El Gobierno nacional decidió a través de un decreto de necesidad y urgencia modificar la ley que rige las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Jorge Yabkowski, Secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma habló con ACTA sobre los alcances de esta reforma: «En la Argentina mueren mil trabajadores por año por accidentes en el trabajo».
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– ¿Qué opinión te merece la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo qué modifica la Ley de ART?
Acá hay dos problemas: El primero es la forma, un proyecto que es retrógrado para los trabajadores, fue aprobado en el Senado y que seguramente tendría consenso en Diputados, es aprobado ahora tras la necesidad y urgencia de la clase empresarial, por lo cual es inconstitucional. Los decretos son de acuerdo a las necesidades y urgencias de la institución, no de los empresarios. Lo segundo es lo más constitutivo, que restringe aún más la posibilidad del trabajador de acceder a la reparación judicial de los daños en accidentes de trabajo. Esto viene ocurriendo desde 1995 con Menem que aprobó la Ley de ART, y se profundizó con distintos decretos en tiempo de Duhalde, agravado aún más por la Ley 26773 de Kirchner y esto de ahora, que la empeora aún más.
-¿En qué aspecto la empeora?
Lo que hace es que todos los fallos que fueron a favor de los trabajadores en la Corte Suprema de Justicia, que habilitaban lo que comunmente se conoce como «doble vía», que daban al trabajador la posibilidad de una indemnización justa, son trabados a través de una serie de normas. La comisión médica es la principal porque establece trámites administrativos antes de que el trabajador pueda acceder a la justicia. Esto ya fue judicializado y la Corte Suprema se manifestó en contra, a favor del trabajador.
-¿Crees que la Corte Suprema de Justicia se va a manifestar en contra?
Si uno toma la doctrina de la Corte Suprema, la Corte dice que el sujeto trabajador es el bien tutelado más importante, y no la ganancia empresaria, ni las ART, ni la flexibilidad económica. Antes de todo está el trabajador. En función de eso, todas las trabas que se le pusieron a los trabajadores son para acceder a una indemnización realmente reparadora del daño -porque las ART demoran-. Entonces si un trabajador llega a la Corte, va a ganar. Pero muchos se quedan en el camino, cobran lo poquito que paga la ART, porque los juicios se demoran. Entonces Macri puede entregarles a los empresarios este trofeo para que traigan inversiones no sólo con bajos salarios, sino bajando otros costos y recortando derechos a los trabajadores.
-¿Qué tanto hay de lo que dice el Gobierno sobre «la industria del juicio de la que viven trabajadores?
Esa es una mentira. En la Argentina mueren mil trabajadores por año por malas condiciones de trabajo, producto de la precariedad. La dificultad en la vida urbana, en el transporte, en las propias empresas, ha causado y causa enormes daños y, al no haber una ley de prevención, el trabajo es una trampa mortal. Obviamente que el trabajador, frente a las ART -que son negocios de los bancos- qué otra cosa va a hacer que acudir a la justicia laboral para hacerse eco de sus reclamos. Esto ha creado un caudal de juicios enorme. Ni el patrón, ni la ART, ni el Estado dan respuestas, el trabajador busca la Justicia y hay juicios. Pero esto no es una industria del juicio, ni los caranchos que vimos en la película. Estos son trabajadores dañados, accidentados y muertos que necesitan reparación. Y lo que busca esta Ley es evitar esa reparación.
-¿Qué debería tener una Ley que proteja al trabajador?
En primer lugar empezar por la prevención. Porque las ART deberían inspeccionar los lugares de trabajo y hacer clausurar aquellos que no estén en condiciones. Todas estas inspecciones no se hacen y se trabaja de cualquier manera. Por lo tanto, los índices de siniestralidad en la Argentina es diez veces mayor que la de Reino Unido, para dar un ejemplo. Esta Ley de Prevención debería contemplar delegados de los trabajadores con poder de modificar las condiciones junto con las patronales. Después debería haber un ente estatal de reparación, donde el negocio de las ART desaparezca. Que el Estado, a partir de un aseguramiento de las empresas, pueda pagar las indemnizaciones. Y finalmente una justicia laboral que pueda abocarse a los casos problemas donde el trabajador no haya sido resarcido. Esta concepción, que es lo que nosotros presentamos con el entonces Diputado Nacional Víctor De Gennaro en el año 2012 y 2014, fue totalmente descartada por el Gobierno anterior.
