Los trabajadores y el Coronavirus – Quinta parte

Los trabajadores y el Coronavirus – Quinta parte

Sobre el regreso de los juzgados laborales: ¿Qué normalidad necesitamos?

* Por Equipo Jurídico de la CTAA Capital

Motivada por la pandemia de COVID 19 y con justificadas razones de salud, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso a partir del 20 de marzo de este año una Feria Judicial Extraordinaria. Con fecha 20 de julio de 2020, la Corte dispuso el levantamiento de la Feria para la propia Corte y para las Cámaras de Segunda Instancia y a su vez anunció que con fecha 26 de julio comenzarían a laborar los juzgados de Primera Instancia.

En el presente trabajo se pretende analizar algunos aspectos del funcionamiento deficiente de los juzgados laborales. Dicha situación se encuentra agravada por la pandemia sanitaria pero no tiene su origen en ella ni se resolverá cuando se levante el aislamiento. Entonces cuando se habla de volver al trabajo judicial o de volver a la normalidad ¿De qué hablamos exactamente?

La Justicia Nacional del Trabajo antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)

Desde hace muchísimos años el fuero del trabajo funciona con pésimas condiciones de infraestructura. Hemos naturalizado que los tribunales funcionen en espacios físicos reducidos y precarios; que los ascensores no funcionen, que se corte la luz o se inunden los edificios; que haya muy poco personal; que un tercio de los juzgados no tenga juez titular, dando lugar al negocio de las subrogaciones con la consecuente ralentización del trabajo; que el sistema lex 100 funcione peor y más lento que cuando se hacían las cosas sin sistema y un sinfín de etcéteras que puede observar a simple vista cualquier persona que pase por un edificio de tribunales.

Un juicio laboral en promedio tarda aproximadamente 5 años en tener sentencia definitiva. Por tanto, es claro que se precisa un servicio de justicia más ágil y eficiente.

Es claramente premeditado el hecho de que transitar un juicio sea un proceso kafkiano: la intención de desalentar los reclamos.

Hace unos años, en el 2016, escribimos con Luis Campos demostrando que de todos los trabajadores que pudieran iniciar un reclamo laboral en sede judicial, sólo lo iniciaban un juicio el 6,8%.

Hoy la situación es sin dudas peor. No sólo ha crecido la precarización laboral en todas sus formas -lo que da lugar a mayores potenciales reclamos- sino que ha descendido drásticamente la cantidad de expedientes judiciales que se inician en el fuero.

En aquella ocasión también denunciábamos que “del conjunto de trabajadores que reclama en sede judicial, la inmensa mayoría concilia antes de la sentencia debido a que no pueden esperar los tiempos judiciales (que están intencionalmente demorados) por lo que tampoco está garantizada la reparación integral”.

Decíamos que existía -y existe- intención de que los juicios fueran extensos, ya que ello beneficia al sector empleador y perjudica a los trabajadores.

La teoría jurídica nos dice que la reparación integral es la que cubre (repara) todos los daños -materiales y morales- que el daño ha causado. Así, por ejemplo, la indemnización por despido cubriría todos los daños (económicos, sociales, culturales, psicológicos, etc.) que tal hecho genera.

En la práctica ello no es así por dos motivos: Por la insuficiencia del monto que se estima para cubrir tales daños y por la lentitud de un sistema judicial hecho a medida del sector empresarial.

Pongamos ahora un ejemplo para el fuero laboral: Un empleador despide en 2015 y debe pagar como indemnización 150mil pesos. A fines de 2015 el dólar informal costaba aproximadamente unos 15 pesos. Si el empleador decide comprar dólares en lugar de pagar la indemnización, podrá adquirir unos 10mil. Si el juicio lo paga hoy, el trabajador cobraría unos 500.000 pesos, es decir unos 4.000 dólares. Es decir que el trabajador perdió 6 mil dólares y el empleador hizo una buena inversión, ganando dinero incluso, con la plata que siempre fue del trabajador (de otra forma no hubiera obtenido sentencia favorable).

Y estamos hablando de los trabajadores que logran cobrar la sentencia, porque en muchos casos la parte empleadora deviene insolvente (voluntaria o involuntariamente) con el transcurso de los años que demora un juicio laboral.

Para poner un ejemplo ilustrativo de lo que esto significa, podemos decir -sin grandes márgenes de error- que de cada 1000 trabajadores que pueden reclamar judicialmente, solo 60 de ellos lo harán y de esos 60, solo unos 20 o 25 llegarán hasta el final del proceso y obtendrán una sentencia -tardía y desvalorizada- que entre 4 y 5 de ellos no podrán cobrarla jamás por la insolvencia de su empleador.

La Justicia Nacional del Trabajo durante el ASPO

Durante la feria extraordinaria que comenzó en la segunda quincena de marzo, la actividad de los Juzgados laborales -salvo algunas pocas excepciones- ha sido casi nula. Por su parte, la actividad del SECLO (instancia de conciliación pre judicial obligatoria del Ministerio de Trabajo) durante el ASPO ha sido más extorsiva que nunca. Si bien el SECLO, desde su creación, se ha instaurado para beneficio de los sectores patronales -lo que será retomado en otro trabajo- lo que está ocurriendo en este contexto es escandaloso. Desde que se dictó el aislamiento, el SECLO solo funciona para acuerdos “espontáneos” entre partes. Es decir que, si como trabajador quiero discutir algo con mi jefe, el servicio está cerrado. Pero si acuerdo con mi jefe, entonces tengo una audiencia virtual y se aprueba el acuerdo automáticamente. ¿Existe algo más extorsivo que esto? En medio de una crisis económica sin precedentes, la única forma de hacerme con algo de dinero producto de mi trabajo es si llego a “acuerdos” con mi empleador.

La justicia nacional del trabajo post aspo

Es presumible que cuando finalice la feria extraordinaria, los juicios se extenderán aún más en el tiempo, producto del reacomodamiento del funcionamiento de los juzgados. El juicio que antes demoraba 5 años en tener sentencia definitiva, ahora tardará 6 o 7, con el consecuente perjuicio para los reclamantes y beneficio para los reclamados.

En este marco, que estamos describiendo, no cabe esperar otra cosa. Por eso necesitamos que se piensen soluciones de infraestructura y mayor dotación para agilizar las causas. No podemos sencillamente resignarnos a que las cosas disfuncionen así.

Concluyendo:

Creemos necesario instalar la discusión sobre los graves e irreparables perjuicios para los trabajadores -y los grandes beneficios para las empresas- de cada día que no funciona (o funciona mal) la Justicia del trabajo.

Existen millones y millones de pesos de transferencias del sector trabajador al sector empresarial. Son millones de pesos que se transfieren cada vez que los trabajadores deciden no reclamar. Son millones de pesos los que se transfieren cada vez que los trabajadores deben aceptar los acuerdos extorsivos ante el SECLO. Son millones de pesos los que se transfieren cada vez que los trabajadores logran una sentencia ridículamente tardía y absurdamente actualizada. Son millones de pesos los que se transfieren cada vez que los trabajadores no pueden lograr el cobro de sus créditos laborales por los empleadores que se vuelven insolventes. Son millones de pesos los que se transfieren cada vez que los trabajadores no reciben su indemnización porque su empleador la invierte en un negocio lucrativo propio, logrando pagar el juicio y obtener ganancias extras con ese dinero del trabajador. Y estamos hablando solamente de un pequeño aspecto de las relaciones de trabajo. Si sumamos a este aspecto todo el resto (comenzando por los bajos salarios) estamos hablando de cifras astronómicas.

Necesitamos que se creen nuevos juzgados y/o que se mejore la infraestructura y se aumente el personal de los ya existentes. Necesitamos que deje de haber un tercio de juzgados sin juez titular y por tanto la mitad de los jueces tiene a cargo dos juzgados, con la consecuente ralentización del trabajo. Necesitamos que los jueces respeten al trabajador y su situación de hiposuficiencia. Necesitamos que deje de haber negocios con los sistemas informáticos millonarios -que no funcionan e incluso hacen el trabajo más lento que cuando no había sistema- y que se disponga de una batería de medidas para que un juicio dure el menor tiempo posible y sobre todo necesitamos que cuando se obtenga una sentencia judicial, el trabajador no vea licuado su reclamo cobrando una ínfima parte de lo que le correspondía de haber sido reparado en tiempo y forma.

No podemos resignarnos a la situación actual. Los trabajadores no podían esperar ya desde la situación anterior a la pandemia. Hoy menos aún lo pueden hacer. Cada día que pasa la situación es más gravosa. La invisibilidad de esta situación produce que ninguno de los responsables -comenzando por los tres poderes del Estado y el sector empresarial- se haga cargo del daño que produce. No pagan ningún costo por tamaño desfalco.

Nota relacionada: El curro de los abogados laboralistas

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