El Secretario General de CONADU Histórica, Luis Tiscornia, se refirió a la masiva movilización que estudiantes, docentes y no docentes universitarios llevaron adelante el pasado jueves. Señaló el retorno a la escena de un movimiento en defensa de la educación pública y advirtió que negar la crisis que atraviesa la educación superior argentina es no tener voluntad de solucionarla.
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-¿Cómo evalúa la Marcha Educativa Nacional del jueves 12 de mayo?
En primer lugar como contundente y conmovedora. Hay cálculos que estiman que la movilización en Buenos Aires reunió a más de 50.000 personas. Pero ante todo, un dato a destacar es que fue una movilización nacional en términos literales. Tuvimos 5.000 personas marchando en Neuquén, más de 2.000 en Misiones y movilizaciones importantes en Jujuy, San Juan, Mendoza y Santa Fé, entre otras. Es decir, estudiantes, docentes y no docentes marcharon en todo el país. Eso expresa el retorno a la escena sociopolítica en la Argentina de un movimiento social en defensa de la educación pública y de la universidad pública, que tiene raíces muy profundas en el país y que hoy vuelve a expresarse en las calles.
-¿Cuál es el factor de cohesión más importante en esta lucha que reúne a estudiantes, docentes y no docentes?
Hay un agravamiento de la situación económica en términos de aceleración de la inflación, tarifazos y ajuste, que se combina con un momento político que es el del cambio de gobierno. Esto en relación a la educación pública provoca muchas preocupaciones. La movilización fue un mensaje al gobierno nacional contra el ajuste en la educación y la universidad pública. Fue decir: “no vamos a permitir el arancelamiento, ni discutir la gratuidad de la enseñanza o el ingreso a las universidades”. Esto podría pensarse como una precaución, pero el estilo y la impronta política del gobierno actual hace legítimas estas preocupaciones. Creo que la gente se movilizó en advertencia de lo que no va a permitir, salió a marcar la cancha.
-¿Cuál es la situación de la paritaria docente universitaria?¿Hubo una nueva oferta de parte del gobierno?
Un dato importante es que el vienes a las nueve de la mañana, después de una semana de múltiples movilizaciones que culminó en ese jueves multitudinario, el gobierno nacional convocó a una nueva paritaria, la séptima reunión, donde hizo una nueva oferta. El Congreso de la Federación se reunía a las once, lo cual es otro dato. Porque el gobierno convoca para que el Congreso tenga una propuesta a discutir, lo que significa que sitió el impacto de la lucha y la movilización. El Congreso resolvió llevar esta propuesta a las asambleas, para que sean ellas las que debatan y resuelvan, y pasar a cuatro intermedio para el miércoles 18. Ese día, de acuerdo al mandato de las distintas asambleas del país, los más de 80 congresales nacionales van a resolver.
-¿Qué mejora en esta propuesta en relación a las anteriores?
Nosotros habíamos criticado de las propuestas anteriores el bajo porcentaje global, el bajo porcentaje de la cuota de mayo, que se cobraba una última cuota en enero de 2017 (lo cual era inaceptable), y reclamábamos que la paritaria vuelva a febrero junto con el resto de los niveles educativos. Esto es importante, porque el gobierno anterior impuso con una paritaria de un año y medio el traslado de la discusión salarial nuestra a junio, separándola del resto de los niveles. La nueva propuesta levanta el porcentaje general, del 31% al 33 y 34,20% según la categoría. La cuota de mayo, de 15,16% la eleva a 18% y la cuota de diciembre la lleva a noviembre. La paritaria finaliza en febrero, con lo que volvemos a las paritarias del inicio de clases junto con todos los niveles. Estos cambios atienden las objeciones que habíamos hecho a la propuesta anterior. Lo que hay que evaluar ahora es si las asambleas consideran que los reclamos fueron suficientemente atendidos. Ese es el debate de los próximos días en las distintas universidades.
-¿Cómo ve el escenario universitario en lo que queda del año cuando el Ministro de Educación dice que no hay crisis?
La crisis existe y el gobierno la niega. Hay una restricción presupuestaria muy aguda y eso es un hecho objetivo. Podrá después explicar de distinto modo por qué sucede esto, pero es un problema que lo nieguen. Hasta ahora le echaban la culpa al gobierno anterior, pero ya llevan cinco meses y se tienen que ocupar de resolver los problemas. Si niegan los problemas, no los quieren resolver. Hay una crisis presupuestaria muy aguda que tiene que ver con el presupuesto que el gobierno anterior aprobó el año pasado, en septiembre de 2015. En ese momento nosotros ya dijimos que era un presupuesto de ajuste. El gobierno anterior tenía como política aprobar presupuestos por debajo de los gastos reales de manera que después cada universidad fuera a mendigar refuerzos presupuestarios. Eso generaba una subordinación política. Entonces, tenemos un presupuesto bajo en sí mismo y una inflación que, de septiembre a acá, ya lleva un 30%. A esto le tenemos que agregar un aumento de tarifas, que en el caso de este tipo de instituciones tienen un impacto especial. Recordemos que hay universidades que tienen hospitales. Todo hace a una reducción del 30, 40 o 50% del presupuesto y de ese modo es imposible funcionar. Eso lo tiene que reconocer el gobierno porque es algo objetivo. Si no lo reconocen es porque quieren insistir en el ajuste. Lo que va a suceder, si esto sigue así, es que va a haber miles de estudiantes, docentes y no docentes que va a salir a reclamar.
Fuente: Ignacio Rodríguez, www.clate.org
