Un numeroso grupo de trabajadores y trabajadoras, acompañados por las tres entidades gremiales judiciales porteñas presentó una denuncia contra un magistrado, argumentando la violencia ejercida contra todo el personal de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, que se realiza a través de un trato denigrante y humillante y que se potencia aún más contra las mujeres. Para hablar de este caso, desde el programa Estación Central, se comunicaron con Matías Fachal, secretario General Adjunto de AEJBA-CTA (Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires).
Desde que Ramiro Sánchez Correa asumió, en el 2009, como Defensor Oficial, más de 20 empleados y funcionarios se fueron de esa dependencia por la violencia laboral. Los denunciantes señalan que los hechos se ven agravados contra las mujeres.
– Matías, contanos en qué consisten los maltratos.
– Cotidianamente, desde que asumió el Defensor Sánchez Correa se han generado climas laborales violentos. Constantemente el insulta al personal, se dirige a ellos de manera despectiva o humillante, denigrante, con muchos insultos y gritos. A las mujeres trabajadoras de la oficina las ubica en un rol cuasi-doméstico, como que sus tareas son preparar el café de todos o decorar el lugar. Ha llegado incluso a arrojarle expedientes al piso a una compañera embarazada, para que ella los tuviera que levantar. Esto le trajo a ella complicaciones en el embarazo.
Esta actitud la sostuvo durante estos 6 años. En la denuncia hay ex trabajadores y empleados actuales. Esto es así, ya más de 20 personas se han ido de la Defensoría y las 12 que comenzaron el año trabajando son los que firmaron la denuncia y los otros están como testigos, o sea que esto ha afectado ya a más de 30 personas.
– ¿Qué consecuencias tiene este maltrato en los trabajadores?
– Muchos de los compañeros y compañeras de ahí están con tratamiento psicológico, en algunos casos psiquiátricos, algunos cuantos están medicados. Por suerte, a raíz de tomar conocimiento de la denuncia, hemos logrado conseguir que haya un apoyo psicológico hacia ellos, por un lado por parte de la Defensoría General y además también de otros psicólogos y psicólogas que suelen trabajar en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que están haciendo un acompañamiento para que estos trabajadores puedan estar contenidos. Porque vos te imaginarás que al tener que ir a declarar y remover todas estas situaciones de gritos e insultos, despierta estos recuerdos y muchas veces terminan con ataques de pánico.
– Para contextualizar un poco, el trabajo de ahí es un trabajo de oficina sin más contratiempos ni presiones…
– Exacto, en líneas generales es así. Las Defensorías lo que hacen es asistir a la gente que está en juicio y no tiene el dinero para poder pagarse un abogado particular. Entonces se hace el seguimiento de esas causas, se patrocina a la gente de escasos recursos, de los sectores más vulnerables, así que en líneas generales podríamos decir que sí, si bien es un trabajo legal y jurídico.
– ¿Cuál es la función que debería cumplir Ramiro Sánchez Correa como Defensor Oficial?
– El está a cargo de la Defensoría, es quien toma las decisiones respecto a cuáles son las pautas o trabajos a seguir en la defensa de la gente de bajos recursos económicos. Tiene que dar las directivas claras y precisas de trabajo, tratar de generar un buen clima y ambiente laboral y distribuir la tareas de manera equitativa. En estas cuestiones es donde evidentemente estuvo fallando el Defensor, porque también sobrecargaba de trabajo a unos y a otros les quitaba completamente sus tareas, a fin de humillarlos, de hacerles un vacío dentro de la oficina.
Así que es indudable que su rol no lo está cumpliendo como la Constitución lo manda y para lo cual juró sobre ella.
– Imagino que deben haber tenido reuniones con Sánchez Correa, ¿Qué explicaciones les da sobre sus actitudes?
– Sí, hubo reuniones con él, hemos intentado resolver estas cuestiones por la vía del diálogo. También hemos mantenido reuniones en el ámbito de la Defensoría General, que en definitiva son sus superiores jerárquicos, pero él niega todo, dice que él no hace las cosas que estamos denunciando. Está en una posición de negador total de la situación. Ahora, nosotros tenemos grabaciones que nos han aportado los compañeros, que acreditan los insultos y gritos que él propinaba. Así que evidentemente tiene una personalidad particular.
– ¿Cómo fue elegido en su cargo?
– En principio por concurso público y abierto, donde se rinde exámenes, se realizan entrevistas personales y debería hacerse un psico-técnico. El tema es que muchas veces esos circuitos fallan, hay muchas veces también favores de por medio, padrinazgos políticos donde ciertas cosas por ahí son dejadas de lado o vistas más de reojo, para que ciertos candidatos puedan ir subiendo en el ranking hasta llegar a ser elegidos y ahí se propone una terna y son designados.
– Una vez hecha esta denuncia, ¿Qué expectativas tienen?
– Nosotros estamos pidiendo que se investigue a fondo esta situación, que se llegue al Jury de enjuiciamiento -que es el procedimiento para poder remover a jueces, fiscales y defensores- porque entendemos que están acreditadas las causales de mal desempeño, que es lo que prevé la Constitución para poder remover a magistrados. A parte, acá estamos pidiendo la aplicación de la Ley de Violencia Laboral, que es la Ley 1225 de la Ciudad de Buenos Aires, donde precisamente contempla que probada la violencia laboral, procede la remoción de los magistrados mediante el procedimiento de Jury, así que eso es lo que estamos solicitando. Estamos pidiendo su remoción.
Nos estamos encontrando con la protección de la corporación judicial, que han sacado incluso un comunicado protegiéndolo o amparándolo a él, sin condenar las prácticas violentas, sin condenar la violencia de género. Nosotros entendemos que el Consejo debiera soltarse de estas ataduras políticas, de estas ataduras corporativas y avanzar sobre la verdad y de una buena vez por todas dar un claro mensaje de que estas situaciones no pueden repetirse en el ámbito de la Ciudad.
Si encaran por el sumario administrativo, que solo tiene como una máxima pena el descuento de haberes del 30 por ciento durante 6 meses, pero que esta persona pueda seguir trabajando todo ese tiempo con la posibilidad de seguir maltratando a la gente, nos parece que eso es una tomada de pelo, y va a seguir afectando en la salud a todos estos compañeros.
