En la Audiencia Pública del jueves en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, los compañeros de la CTA y Diputados miembros del Bloque de Unidad Popular analizaron la situación en las provincias que ya reformaron el Código Procesal Penal como adelanto de lo que puede ocurrir a nivel nacional si el oficialismo sigue adelante con su proyecto de modificación.
“Lo que se siente con la presentación de este proyecto, es que se está en medio de una operación política más que en un debate en serio sobre la reforma del Código Procesal Penal”, sostuvo Claudio Lozano, presidente del Bloque de UP, quien también se refirió a la propaganda que se planteó para “vender” la necesidad de efectuar los cambios introducidos y que fue el núcleo del discurso de la presidenta Cristina Fernández.
“Presentaron la reforma al Código como un aporte para resolver el problema de la seguridad, sumando temas como el de ‘la puerta giratoria’ o el de los inmigrantes, cuando la verdad es que, en dicha materia hay muchas otras cuestiones mucho más relevantes para discutir, como intervenir sobre la problemática de las fuerzas de seguridad”, sostuvo el diputado.
También puntualizó sobre la importancia de contar con una Policía Judicial ya que “mientras la Policía sea quien capta la prueba y conduce la investigación, no hay Código Procesal Penal que valga”. “Es imprescindible una que dependa de la Corte y que no esté integrada por fuerzas de seguridad. De esto, esta Reforma no dice una sola palabra”, resaltó Lozano.
En segundo término, Lozano expresó que con el pasaje al sistema acusatorio que en ya existe en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut “se resuelven solo el 10% de las causas”. “Es el resultado de un procedimiento que busca celeridad pero que abandona la búsqueda de la verdad”, resumió.
Quien también se refirió a esta problemática fue Liliana Parada, ex diputada de UP y actual secretaria de Justicia y Derechos Humanos del Insturmento Electoral, quien explicó que “el sistema penal no está destinado a resolver porque cuando llega, lo hace tarde. Habría que ver como no llegar a tantas causas penales. Y eso no se trata.”
Por otra parte, Parada expresó la necesidad de democratizar el sistema: “La necesidad de los cambios parecería ser un clamor de todos los actores, y es entendible. Pero en los Estados Unidos, que es donde se aplica este sistema, se ve que deja mucho que desear a nivel de justicia aunque tengan el 96% de las causas con condena, ya que el fiscal es quien investiga y quien juzga a la vez porque tiene todas las cartas del Estado y una legislación lo suficientemente dura y puede poner toda la pena con la que quiera calificar al delito. Y entonces es esa pena fenomenal –que en algunos estados incluso puede ser la muerte- incluida en un juicio o la aceptación de la culpabilidad por parte del imputado”.
El doctor Matías Fachal, de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA-CTA), aclaró que en la Ciudad de Buenos Aires “hay un Código similar al que se está tratando en Diputados que está vigente desde 2007. Tiene 347 artículos. Esos Códigos Procesales son los mismos que se aplican en Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y alguna medida, en la Provincia de Buenos Aires, así que ya los conocemos. Se empezaron a implementar durante el gobierno de Carlos Menem, y son todas políticas emanadas desde organismos de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo”.
Y aclaró que este Código “no busca la verdad porque circunscribe todo a un acuerdo entre el fiscal y los defensores. El juez se transforma en un mero escribano.”
Por su parte, José Luis Ronconi, de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), explicó que “estamos de acuerdo de la participación de la víctima en el proceso penal. Pero por serlo, no tiene por qué cargar con la decisión de llevar adelante o no una determinada investigación. Si hay algo bueno que tiene la constitución es el garantismo, que se convierte en una mala palabra debido a la forma en la que se ofrecen estos códigos, y derechizan la opinión pública, y desde ahí lo presentó la Presidenta de la Nación”.
“Está claro que el Código Procesal Penal se está utilizando a los efectos de tratar de dar una respuesta mediática y rápida a un problema grave que afecta a toda la población que es la tasa de inseguridad que hay en nuestro país”, dijo en su participación Nicolás Tauber, asesor del Observatorio Jurídico de la CTA e integrante de Librepueblo,
De la audiencia participaron, además, Víctor Mendivil, cosecretario General de la Federación Judicial Argentina; Margarita Jarque, ex diputada e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria; Mariano Bergés, ex Juez de Instrucción; Antonio Cortina, cofundador de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) y asesor legal de la Federación Judicial Argentina, y los diputados Pablo López (FIT) y María Elena Barbagelata (MC).
