La represión como contracara del ajuste: Ya son 4000 los procesados

La represión como contracara del ajuste: Ya son 4000 los procesados

tapa-38Los militantes de nuestra central son uno de los blancos sobre los cuales se descarga la criminalización de la protesta social, que no es otra cosa que una estrategia política, impulsada desde el Gobierno nacional, que presenta ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes.

* Por Nicolás Tauber Sanz, Asesoría Jurídica Nacional

Es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social.

Los informes confeccionados en 2012 por el Observatorio de Derecho Social y los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, arrojaron el dato de 3800 causas abiertas contra compañeros de distintas organizaciones y lugares del país. Estos dos informes realizados sin ayuda estatal de ningún tipo no alcanzaron a la totalidad de los casos existentes en el país, pero demostraron que el número de 4000 procesados que se ha transformado en una consigna se queda corto.

Para darnos una idea de la magnitud de esta política represiva de criminalizar la protesta tengamos en cuenta que mientras hay más de 4000 compañeros procesados por luchar, hay 850 procesados por el genocidio dictatorial.

Desde el 2003 tenemos 29 personas asesinadas en ocasión de protesta o por ser militantes. 24 de ellos fueron asesinados desde el 2010.

El Gobierno nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestra la sanción de la ley antiterrorista, los proyectos que impulsa para “reglamentar las manifestaciones públicas” y el hecho de que son sus fiscales los que abren causas contra los compañeros ante cada lucha.

No hay lucha que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los que protagonizaron esa lucha.

El 31 % de las causas de criminalización son abiertas con motivo de luchas sindicales (huelgas) y contra trabajadores ocupados.

Esta política represiva se utiliza en todo el país y no golpea sólo al movimiento obrero sino que se descarga contra los pueblos originarios, ambientalistas, desocupados, estudiantes, todos los colectivos que salen a reclamar por sus derechos.

Desde la CTA venimos denunciando y enfrentado los avances represivos, articulando nuestra lucha con los organismos de derechos humanos existentes en cada lugar.

Tanto las patronales como los distintos gobiernos utilizan el derecho penal para reprimir la organización y las acciones que llevan adelante los trabajadores.

Por esta razón se organizó el Encuentro Nacional de Abogados sobre 2 ejes fundamentales: huelga y criminalización de la protesta. La finalidad del Encuentro era fortalecer la formación jurídica de los abogados de CTA, y coordinar nuestra tarea.

La situación en las provincias

Participaron compañeros abogados de Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa y Córdoba. Los compañeros de cada provincia contaron la situación represiva que se vive en cada lugar.

En el NEA la situación es crítica. La represión se descarga con brutalidad sobre los pueblos originarios, existiendo varios casos de asesinatos de caciques o integrantes de las comunidades en los últimos años. Esta represión y asesinatos son acompañadas con la apertura de causas contra los compañeros que son reprimidos o los compañeros de quienes son asesinados.

En Formosa en este momento existen 5 integrantes de la comunidad Wichi presos. Les arman causas y los acusan de delitos cada vez más graves para que el Juez de la causa tenga alguna excusa para denegar la excarcelación. Resulta normal en la provincia de Insfrán la actuación de grupos parapoliciales contra las comunidades indígenas.

Esto que vemos en Formosa: acusaciones cada vez más graves, compañeros detenidos, y actuación de grupos parapoliciales y/o patotas, es una constante que se repite con distinta intensidad en muchos lugares del país.

En Chaco se ha elevado a juicio oral la causa armada contra Víctor López y otros 30 originarios de la Federación Nacional Campesina acusados de usurpar sus propias tierras ancestrales. En estos últimos meses la situación represiva se ha agravado hasta ser una de las peores en todo el país. Las razias buscando dirigentes políticos, sociales o sindicales, que se tienen que vivir escondidos, las torturas contra compañeros detenidos, las detenciones por decenas ante cada movilización, son sólo algunas de las gravísimas situaciones que se están viviendo ahora mismo en el Chaco.

En Misiones tienen en la mira a la CTA y la CCC. A los hechos represivos contra acampes o manifestaciones llevadas a cabo por trabajadores y desocupados, se le suma una persecución sistemática contra los trabajadores del Mercado Central de Posadas. Diego Silveira (delegado), Rubén Ortiz y otros compañeros son objeto de seguimientos, se les arman causas y se los detiene sin ningún motivo.

El año pasado detuvieron a Silveira y lo golpearon salvajemente hasta dejarlo irreconocible. Luego lo pasearon por Posadas a la vista de todos para que sirva de escarmiento.

Comprobados los tormentos y efectuada la denuncia la Justicia de Misiones hace dormir el expediente. Esta conducta de no tramitar las denuncias realizadas ante los golpes y torturas de la policía son una constante a nivel nacional.

En Salta se modificó el Código Procesal Penal dándole más potestades a la Policía. Se hacen razias y se detiene a cientos de jóvenes, encontrándose abarrotados los penales de la provincia.

Frente a la lucha de los obreros azucareros la criminalización está a la orden del día. A Mariano Cuenca, Sec. Gral. Del Sindicato del Ingenio San Isidro le abrieron 38 causas penales.

Pero no sólo el Secretario General del Sindicato es criminalizado, también el abogado Dr. Wasneider tiene varias causas penales abiertas por defender a los trabajadores del azúcar.

La persecución que sufre el Dr. Wasneider es el más grave pero no el único caso de criminalización o persecución a los abogados que ponen su profesión al servicio del pueblo. Es una constante en el interior del país la utilización de los tribunales de disciplina de los colegios profesionales en donde se amenaza a los compañeros con retirarles sus matrículas y de esta forma atentar en forma directa contra su herramienta de trabajo. También hemos sufrido allanamientos ilegales en nuestros estudios jurídicos, así como seguimientos y otras formas de vigilancia. En Tucumán la nota característica es la realización de tareas de inteligencia ilegal sobre las organizaciones populares. Esta información de inteligencia es utilizada (parcialmente) para acusar penalmente a los militantes. Las denuncias judiciales sobre estas tareas de inteligencia no son investigadas por los tribunales.

En Neuquén el colectivo que es más golpeado por la criminalización son los pueblos originarios. Aquí hay una rica experiencia, de la cual debemos aprender, ya que se ha logrado instalar en las facultades y colegio de abogado la discusión respecto de temas jurídicos que hacen a la ampliación y defensa de los derechos.

En Chubut la violencia policial contra la juventud es gravísima. Son comunes los asesinatos y violaciones de pibes jóvenes a manos de la policía provincial.

En Entre Ríos a la apertura de causas contra trabajadores en lucha (28 trabajadores de APJ GAS procesados) se suma una nueva ordenanza en Paraná que amplía los servicios declarados como esenciales. En San Juan la herramienta más utilizada contra la protesta es la apertura de sumarios administrativos que ponen en peligro el trabajo de los compañeros.

En La Pampa la lucha llevada a cabo por la recientemente formada intersindical tuvo como respuesta la apertura de una nueva causa penal contra los compañeros.

En Mar del Plata hace un mes una patota golpeó salvajemente a compañeros de la CTA, desfigurándole la cara a uno de los compañeros. En Buenos Aires, se logró el sobreseimiento de los compañeros de ATE Educación. Todavía quedan muchísimas causas abiertas, como las abiertas contra los compañeros de ASOMA en La Plata.

En Córdoba se reformó el Código de Faltas para utilizarlo contra los que protestan, existen muchos casos de criminalización. Siguen presos los 5 vecinos de Corral de Bustos que fueron condenados a 7 años en el marco de una causa armada para escarmentar al pueblo de la provincia luego de la pueblada del 2006.

Los presos de ATE Río Gallegos

En el encuentro se analizó la grave situación que el movimiento popular de Santa Cruz. Allí están detenidos desde octubre de 2013,los trabajadores de ATE Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benítez.

En una causa armada, se los acusa sin que existan pruebas de incendiar un edificio público. La realidad es que los compañeros eran activos militantes sindicales y participaban de las manifestaciones exigiendo subas de salario que permitan equiparar al menos lo que se pierde por la inflación. La causa fue elevada a juicio y al momento del Encuentro se encontraba pendiente de resolución el pedido de excarcelación, el cual luego fue denegado, lo cual significa que los trabajadores seguirán presos hasta la realización del juicio oral.

La situación nacional

El repaso de la situación existente en las distintas provincias permitió confirmar que la criminalización de la protesta es una política que se lleva adelante en todo el país. La situación se ha agravado, ya existen condenados por protestar: los vecinos de Corral de Bustos, los dirigentes de Quebracho, Marcolín chofer de la Línea 60.

Tenemos actualmente presos: en Formosa los 5 integrantes de la comunidad Wichi y en Santa Cruz los 5 trabajadores de ATE Río Gallegos. Se utilizan cada vez delitos más graves al acusar, a fin de obstaculizar la excarcelación del compañero detenido, y al mismo tiempo se los acusa de delitos que parecen no tener una motivación política (lesiones en riña, tentativa de homicidio, extorsión, etc).

No sólo se utiliza el derecho penal como herramienta represiva, también se utilizan los sumarios administrativos, juicios de desafuero, procesos ante los tribunales de disciplina contra abogados militantes, son sólo algunas de las caras de la criminalización.

La represión es utilizada diariamente contra el movimiento popular, teniendo como saldo la existencia de detenidos y heridos. Esta política se da en el marco de un avance generalizado sobre las libertades democráticas de la población:

1.- Implementación del sistema SIBIOS de seguridad biométrica. 2.- Creación de nuevas policías locales. 3.- Sanción de la ley antiterrorista. 4.- Militarización de la seguridad (Gendarmería y prefectura cumpliendo funciones policiales). 5.- Utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. 6.- Realización de tareas de inteligencia ilegal sobre militantes y organizaciones. 7.- Designaciones de Milani y Berni al frente del Ejercito y del Ministerio de Seguridad de la Nación respectivamente. 8.- Endurecimiento de penas, reformas procesales para hacer más difícil obtener la libertad mientras duran los juicios. 9.- La negativa a abrir los archivos de la dictadura. 10.- La desaparición impune de Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano.

Dada la gravedad de la situación es que los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia impulsan un proyecto de ley que cierre todas las causas penales del país abiertas con motivo de protestas sociales y/o pertenecer a organizaciones populares. Esta es la herramienta jurídica y política que permitiría terminar con la persecución que sufren miles de compañeros.

Las conclusiones del Encuentro

A fin de denunciar esta situación ante todas las autoridades nacionales e internacionales necesitamos conocer exactamente cual es la situación de todas las provincias. Para lograrlo decidimos comenzar a hacer un relevamiento de casos que nos permita actualizar el último informe sobre criminalización. Se acordó también continuar trabajando para coordinar cada vez más el trabajo de todos los abogados y profundizar el trabajo en Universidades, Colegios de Abogados, etc., a fin de que se conozcan nuestras posiciones y poder trabajar en los distintos lugares donde se nuclean abogados. Realizar actividades de formación a fin de poder encontrarnos preparados para afrontar las situaciones que la realidad nos impone.

Esta política tiene como objetivo impedir la libertad sindical para así hacer pagar los costos de la crisis a los trabajadores y el pueblo. Lograr frenar la escalada represiva y la criminalización no es una tarea de los abogados. Exige que todos los compañeros de la CTA tomemos como prioritario luchar contra esta política para hacer realidad que la libertad y la organización sindical llegue a todos los lugares de trabajo y que la crisis no la paguen los trabajadores ni el pueblo.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 105, correspondiente al mes de septiembre de 2014

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