Un nuevo capítulo se suma a los escandalosos sucesos en torno a la pobreza y a su medición. Frente a una solicitud de la Justicia, el gobierno respondió oficialmente que ha dejado de medir la pobreza y la indigencia. En el marco de la destrucción de las estadísticas públicas perpetrada por la intervención del INDEC, culmina así el ocultamiento más dramático de las condiciones en que vive nuestro pueblo.
* Por Cynthia Pok, Secretaria de Formación de CTA Nacional
Por supuesto que frente a esta situación uno se pregunta qué es peor, si no publicar el dato o publicar los aberrantes resultados que venía difundiendo la intervención. Sería ocioso reproducir las múltiples evidencias mostradas por numerosos usuarios de la información sobre la distancia que guardaban las estimaciones más realistas, de las cifras oficiales. Son elocuentes en este tema los informes de la Comisión Técnica de ATE-INDEC, que nuclea con este propósito a los/as trabajadores/as del Indec que enfrentamos la intervención, denunciando la manipulación de la información, el hostigamiento a los compañeros/as y la complicidad del FMI.
El escenario incluye a la presidenta, que esgrime un 5% de pobreza en la FAO, -que se corresponde con el último dato oficial difundido por la intervención- y que suscitó la campaña “¡Que devuelvan el premio de la FAO!”.
La saga también contiene las absurdas justificaciones que plantearon en su momento distintos funcionarios: no se publica la pobreza por un (falso) “problema de empalme” (Capitanich), es “estigmatizante” (Kicillof), hay “6.000 formas alternativas” (Itzcovich), “el Estado no está para andar midiendo pobres” (A. Fernández). Una más aberrante que otra, preparaban el terreno para la eliminación definitiva del indicador. Hoy, es oficial.
Con total impunidad, en una acción rayana en lo delictivo, se deja de difundir ese trascendente indicador. (Ya era más que delictiva la flagrante tergiversación de los resultados).
La afirmación es que no se mide más la pobreza. Pero en rigor, eso tampoco es verdad. La pobreza se sigue midiendo en tanto que los encuestadores siguen recorriendo el país con enorme esfuerzo para recabar la información sobre las condiciones de vida de la población. A lo largo de cada año, cerca de cien mil hogares abren sus puertas para responder y relatar las condiciones en que viven, los recursos con que cuentan, las carencias que los aquejan. También se recorren multitud de lugares de venta para recabar los precios de los componentes de las canastas definidas para la Líneas de Pobreza y la Línea de Indigencia.
Es decir, la medición de la pobreza se realiza. Lo que no se hace es el cálculo final, el procesamiento, de poner en correspondencia los egresos de cada hogar con las canastas para las cuales debieran alcanzarles sus ingresos, para determinar su condición de Pobreza o de Indigencia. Es decir, no se calcula, no se procesa ni se difunde el dato final. Se asemeja al enfermero que coloca el termómetro al paciente para medir su fiebre, pero luego no le informa al médico el resultado para que pueda curarlo, pero tampoco a los familiares para que puedan monitorearlo y reclamar atención a su dolencia.
Así las cosas ¿No es malversación de fondos públicos estar gastando fortunas en realizar operativos de relevamiento, que se siguen realizando, con un enorme esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, para después no compilar esa enorme masa de datos y difundir los resultados?
También ofrece la intervención una multiplicidad de otros indicadores en reemplazo del índice tradicional por Línea de Pobreza e Indigencia. Sin conocer el listado que incluyeron en la respuesta judicial, esta estrategia ya estaba en las justificaciones esgrimidas anteriormente. En un ataque de “modernidad”, se venían mencionando “indicadores multidimensionales”, que frente a la escueta medición por ingresos suficientes o no para cubrir canastas de alimentos y de otros bienes y servicios, darían una imagen más plena e integral de la pobreza y /o de la indigencia.
Debe decirse en este punto, que la perspectiva multidimensional no es buena ni mala en sí misma, que aporta conocimiento sobre la realidad si está bien construida, pero vamos a decir también que no es ninguna novedad, que se ha utilizado desde tiempos remotos y que, lejos de ser una herramienta sustitutiva de las Líneas de Pobreza y de Indigencia, es complementaria.
Ejemplo de ello son los antiquísimos estudios combinando Líneas de Pobreza (por ingresos insuficientes) con las que se llamaron, históricamente NBI, es decir Necesidades Básicas Insatisfechas (relacionadas con hacinamiento, tenencia de baño, etc.). Esos estudios sirvieron básicamente para distinguir la pobreza estructural de la irrupción de los que se denominaron “nuevos pobres”. Esas perspectivas, procedentes del paleolítico inferior de la práctica estadística y sociológica en el INDEC, tuvieron, con el correr del tiempo, muchos otros ejemplos y enfoques (Indice de privación material de los hogares IPMH, etc.).
Ciertamente siempre es útil modernizar y complejizar los métodos, y es lo que se hacía hasta la irrupción de la intervención. Lo que de ninguna manera debe hacerse es “vestir” de avance metodológico lo que es un flagrante ocultamiento a través de la eliminación de uno de los indicadores más sensibles para la visualización de la pobreza. En este campo, sólo valen los indicadores alternativos como herramienta complementaria. Nunca “en vez de”.
Se ha perdido, a manos de la intervención, un indicador importantísimo para caracterizar y analizar las condiciones en que vive nuestro pueblo. Como dijera uno de los participantes de las jornadas realizadas por la Comisión Bicameral de seguimiento del conflicto del INDEC, no tener estadísticas públicas confiables es como volar sin radar. Se deja de tener referencia para orientar las políticas públicas, que emergen dramáticamente cuando muere de hambre un pibe y es tema en los medios por algunos días, pero deja en la sombra a multitud de ellos que están en la puerta de situaciones similares. Además de asemejarse a volar sin radar, las estadísticas truchas matan!
No se puede analizar esa realidad, localizarla geográficamente, ver con qué factores está relacionada y qué herramientas han resultado útiles o no para reducir al menos sus efectos. Se han perdido instrumentos no sólo para la ejecución de políticas públicas (tal vez no interese tenerlas) sino también información para que la sociedad en su conjunto y sus organizaciones, puedan monitorear los resultados de la acción de los gobiernos y apropiarse de herramientas que potencien la demanda social.
Ciertamente, mientras no se reviertan las bases del modelo productivo, que fabrica pobres en una punta para esperarlos con mínimas compensaciones (por ejemplo planes) en la otra punta del proceso-, amplios conjuntos de nuestro pueblo están condenados a la dependencia. Enfrentar ese modelo requiere profundizar la construcción que intentamos llevar a cabo.
Privarnos de estas herramientas debe leerse en el marco de esa confrontación.
