Desde este miércoles y hasta hoy viernes se debaten en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) las propuestas para diseñar un modelo de Estado democrático y popular necesario para este nuevo tiempo, visto desde la perspectiva de la clase trabajadora.
La primera expositora fue Ana Rameri, del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP), quien comenzó con un repaso de las corrientes teóricas sobre el rol del Estado que dominaron los últimos cincuenta años a nivel global y local. Entre ellas, el estructuralismo -emparentada a los modelos desarrollistas que proponían una fuerte intervención estatal- declinaría en la década del 70; y la vinculada a la posterior hegemonía del capital financiero que -de la mano del Consenso de Washington y la caída del muro de Berlín- tuvo su representación máxima en el proyecto neoliberal.
En la Argentina ésta última comenzó durante la última dictadura cívico-militar y se profundizó durante la década del ’90. Implicó una reforma financiera, desmedida apertura comercial, represión de sectores populares u obreros, desguace del sistema económico y de las organizaciones sindicales.
“Sin embargo, es un esquema versátil, que puede mutar”, explicó Rameri, y agregó: “Hoy hay una revisión de esta corriente que busca neutralizar los costos políticos a partir de la lógica del Estado eficaz”. A su vez, la integrante del IDEP propuso reflexionar sobre los distintos roles que se le asigna al Estado, en tanto sintetizador de diversos intereses, herramienta de conservación de los mismos para una clase dominante o como instrumento de transformación: “Cuando pensamos un Estado no es cualquier Estado, puede ser el que nos presentan o uno distinto, el que pretendemos construir”.
A continuación fue el turno de Mariana Rivolta, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), quien abordó la relación fiscal entre provincias y Nación, y las consecuencias de ésta en el desarrollo de políticas. Según explicó, existe un modelo inviable e inconsistente, en gran medida debido a la vetusta Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal: “No persigue objetivos de equilibrio ni solidaridad”. A esto se suma –detalló- la falta de voluntad política para dar un debate y legislar al respecto como resultado de una casta política dominante que se esfuerza en sostener una disputa por los recursos, sin intentar repensar el esquema actual.
En este sentido, Rivolta se refiere al manejo discrecional de los recursos con un trasfondo político-partidario. En 2015, las provincias recibieron del Estado Nacional de forma automática 263.541 millones, mientras que la repartija discrecional fue de 151.881 millones. Incluso explicó que existen provincias donde el 80 por ciento del presupuesto se destinan a salarios y gastos corrientes, ambos ineludibles y periódicos (durante el año pasado 18 de las 24 provincias no lograron sostener sus gastos corrientes con recursos ordinarios, sino que debieron recurrir al Estado nación). “De esta manera es imposible pensar en políticas provinciales a mediano y largo plazo, lo que conduce a una falta de autonomía al tener que someterse a nación para cualquier inversión ’extraordinaria’”. Al respecto, la integrante del IPyPP remarcó la baja presión fiscal que posee buena parte de los distritos.
El siguiente en exponer fue Martin Harracá, docente, economista y referente del Movimiento Popular Patria Grande, quien se centró en la fuerte transferencia de ingresos que en los últimos meses se produjo desde los trabajadores hacia el sector empresario. Según explicó, dicha transferencia se puede leer como una serie de medidas gubernamentales: como la devaluación (70 mil millones de pesos por el corrimiento cambiario, 70 mil millones por dólar futuro), la quita de retenciones (con esta reducción impositiva los pooles de siembra tuvieron una apropiación de 10.200 millones de pesos) y la desregulación de las tasas de interés (la diferencia que habrían sacado bancos y financieras rondan los 45 mil millones de pesos).
En total, según detalló el economista, la transferencia de ingresos de un sector a otro en tan solo cinco meses (desde diciembre hasta principios de mayo) fue de casi 20 mil millones de dólares, o sea 281.106 millones de pesos. La cifra toma verdadera dimensión cuando observamos que en 2015 el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas fue de poco más de 11 mil millones de dólares, el de Educación y Cultura 8.400 millones, y Salud 4.300 millones.
Luego tomó la palabra Isaac Rudnik, Director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI). “La derecha fue muy eficaz en cuanto a tamaña transferencia en tan poco tiempo”, opinó en relación a la exposición que lo precedió. Según relató el economista, para este Gobierno el problema de la inflación es una cuestión monetarista, por lo tanto una relación entre moneda y productos circulantes. Reducir el gasto y achatar las paritarias, y a la vez levantar las tasas de interés son políticas consecuentes con esta visión ortodoxa de la economía.
Rudnik hizo fuerte énfasis en el hecho de que “aumentaron todos los precios de la economía, salvo el de la fuerza de trabajo”. Sin embargo, el director del ISEPCI afirmó: “El ajuste planeado y que ’necesitan’, es mucho mayor al ejecutado. Y esto se debe al proceso de resistencia que, si bien ha tenido limites, logró paralizarlo o al menos morigerarlo”.
El cierre de la mesa estuvo a cargo de Cynthia Pok, trabajadora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y Secretaria de Formación de la CTA Autónoma. La dirigente puso el eje en la importancia y necesidad de estadísticas para la población y la aplicación de políticas públicas: “Tenemos que entenderlo de la misma manera en que todos reconocemos el derecho a acceder a la luz y al gas. Porque la información permite la construcción de colectivos, y es también una herramienta de lucha”. A su vez, remarcó que las estadísticas públicas tienen, entre otros objetivos, el de constatar resultados o injerencias de las políticas aplicadas: “Son un monitoreo de las acciones del Estado”.
Para finalizar, la integrante de la Mesa Nacional de la CTA A fue crítica respecto de la proliferación de consultoras privadas –que se aprovecharon de la intervención y deslegitimación del INDEC- , y a la vez calificó la compilación y análisis de estadísticas como “un rol indelegable del Estado, y a los trabajadores como los garantes de su credibilidad”.
Fuente: www.eltrabajadordelestado.org
