La Secretaría de Discapacidad de la CTAA Capital, elaboró el texto que sigue, en el marco de la marcha en reclamo por el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad frente al Congreso de la Nación de este miércoles, bajo el lema «No es asistencia: Es Justicia Social».
La historia vuelve a repetirse, y al igual que hoy, la década de 1990 en Argentina estuvo marcada por un modelo de saqueo y entrega que mostró su rostro más cruel: la desocupación, el hambre y un profundo ajuste, se aplicaba sobre nuestro pueblo.
Estas políticas tuvieron un impacto significativo en la población en general, y de manera particular en las personas con discapacidad, quienes padecieron (como en la actualidad), fuertes recortes presupuestarios en sus prestaciones.
Si bien la CTA se fundó a principios de los ´90 con un compromiso por un sindicalismo autónomo y una agenda social amplia, la temática de la discapacidad comenzó a cobrar una mayor visibilidad y a ser abordada con fuerza por la central en los años siguientes. Y en 1996, un grupo de compañeros con discapacidad se acercó a proponer que la central obrera se ocupara de su problemática.
En una entrevista realizada por Pagina 12 en el año 2003, el compañero Carlos Ferreres, historico militante en discapacidad y dirigente de ATE y CTA decía que: “las centrales obreras no han tomado el tema de la discapacidad. Además, hay otro problema, a diferencia de la CTA, defienden a los trabajadores que están afiliados. Y lo que nosotros observábamos es la gran cantidad de gente con discapacidad estaba sin trabajo o nunca había trabajado y, por lo tanto, no estaba afiliada. La CTA ofrece, además de un abordaje progresista, la afiliación directa por lo que cualquier persona puede agremiarse estando desocupado. Recuerdo que en una reunión con Víctor De Gennaro se decidieron dos cosas: que se abra el Departamento de Discapacidad, porque somos trabajadores desocupados, y que no esté en la órbita del área asistencial sino del área gremial”.
Hoy está a la vista que el gobierno de Javier Milei es la crueldad disfrazada de gestión y que ve a la discapacidad como un gasto que le impide llegar a ese cruel horizonte del déficit fiscal cero: Objetivo al que solo puede llegar ajustando al pueblo.
Por más que duela seguir aclarándolo, la Discapacidad es una cuestión de Derechos Humanos y el Estado deber garantizar derechos, no negarlos.
En Argentina, las personas con discapacidad se encuentran en una situación de «emergencia», ante la precariedad laboral que padecen los trabajadores que brindan nuestras prestaciones, por la falta de financiamiento y politicas publicas por parte del Estado. Por eso hoy estamos en la calle en una serie de movilizaciones masivas a nivel nacional, apoyando los reclamos de los trabajadores que mejoran nuestra calidad de vida, pero fundamentalmente defendiendo nuestros derechos a acceder a esas prestaciones en salud.
Lo cierto, es que las políticas de discapacidad nunca tuvieron el financiamiento adecuado, y lo que es peor fueron desjerarquizadas a lo largo de los distintos gobiernos. En realidad, la emergencia en discapacidad existe desde hace décadas, en el cumplimiento del cupo laboral, en la falta de accesibilidad al transporte y al medio físico, en la falta de inclusión real en la escuela común, en las barreras comunicacionales y demás ajustes razonables para lograr una verdadera inclusión, pero no recordamos desde el comienzo de la democracia, un gobierno con una mirada tan cruel sobre las personas con discapacidad.
Estas protestas buscan visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector debido a recortes, falta de pagos y desactualización de aranceles del nomenclador de prestaciones basicas, la situación es crítica y miles de personas con discapacidad están en riesgo de quedar sin atención, ante la falta de:
- Pagos y desactualización de honorarios a Prestadores de servicios (terapistas, acompañantes terapéuticos, transportistas, residencias, escuelas especiales y demas prestadores) que denuncian que no cobran desde hace meses y que sus honorarios están muy por debajo de la inflación.
- Recortes en prestaciones y coberturas: Se reportan cancelaciones masivas de servicios, medicamentos y insumos de apoyo.
- Quita de Pensiones No Contributivas (PNC): Se denuncian bajas de pensiones, afectando la protección social de personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando por eso le recordamos al Congreso de la Nación que en la reforma de la Constitucion Nacional en 1994 se incorporo el Artículo 75.- Corresponde al Congreso (…) Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”
Por eso, este miércoles 2/7 nos concentramos para exigir el tratamiento de la Ley de Emergencia frente al Congreso a las 14HS. y seguir organizándonos en unión con todas las luchas, como lo venimos haciendo en esta central desde los años ´90.
No es asistencia: Es Justicia Social
