¿Es bueno que un vicepresidente sea procesado? Por supuesto.
Sin embargo tan importante como eso es que en una causa de corrupción sean procesados los empresarios involucrados.
Por Julio Macera, secretario adjunto de la CTA Capital.
Recordemos, por ejemplo, cuando el entonces intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, fue destituido, procesado y detenido por malversación de fondos públicos (entre otros casos, por un costoso plan de cloacas) la justicia se «olvidó» que ese curro fue hecho con la empresa SOCMA y que el intendente lo firmó junto al por entonces joven directivo Mauricio Macri.
Esto más allá que el procesamiento de estos empresarios con una obscura historia, recordemos que en los 90 se la denunciaba como una empresa de Yabrán, es la clara muestra de las distintas internas que no solo afectan al gobierno.
Más allá de todo esto, no creo que el procesamiento sea el comienzo de nada y mucho menos de un «mani puliti» argentino.
Tampoco esta causa transforma al juez Lijo en ningún «Padre de la Patria», ni el modelo de juez justo y republicano que algunos medios y/o comunicadores quieren vendernos, el mismo confuso origen de la causa así lo demuestra.
En todo caso es un juez que encontró el momento político oportuno para hacer lo que hizo, cosa que está bien, pero al que eso no lo exime de algunos asuntos del pasado, su rol en la causa de la Masacre de Avellaneda, por ejemplo y en la que, puesto por Néstor, se dedicó a hacer dormir el sueño de los justos a la búsqueda de las responsabilidades políticas, entre otras.
Igual de falso es el argumento que lo demoniza y lo pone como parte de una «conjura» destituyente por su fallo. Lijo es el exponente de un integrante de esta justicia de clase que obedece cuando es necesario hacerlo y se atreve a cuestionar cuando cambian los tiempos políticos.
Otro error sería suponer que este procesamiento modifica por si mismo el panorama político actual. A los que creen esto sería bueno que recuerden que Macri, procesado y todo, sigue ganando elecciones en la ciudad. La política no se resuelve en los tribunales.
En ese mismo sentido me parece, por lo menos equivocada, la idea de una CONADEP de la corrupción, más allá de los bien intencionados que la aceptan. A ellos les recuerdo que la idea proviene de la derecha y que la elección del nombre parece intentar homologar la corrupción al terrorismo de estado (una barbaridad) y a este gobierno con la dictadura, un intencionado error político que no comparto.
Sin embargo lo peor es que esta idea sirve para blanquear a Macri (quien por supuesto está de acuerdo con la idea) y a otros sectores «republicanos» que poco tienen de democráticos y que mucho tuvieron que ver en el pasado con otros hechos de corrupción y que, algunos de ellos, en la actualidad funcionan convalidando medidas del gobierno de Macri, tan obscuras en términos políticos como las del gobierno nacional.
Resumiendo: El procesamiento de Boudou y los otros responsables del caso Ciccone es una buena noticia, pero este fallo se explica más en el fin de este gobierno que en el supuesto comienzo de un «mani puliti» un proceso que, al fin de cuentas, en Italia fue mucho ruido y pocas nueces. Boudou (como los políticos italianos en aquel momento, María Julia, Pico y tantos otros acá) es un corrupto, pero que pudo hacer lo que hizo gracias a una institucionalidad que sostiene a un sistema (el capitalismo) que se basa en la peor de las corrupciones, la explotación.
Que Boudou y el resto de los corruptos (del gobierno y de las empresas) vayan presos es justo, pero la lucha contra la corrupción es parte de una lucha política contra la institucionalidad vigente y es falso y una trampa creer que todos, independientemente de su ideología, pueden ser parte de esa lucha.
