, se reconocen los neuropisquiátricos nuevamente, yendo en contra del decreto reglamentario de 2010, que instaba a la sustitución de estos espacios por dispositivos comunitarios acorde al espíritu de des-manicomialización de la ley.
Ante esta situación, la CTA Autónoma de Capital Federal rechaza enfáticamente estas políticas que continúan destruyendo el sistema de salud, vaciándolo y profundizando su privatización y mercantilización. En un país donde una de cada tres personas es pobre y la precarización laboral golpea a casi la mitad de la clase trabajadora, la reforma al sistema de salud sólo va a generar más desigualdad social. Por esto, lxs trabajadorxs debemos organizarnos para frenar estos ataques a nuestros derechos, defendiendo nuestras conquistas, reafirmando el rol del Estado como garante del acceso a la salud y luchando por un sistema único, integral, universal, gratuito y de calidad. Adherimos y convocamos a la movilización multisectorial que se realizará el 1 de diciembre a las 10 hs, partiendo desde el Obelisco hacia el Ministerio de Salud de la Nación.
