El Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP) nació a fines de 2020 y agrupa a trabajadores y trabajadoras que deben alquilar, con el objetivo de defender sus derechos como inquilinos e inquilinas, pero también impulsar propuestas para el acceso a la vivienda propia. A continuación, compartimos su último comunicado de análisis coyuntural y su convocatoria a la reunión virtual del próximo martes 11 de mayo a las 18:30 hs
Ya no quedan dudas sobre la urgente necesidad de que el Gobierno nacional implemente medidas de protección para la población inquilina, gravemente afectada por la crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país. Sabiendo que el punto de partida debería ser la suspensión de desalojos y la regulación de los precios de los alquileres, el mercado inmobiliario amenaza con profundizar su saqueo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.
Desde hace varias semanas, diversas notas periodísticas pretenden instalar la idea de que la nueva ley de alquileres y el DNU 320/20 -que suspendió desalojos y congeló los precios de los alquileres durante toda la cuarentena de 2020, hasta comienzos de abril de 2021- han generado incertidumbre entre los propietarios, teniendo como consecuencia los desmedidos e ilógicos incrementos en los precios de los alquileres y una disminución en la oferta de inmuebles para alquiler. En esta línea, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) realizó una encuesta entre operadores y empresas del sector para adelantar un rotundo rechazo a la posible reedición de medidas como el congelamiento de los alquileres. Unos días antes, desde el sector avisaban que “ante una nueva regulación, se retraerá aún más el stock disponible en el mercado locativo generando una ola de aumentos de los precios que podrían superar el 60%” (El Cronista, 15/04/21).
El dato clave en todo esto es la “rentabilidad” que mencionan constantemente desde los sectores inmobiliarios. Para ellos, los inmuebles -el suelo en el que se construyen, en realidad- son una inversión al igual que como se invierte en acciones, títulos o dólares para obtener una ganancia en base a cómo evolucionen sus valores. A esto hay que sumarle las constantes políticas de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, fomentando la especulación inmobiliaria para que el suelo siga encareciéndose. Entonces, invierten “en ladrillos” porque saben que el valor del suelo continuará subiendo -mejorando su inversión sin hacer absolutamente nada- y mientras tanto, obtienen rentas cuando ponen las propiedades en alquiler. Sin embargo, como el valor del suelo sigue incrementándose -23% desde 2012 a la fecha-, pretenden aumentarnos los precios de los alquileres para recuperar sus inversiones más rápido. En definitiva, especulan con el suelo, elevan su valor y se enriquecen. Al mismo tiempo, nos cobran más caros los alquileres para recuperar más rápido sus inversiones. Todo ganancia para ellos, sin mover un dedo.
Algunas propuestas para evitar sus extorsiones en la ciudad de Buenos Aires
Una primera opción sería regular el mercado por medio de un impuesto aplicable a todos los inmuebles que se encuentren ociosos -sin uso- por más de 6 meses, el cual se recaudaría con destino exclusivo a políticas habitacionales. De esta manera se evitaría que los grandes rentistas mantengan departamentos vacíos especulando con la suba o baja de los alquileres y, al mismo tiempo, podría obtenerse financiamiento para vivienda y hábitat en una ciudad donde decenas de miles de personas viven hacinadas en villas y asentamientos. El nuevo Régimen de Registración de contratos de Locación de Inmuebles (RELI) en el cual deben registrarse todos los contratos de alquiler ante AFIP podría servir de base para auditar el estado real de los inmuebles.
Otra opción -que se complementaría perfectamente con la anterior- es transferir al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) todos los inmuebles que le queden a la Ciudad producto de una herencia vacante y que el IVC considere en condiciones aptas para ofrecer bajo un Programa de Alquiler Estatal. Así, el Estado podría intervenir en el mercado inmobiliario ampliando la oferta de viviendas disponibles y establecer valores de referencia mínimos y máximos.
Cabe mencionar que desde 2016 a la fecha, la Ciudad ofreció en subastas del Banco Ciudad más de 250 inmuebles, casi el 3% del total de unidades en alquiler actualmente. Estos números no tienen en cuenta aquellos inmuebles que el Ministerio de Educación porteño selecciona para quedárselos según le habilita la Ley 52/98, lo que implica que serían aún más las propiedades que podrían servir para resolver la crisis habitacional vigente. Sin embargo, estas subastas sólo sirven para alimentar la voracidad de corporaciones que lo único que les interesa es comprar suelo para especular reproduciendo el proceso antes señalado, a costa de que nosotros no podamos acceder nunca a un techo propio.
Desde el CoDIP-CTA estamos convencidos de que hay demasiadas razones para regular el mercado inmobiliario y desde nuestro espacio tenemos e impulsamos propuestas para lograrlo. Sólo hace falta voluntad política entre las autoridades y un proyecto de país donde la vivienda no sea un negocio sino un derecho. Sumate a nuestra próxima reunión virtual, el martes 11 de mayo a las 18:30 hs. Contactate con nosotros y te pasaremos el link para ingresar. Avancemos en unidad para cambiar esta realidad.
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