“El Estado tiene que garantizar el derecho a la identidad de todas las personas»

“El Estado tiene que garantizar el derecho a la identidad de todas las personas»

huellaEl Banco Genético está seriamente amenazado de ser degradado en sus funciones y de ser privatizado. Creado para atender una demanda que nace en la lucha de las Abuelas por recuperar a los nietos apropiados, pero que está al servicio de todas las personas que necesitan conocer su identidad, hoy es defendido por el colectivo Todos por el Banco. Hablamos con la abogada Gabriela Figueroa.

-¿Cuál es la problemática que está atravesando el Banco de Datos Genéticos?

- Hay varias cuestiones, por eso es que junto con familiares, organismos de derechos humanos, y algunas Abuelas de Plaza de Mayo como Elsa Pavón, Chicha Mariani, Mirta de Baravalle, Hijos de La Plata, Colectivo de Memoria Militante, entre otros, iniciamos en el 2013 un juicio contra el Estado porque en 2009 se sancionó una ley que cambió la naturaleza del Banco de Datos Genéticos. En el marco de esto, ahora lo quieren sacar del Hospital Durán y mudarlo a una dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

-¿Qué hay de malo en esto?

- Nosotros impugnamos esa ley porque también restringe el derecho humano de la identidad biológica ya que antes podía ir cualquier persona que dudara de su identidad y quería conocer su filiación. A partir de esa ley, queda restringido el acceso al Banco sólo a las personas que nacieron antes del 10 de diciembre de 1983. Por tanto, si vos dudás de tu identidad, o querés saber algo con respecto a tu filiación tenés que acudir a un laboratorio privado y pagar, cuando antes lo podías hacer en el Banco Genético directamente. Además cambia el ámbito del Banco, que siempre funcionó desde su creación en el Hospital Durán.

El peligro que también denunciamos es que pasar de un hospital público, donde tienen cierto margen de neutralidad, al ámbito de una oficina de un Ministerio es dejarlo expuesto a los vaivenes políticos partidarios de las diferentes gestiones y que pierda su credibilidad. Esto le preocupa muchísimo a los familiares.

-¿Y los recursos del Banco?

- Los trabajadores del Banco dependen de la Ciudad pero los insumos del Banco vienen de la Nación. Para su funcionamiento tiene también presupuesto de la Nación pero, además, tienen maquinaria que es muy valiosa tecnológicamente hablando, donada en su mayoría por organismos internacionales como la ONU.

-¿Por qué crees que hacen esto? ¿Qué buscan?

- Estamos tratando de entender y creemos que va hacia la privatización de esta institución. Cuando se creó la ley 24548, la comisión asesora la formó un grupo de directores de laboratorios privados como Korac, como Mariana Herrera Piñero y ellos fueron beneficiados directamente por este cambio de la ley. Por eso creemos que tiene esa tendencia a privatizar y beneficiar a estos laboratorios. Pero además hay otras cosas que nos alarman.

-¿Cómo cuáles?

- En 2013, cuando empezamos a sentir rumores de que se iba a cambiar el Banco de lugar, familiares que viven en España nos advirtieron sobre noticias que salían allá y que decían que se iba a empezar a trabajar con el Banco Nacional de Datos Genéticos y con medicinas genómicas que son como remedios personalizados. Es decir, que nos alarma que el Banco se desvirtúe y se utilice para otros fines e intereses.

-¿Hicieron un planteo judicial?

- Sí, la cuestión judicial comenzó con una medida cautelar pidiendo que no se traspase el Banco ni la sangre de ninguno de nuestros compañeros teniendo en cuenta lo que implicaría que se pierda una sola muestra, estaremos perdiendo una parte importante de la historia.

Estamos hablando de la sangre que es algo muy personal. Pedimos una medida cautelar para que eso no se mueva en un principio y el juez nos dijo que sí provisoriamente (en agosto de 2013) pero en diciembre de 2013 nos dijo que no porque ellos no creían que estaban en riesgo esas muestras. Nosotros hemos peleado esa sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones, en dos instancias con recurso extraordinario y ahora hemos subido a la Corte Suprema. Pero para poder continuar con el reclamo tenemos que pagar 15.000 pesos (en concepto de tasa de justicia), por ello estamos haciendo actividades solidarias para juntar este dinero. En ese marco, el sábado pasado hicimos una peña en ATE Capital con un montón de compañeros que defienden el Banco.

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