Una vez más el gobierno del PRO intentará aprobar en la legislatura porteña, la polémica creación del Instituto de evaluación,  fuertemente rechazado por los docentes de la ciudad, e intentarán que se vote en la sesión del próximo jueves 21. Desde el ejecutivo de la Ciudad, pretenden instalar la idea de que la Educación no funciona porque son responsables los docentes que no enseñan y los estudiantes porque no aprenden y ante ello plantean que hay que evaluar a los docentes y a los estudiantes, proponiendo un ente autárquico como un instrumento eficaz y acéptico y capaz de medir y evaluar lo que se enseña y aprende en las escuelas sin tener en cuenta el contexto en donde se desarrollan los aprendizajes. Es decir con qué estudiantes y chicos, en qué escuelas, en qué barrios. Instalaron en la sociedad que la evaluación va a mejorar la educación. Por ello desde los distintos bloques legislativos, han presentdo diversos proyectos para mostrar una propuesta de “evaluación buena”.

Sostenemos que no hace falta una ley de evaluación en la Ciudad. Hoy en el Ministerio de Educación funciona una Dirección General de Evaluación Educativa  y una Gerencia Operativa de Investigación y Estadística, en donde profesionales, académicos y  docentes, bajo la directivas del propio ministerio, vienen llevando a cabo las tareas necesarias para recabar información, proponer modificaciones y evaluar los diferentes programas y políticas educativas del sistema de la ciudad. Son estas instancias las que hay que fortalecer y dotarlas de herramientas e instrumentos que lleguen a todas las escuelas y trabajadores de la educación de la Ciudad.

En América Latina, la evaluación docente surgió como una iniciativa sino atada a un paquete cerrado como componente necesario de la reforma de los noventa y aparece como un instrumento beneficioso, por si netamente neoliberal y economicista. En Chile por ejemplo, el régimen pinochetista fue pionero en esto haciendo que a través de la evaluación docente el neoliberalismo no sólo se instaurara como base de una política educativa, sino que mostrara su lado más cruento en el sector educativo.

De este proyecto del PRO, se desprende el objetivo de evaluar al docente desde su función como empleados. Esto nos introduce inmediatamente en una evaluación de tipo administrativo burocrática, donde la principal preocupación se centra en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, qué tareas, cuántas horas, qué días. La mirada evaluativa va de la mano del intento de vigilar y controlar. Esto responde directamente a un modelo neo-liberal de educación, van a ser evaluados mediante un modelo que nace justamente en los noventa en nuestro país, que pretende instalar una cultura de evaluación, como rendición de cuentas. Es indispensable dar un debate de fondo sobre cuál es el fin “político- pedagógico” de este proyecto, ya que de la crisis educativa no se sale con mayores sanciones, control o penalización a los docentes y estudiantes. Sino que se sale con una profunda democratización del sistema educativo, en donde toda la comunidad sea parte del proceso.

Si algo puede mejorar la educación, es la participación reflexiva y crítica de los docentes y estudiantes en particular y la comunidad en general. Los sistemas de evaluación externa hechos de arriba para abajo, transforman al docente en objeto, y no en sujetos de la reflexión, lo que empeora la tarea docente y lo frustra. Hay que pensar los docentes como equipos de trabajo. La evaluación como parte integrante de un proyecto político-pedagógico. Sólo así podremos recomponer la escuela, en donde haya dialogo y no imposiciones, generando  compromisos con la educación pública en todos los ámbitos.