Desde el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP), conformado para defender los derechos de la población inquilina e impulsar políticas de acceso a la vivienda propia, se realizó una reunión virtual de la que surgieron algunas reflexiones que conforman el siguiente documento.
La crisis habitacional se agudiza, crece la cantidad de personas durmiendo en la calle y cada vez más inquilinas e inquilinos tienen problemas para acceder a nuevos alquileres o pagar los que tienen, con el riesgo de terminar sin techo también. Todo esto mientras avanza la segunda ola de Covid-19 y llega el invierno.
Ante esta situación, el Estado debe intervenir de inmediato, garantizando un lugar para vivir a las familias inquilinas. Por lo que un nuevo decreto como el DNU 320/20 para prohibir los desalojos y congelar los precios de los alquileres, es una medida básica e indispensable.
La problemática habitacional está íntimamente ligada a la pobreza salarial, ya que salarios de miseria impiden el acceso a créditos hipotecarios o la capacidad de ahorro suficiente para adquirir una propiedad. A su vez, los desmedidos aumentos en los alquileres están generando que muchas familias deban elegir entre llegar a fin de mes o pagar el alquiler, con el consecuente endeudamiento que implica. Razón por la cual sostenemos que es necesario incorporar el gasto de alquiler en las discusiones salariales y las mediciones públicas sobre el costo de vida a nivel nacional.
En la ciudad de Buenos Aires, la política del Gobierno porteño es destinar el suelo para las constructoras que especulan y negarlo para la clase trabajadora: Hace años que vacía de presupuesto al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y remata tierras públicas a través de la Legislatura u otros organismos. El caso de la Ley Nº 341 sirve como ejemplo, ya que al encontrarse desfinanciada, le impide avanzar con sus proyectos a las cooperativas de vivienda. Poniendo en relevancia que la planificación urbana está en manos de los capitales inmobiliarios y es un negocio para los sectores pudientes.
Por otro lado, quienes alquilamos sufrimos no sólo desde lo económico, sino también desde lo afectivo, a raíz de la falta de estabilidad para proyectar un futuro y la perdida de los vínculos barriales cada vez de debemos mudarnos hacia otras zonas. A lo que se suma la consecuente fragmentación social, en que los barrios dejan de ser espacios de encuentro y construcción colectiva para convertirse en zonas de tránsito, impersonales e individualistas.
Hay que modificar la realidad
No alcanza con la denuncia discursiva. Es necesario avanzar en la generación de propuestas que puedan implementarse como políticas públicas para regular el mercado inmobiliario, frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda.
En este sentido, cabe mencionar que a fines de abril desde el CoDIP solicitamos reuniones al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y al Presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, Gabriel Mraida, para tratar las problemáticas que venimos desarrollando.
Entre las líneas de acción debatidas y acordadas en el encuentro, se destacan la realización de un relevamiento de personas en riesgo de desalojo o endeudadas; el análisis de la evolución del presupuesto destinado a Vivienda en la Ciudad; la elaboración de un proyecto para la aplicación de un impuesto local a aquellas viviendas que estén más de 6 meses vacías, avanzando en su expropiación para las que lo estén por más de 5 años; la elaboración de una propuesta legislativa sobre los inmuebles de herencias vacantes, que proponga su destino para alquiler estatal -con posibilidad de compra vía leasing- y para construcción de nuevas viviendas, ya sea por cooperativas o desde el propio Estado.
