El pasado lunes 30 de mayo, integrantes de la mesa de conducción y otras organizaciones de la CTAA Capital, CTAA Nacional y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), participaron de las audiencias – convocadas por la Agencia Nacional de Discapacidad – en que se debate un nuevo Proyecto de Ley sobre Discapacidad a nivel nacional. Hecho percibido desde las mencionadas organizaciones como un avance, aunque replica ciertos vicios paternalistas y asistencialistas del antiguo paradigma médico.

Mabel Mamani, secretaria de Discapacidad de la CTAA Capital, expresó el disenso en cuanto a la necesidad de una nueva ley, dado que existen normas y modificatorias que abordan ampliamente la problemática pero que no se aplican y se las vacía sistemáticamente de presupuesto.

En las audiencias estuvo presente Carlos Ferreres, secretario de Discapacidad de CTAA Nacional y Director de Discapacidad de ATE Nacional, junto a Mabel Mamani, integrante del Frente Territorial Salvador Herrera (FOSH-CTAA) y Carlos Scally, integrante de la Secretaría Discapacidad de CTAA Capital, quienes acordaron en ponderar la crítica situación en que se encuentran las personas con discapacidad en Argentina, ya sea por la indiferencia entre organismos del Estado y la propia sociedad civil; el incumplimiento de la legislación vigente, la ineficacia de muchas políticas públicas y la comisión de actos discriminatorios. Razón por la que también expresaron que la nueva ley debe tener un enfoque desde los Derechos Humanos, basado en el Modelo Social de Discapacidad establecido por la Convención.

Además, en su exposición ante la asamblea, Mabel Mamani señaló: “La implementación efectiva de políticas públicas requiere una asignación de recursos financieros suficientes para hacer efectivos los derechos que pretende asistir. Porque discapacidad y pobreza caminan de la mano y se retroalimentan: la falta de recursos económicos no hace más que profundizar las dificultades para el desarrollo de las familias que diariamente se encuentran en la grave situación de tener que enfrentar las necesidades de un familiar con discapacidad. Nosotros lo vemos todos los días en los barrios más humildes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la gran mayoría no tiene acceso a servicios en materia de salud y protección social”.

“En nuestros barrios de cada 10 personas en situación de discapacidad, solo 3 tiene el Certificado Único de Discapacidad. Hay una insuficiencia de Servicios de Rehabilitación en la red de hospitales públicos y un escaso número de efectores y recursos humanos calificados en todos los niveles de atención. A la restricción de la accesibilidad por dicha escasez, hay que agregar que la capacidad de admisión hospitalaria está colapsada, faltan prestaciones complementarias como ayudas económicas para la atención de necesidades sociales, dispositivos de apoyo y aparatos ortopédicos”.

Así mismo también quedó explicitada la preocupación por la cantidad de madres que son único sostén de familia con hijos con discapacidad, con padres que abandonan el hogar y no brindan apoyos económicos, sin la protección social necesaria por parte del Estado, las cuales, en palabras de Mamani, “se sienten solas y al margen de la sociedad con sus hijos, a los que se les termina vulnerando sus derechos a la salud y a la protección social”.

Como caso testigo, se citó un relevamiento sobre la accesibilidad del espacio público en la Villa 20, que evidenció que en más de la mitad de las manzanas del barrio no hay ninguna rampa de acceso al espacio público. La mayoría de las viviendas que habitan las personas con discapacidad tienen graves barreras arquitectónicas producto de la derogación por parte de la Legislatura porteña de la Ley 962 de accesibilidad que apuntaba a la inclusión de las personas con discapacidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando marcha atrás con lo actuado, afectando derechos adquiridos, sancionando una ley abiertamente discriminatoria que prioriza la ganancia de los grandes desarrolladores inmobiliarios a costa de las necesidades de la personas con discapacidad.

Carlos Scally, añadió: “Queremos expresar nuestra alarma por la situación crítica en que se encuentran las personas con discapacidad en la Argentina: A modo de ejemplo, en el tema trabajo, el incumplimiento del cupo del 4%, de puestos de trabajo reservados para personas con discapacidad, acorde lo normado en articulo 8 de la Ley Nacional 22.431, del año 1981, es una deuda de estos casi 39 años de un estado en democracia, ya que según datos del año 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, la cantidad de personas con discapacidad empleadas es de 0,61%. Todos sabemos que hay normas, pero no se cumplen y menos sin presupuesto”.

“Queremos discutir el proyecto de ley en nuevas audiencias públicas luego de que esté redactado y antes que ingrese al Poder Legislativo. No olvidemos el lema acuñado por el movimiento a favor de las personas con discapacidad en la previas a la convención por los militantes de discapacidad del mundo que dice “Nada sobre nosotros sin nosotros” y resume la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política y ninguna decisión que influya sobre nuestros derechos no puede llevarse adelante sin nuestra participación”, concluyó Scally.

Carlos Ferreres, se manifestó sobre el programa “Incluir Salud”, cuyo sector son los beneficiarios de pensiones por discapacidad y funciona con muy serias y peligrosas deficiencias en todo el país; la falta de acceso a las prestaciones y la provisión de medicamentos en tiempo y forma, la habilitación de farmacias por distritos en base a la población beneficiaria, el rechazo de la resolución 453/2018 que plantea la provincialización de la temática y la necesidad del cumplimiento del cupo en las nuevas viviendas a construirse que deben ser accesibles para familias con algún integrante con discapacidad.

De las exposiciones también participaron Brenda Miño, Leonidas Chaparro, Rosalina Ferreira y Yamila Dubinsky, quienes abordaron, entre otros temas, los prejuicios en la educación general básica, que se manifiestan en formas de rechazo cultural que impiden una mayor inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas comunes; y salud mental: análisis y formas que mejoren la calidad de vida, atendiendo la libertad de circulación y accesibilidad al transporte público para personas con discapacidad.