Desde el Espacio Asambea Ciudadana exigen a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el tratamiento urgente en Sesiones Extraordinarias del Proyecto de Ley N° 3849-P-2019 que tiene por objeto: declarar la Emergencia Tarifaria en la Ciudad de Buenos Aires, establecer un nuevo Régimen de Tarifa Social para los Servicios Públicos, y frenar los cortes de los servicios públicos.
Además, exigen tanto a la Legislatura como al Poder Ejecutivo de la Ciudad revocar la decisión del aumento de las tarifas del Transporte Público dispuesta para el mes de Enero de 2019 y para los siguientes meses.
A partir de la Resolución N° 122/2018 del Ministerio de Energía el Gobierno Nacional suspende su aporte presupuestario al sostenimiento de la tarifa social de electricidad transfiriendo a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad de generar sus propios regímenes de aportes al consumo eléctrico de la población a partir del 1 de enero de 2019.
La divergencia entre el aumento de la tarifa eléctrica y el de los ingresos de la población se ha acentuado en los últimos dos años a favor de las primeras, creando dificultades para que distintos tipos de usuarios puedan solventar sus consumos eléctricos básicos. Más de la mitad de la población porteña se encuentra en situación de Pobreza Energética.
Actualmente se considera evidente la relación que existe entre la falta de acceso a los servicios públicos (agua potable, gas y energía eléctrica) y la pobreza, constituyendo la falta de acceso causa de marginación para la población de menores ingresos.
La Declaración de la Emergencia Tarifaria tiene por objeto proteger a las familias de los cortes de los servicios públicos por incapacidad económica. El Acceso a los Servicios Públicos es un Derecho Humano.
Por otra parte, el actual régimen de Tarifa Social resulta insuficiente para atender la desesperada situación en la que se encuentran los sectores residenciales. Tampoco alcanza a los colectivos que realizan actividades comunitarias (como los clubes de barrio, comedores) y a las pequeñas empresas. Por estos motivos, este proyecto tiene por objetivo considerar a estos tres sectores y ampliar el consumo alcanzado por la Tarifa Social.
“Impulsamos esta medida como una solución urgente, necesaria y de transición para las familias mientras seguimos reclamando que el Gobierno Nacional disponga las instancias para la rediscusión de la totalidad del Sistema Energético donde se garantiza rentabilidad en dólares a las empresas energéticas mientras se traslada la carga de estas ganancias millonarias a las espaldas de una población que no llega a fin de mes. Invitamos a la ciudadanía de las otras provincias a presentar proyectos de similar naturaleza.”, explican desde el espacio Asamblea Ciudadana.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la CTEP Capital y la CTAA-Capital y fue elaborado con la participación de un gran número de asambleas y organizaciones sociales.
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