Es un hecho que nos estremece como sociedad y es imperioso su pronto esclarecimiento. Hay que desandar la impunidad y el encubrimiento que ensombrecen nuestra vida y futuro como nación.

Según diversas fuentes, durante estos años la investigación de la masacre AMIA evidencia el alineamiento del fiscal Nisman y otros con las instrucciones dictadas por la embajada de EE.UU. para centrar la acusación sobre Irán. La causa, como la denuncia más reciente, ha quedado moldeada por las disputas entre facciones de los servicios cuyo principal responsable se alineaba con intereses extranjeros, notablemente de EE.UU. e Israel.

Por eso, junto a familiares de las víctimas y otras organizaciones, seguiremos reclamando la apertura de los archivos de los servicios y la creación de una Comisión de Investigación Independiente del atentado contra la AMIA. Sólo así podrá superarse el fracaso, y avanzar hacia la verdad y la justicia acerca del atentado y sus ocultadores.

El proyecto de ley presentado por Apemia, en junio de 2014, debe tratarse con prioridad en la próxima sesión parlamentaria.

Hasta ahora, el gobierno nacional ha reaccionado planteando la disolución de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la creación de un nuevo organismo subordinado a los poderes democráticos. Sin duda, poner los servicios de inteligencia al servicio y bajo el control del pueblo es una deuda largamente pendiente.

Pero ello debe ser el resultado de un amplio debate ciudadano y la construcción de consensos enfocando a fondo la política de Inteligencia. Pretender saldar el debate en 30 días, sobre todo después de años de inacción, no nos llevará al «nunca más» buscado.

Cambiar, además de su nombre, el paradigma bajo el cual se realizan tareas de inteligencia no será fácil. Si los servicios pudieron acumular tanto poder, es porque a muchos les convino que así sea. Pero si no están al servicio del pueblo, no deben existir.

La ex SIDE se constituyó en su propio poder político y se involucraba en campañas ilegales de difamación, extorsiones, el tráfico de drogas, personas y armas, entre otros delitos. En otras palabras, atentaba contra todos los intereses de la Nación. Por lo que encarar su disolución y plantear, junto a la sociedad, la construcción de un nuevo paradigma de Inteligencia, debe implicar la investigación y juzgamiento de su acción y sus redes de influencia y crimen en la vida pública como privada.

Asimismo implica esclarecer y poner fin al papel del jefe del Ejército, César Milani, desarticular la dotación de personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, desmantelar la orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina y redefinir los objetivos y la manera en que el Estado recolecta y protege los datos personales de la ciudadanía. Precisa fortalecer la transparencia y democracia en todas las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial.

La democracia y los derechos humanos no se regalan, se construyen con la participación ciudadana. Ése es el sentido de la marcha amplia convocada para el 4 de febrero. Tengamos presente que sobre la impunidad no es posible construir la democracia.