Nuevas filtraciones sobre el acuerdo de libre comercio de servicios dejan expuesta la intención de las corporaciones trasnacionales de impedir que los Estados fijen reglas para administrar su propia economía.
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El pasado 26 de mayo representantes de 50 países que forman parte de las negociaciones del TISA se reunieron secretamente en la sede de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. A pesar del pacto de silencio que envuelve estos acuerdos, el contenido de esta nueva ronda de discusión pudo conocerse gracias a nuevas filtraciones del portal Wikileaks.
El TISA (Trade in Services Agreement) es un acuerdo global sobre libre comercio de servicios que impulsan EEUU, la Unión Europea (en nombre de 28 Estados), Australia, Canadá, Taiwán, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Corea del Sur, Suiza, Turquía y, en América Latina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Nuevas filtraciones
Las filtraciones más recientes sobre el acuerdo refieren a temas como empresas estatales, servicios profesionales y nuevas disposiciones aplicables a todos los servicios. El apartado “nuevas disposiciones” establece pautas para restringir la facultad de los Estados para imponer a los proveedores extranjeros de servicios requisitos de desempeño, como la creación de nuevos puestos de trabajo, o la obligación de establecer presencia comercial en el país. Este tipo de medidas son más extremas que las dispuestas por otros tratados de libre comercio vigentes y afectan la capacidad de los países de regular a las empresas extranjeras.
Con medidas de este tipo, un país miembro del TISA no podrá regular la inversión extranjera directa y orientar su destino en base a metas de desarrollo. Los requisitos de desempeño forman parte de las estrategias que tienen a su alcance los Estados para lograr que un proceso de inversiones genere empleo, transfiera tecnología o impulse cadenas de valor donde participen pequeñas y medianas empresas locales, entre otras posibilidades. Frente a estas limitaciones ¿que aporte a la economía nacional puede hacer una inversión extranjera si el Estado en cuestión no puede adoptar ninguna medida que asegure un beneficio?
Patear la escalera
Los requisitos de desempeño han sido mecanismos no arancelarios por los cuales las actuales economías desarrolladas (EEUU, Japón y muchos países europeos) han exigido históricamente a las empresas extranjeras ciertas condiciones para promover su desarrollo nacional, aun en el marco de una economía abierta. Contratar ciudadanos nacionales en los directorios de las empresas, contratar proveedores locales, prestar dinero –en el caso de los bancos- a determinadas actividades, garantizar acceso universal a determinados servicios, limitar la participación del capital extranjero en ciertas compañías, son algunas medidas regulatorias que el TISA busca impedir.
El acuerdo deja vedadas con precisión todas aquellas medidas que permitirían capturar beneficios sociales de las inversiones extranjeras e impulsar procesos de desarrollo. Desde la gerencia local hasta el acceso universal, las medidas regulatorias son planteadas en los términos del acuerdo como un atentado contra las inversiones. Por eso se dice que los países desarrollados “patean la escalera”, una vez alcanzado su desarrollo no permiten a las naciones emergentes aplicar las mismas medidas para alcanzarlos.
Empresas y compras públicas bajo la ley del mercado
En materia de empresas estatales el TISA retoma y adapta medidas estipuladas en el Acuerdo Transpacífico (TPP). El objetivo es que toda empresa de propiedad mayoritariamente estatal funcione como cualquier empresa privada de negocios. No se busca la privatización directa, pero se pretende que funcionen con los mismos criterios mercantiles que el sector privado, vaciando su justificación y limitando cualquier excepcionalidad en su funcionamiento para garantizar el interés público.
Las compras gubernamentales han sido otro mecanismo que las naciones desarrolladas han utilizado para promocionar el desarrollo local, privilegiando proveedores nacionales. En tanto los acuerdos de libre comercio como el TISA exigen el “trato nacional” también para las compras públicas, cualquier inversor extranjero puede reclamar el mismo trato que un proveedor local. De ese modo, una medida para de carácter desarrollista pasa ser discriminatoria en lenguaje del libre mercado y la protección de inversiones.
Tratados como el TISA son considerados “acuerdos de nueva generación” porque a diferencia de los acuerdos comerciales que históricamente buscaban reducir barreras aduaneras para el intercambio de bienes, los nuevos tratados buscan imponer reglas a los Estados para limitar su capacidad regulatoria.
Fuente: Ignacio Rodríguez, www.clate.org
