Trabajadoras delegadas del Centro Gallego, junto a Paula Becerra, Secretaria General del Sindicato de la Salud y Hebe Nelli, Secretaria Gremial de la CTAA Capital, fueron recibidas hoy por funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). En dicho encuentro las compañeras presentaron una nota para denunciar irregularidades y solcitaron información sobre la convocatoria a Asamblea que se está haciendo en relación a venta del inmueble del Centro de salud.
* Por Valeria Garay
“En la reunión se plantearon todas las problemáticas que están teniendo los trabajadores del Centro Gallego y las problemáticas en cuanto a la atención de los afiliados. Se dejó en claro que hay una responsabilidad de los afiliados del Centro Gallego para aprobar cualquier operación que tenga que ver con la continuidad laboral, con el pago de salarios y con la venta o gerenciamiento del inmueble, por lo cual planteamos que es necesario generar una mesa de diálogo donde estemos todas las partes involucradas, tanto del INAES, como las delegadas del Sindicato de la Salud en el Centro Gallego, y la CTA Autónoma, junto con toda la representación de los afiliados del Centro Gallego, que son los que el 9 de mayo tienen que decidir cómo va a continuar la situación del Centro de salud”, detalló la secretaria Gremial de la CTA Capital.
En el año 2012, ante el riesgo de una inminente quiebra del Centro Gallego, una orden judicial dispuso su intervención, la cual fue efectuada por el INAES. En este contexto, desde el año 2016 su gestión se encuentra a cargo del Interventor Judicial Martín Moyano Barro. Esta intervención ha presentado numerosas irregularidades, como la falta de insumos y medicación para cubrir las necesidades mínimas requeridas para la atención de salud; falta de elementos de bioseguridad para el personal; falta de suministro de agua caliente para la correcta higiene de los pacientes internados, debido a que el servicio de gas se encuentra cortado; servicios cerrados y sectores clausurados, por decisión del Interventor y obras sociales suspendidas.
En cuanto a la situación de las y los trabajadores, la intervención mantiene un incumplimiento en el pago de los retiros voluntarios acordados con aproximadamente 700 trabajadores de la institución; se acarrea una deuda en el pago de los salarios que, al día de la fecha, suma ya diecisiete (17) meses para todos los trabajadores que continúan en el Centro Gallego; falta de entrega de recibos de sueldo y hostigamiento y maltrato, por medio de amenazas y presiones, a los trabajadores que continúan desempeñándose en la institución.
