A partir de la madrugada del miércoles 4 de enero de este año, en plena feria judicial, como consecuencia de una orden de lanzamiento (desalojo), firmada por la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la CABA, un enorme operativo policial se montó alrededor del edificio del antiguo Patronato de la Infancia (ex-PADELAI).
La denuncia de usurpación que llevó al desalojo fue presentada por el Gobierno porteño contra las más de sesenta familias que habitaban el lugar.
Probablemente muchas familias hayan recordado el brutal desalojo del 25 de febrero de 2003, cuando hubo casi un centenar de heridos y detenidos (16 y 52, según las cifras oficiales), incluyendo varios niños que pasaron horas incomunicados en la Comisaría 14º.
Pero, aunque no lo recordaran, conocían la realidad de este nuevo operativo. Fuerzas coordinadas de las Policías Metropolitana y Federal transferida a la CABA (es decir, los que ahora son llamados Policía de la Ciudad) cerraron toda el área delimitada por las calles Paseo Colón, Carlos Calvo, Defensa y Cochabamba, es decir, un rectángulo de aproximadamente trescientos metros por doscientos. Sólo los habitantes de esa zona podían pasar: ni prensa, ni manifestantes, ni nadie que pudiera mostrar lo que sucedía en el ex- PADELAI o mostrar su apoyo a los habitantes.
A este aislamiento se sumó un enorme número de policías, superior al centenar, con armamento letal, que contaban con al menos un hidrante, una autobomba (que puede utilizarse como hidrante auxiliar), dos furgones de la División Perros, al menos siete carros de asalto de la Metropolitana, media docena de patrulleros.
Aisladas y rodeadas por personal armado las familias que habitaban el PADELAI, con la noticia de que la Jueza interviniente ordenaría hacer efectivo el lanzamiento forzado si las familias no se iban antes de las 19.00 hs., el Gobierno que las había denunciado pasó a ofrecerles diversos paliativos.
Más allá de la situación puntual de cada familia, no cabe ninguna duda de que la actitud del Estado se asemeja fuertemente a una amenaza coactiva y debe ser repudiada. El pretendido consenso de las familias, obtenido bajo presión, carece de todo valor.
Como lo hicimos en numerosas oportunidades, ratificamos nuestra condena hacia los desalojos forzosos, que afectan a las familias más humildes, especialmente cuando son impulsados por el mismo Estado, a quien la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, obliga a garantizar el acceso a la vivienda digna, el art. 31 de la Constitución de la CABA y diversos Tratados Internacionales. Dicha obligación estatal también debe ser acatada por el Poder Judicial, en lugar de ser un auxiliar de aquellos que pretenden desarrollar un modelo de Ciudad elitista, afín al mercado especulativo de inmuebles y que expulsa a los sectores más empobrecidos de la misma.
Por ello, y porque además sostenemos que la vivienda es un derecho y no un valor de cambio o de inversión especulativa, llamamos a las organizaciones populares a profundizar la coordinación de las luchas en defensa de las personas y familias sin vivienda o que corren riesgo de ser desalojadas, sin el cumplimiento de las condiciones necesarias que garanticen el acceso a una vivienda y hábitat dignos.
