Deben ser dos de las palabras más usadas en el mundo político y en el poder mismo. “Sinceramiento” y “Blanqueo” no figuran en el texto del proyecto que ingresó Graciela Ocaña en la Legislatura porteña. Pero invisibles en las dos carillas, ambos términos parecen subirse a una ola que en cada administración intentan explicarlo todo.
De todas maneras, la iniciativa de la legisladora y ex ministra de Salud de la Nación durante el gobierno de los Kirchner fue convertida en Ley provocando indignación y sorpresa. Se trata de una norma que habilita la publicidad de beneficios y premios a los médicos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para que se entienda bien solo basta leer el artículo 1° donde dice: “Los fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos que otorguen incentivos económicos o susceptibles de valoración pecuniaria con el objeto de incentivar en forma directa o indirecta al médico a tomar decisiones de diagnóstico y/o terapéuticas deberán informar dicha situación a la autoridad sanitaria local a efectos de darle debida publicidad”.
El texto enumera los incentivos como pagos en efectivo o por honorarios profesionales, pagos destinados a solventar cualquier actividad de formación profesional, pagos para solventar gastos de viajes y entrega de valores tales como pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación, comidas o cualquier otro bien susceptible de valoración.
Quienes no salen del asombro son los miembros de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM). Su secretario General, Ricardo Peidro, señaló que para los visitadores médicos que vienen denunciando prácticas entre laboratorios y galenos desde hace años, se acaban de blanquear los sobornos. “Sentimos un gran impacto porque nunca supimos que la ley iba a tratarse y por lo tanto, no pudimos tener la oportunidad charlar con los diputados. Nosotros promovimos leyes para que nuestra actividad fuera regulada. En la Ciudad existe una que está vigente, la 1713, que habla de sanciones en uno de sus puntos”.
El artículo al que Peidro se refiere es el octavo por el que se suspende o cancela la matrícula a quienes intenten promover las especialidades medicinales cuya información esté a su cargo, mediante actos reñidos con la ética, ofreciendo comisiones, prebendas o algún tipo de incitación o recompensa. “Recuerdo que en 2006 denunciamos incentivos y corrupción ante algunos diputados. Ahora nos llama la atención que en sus épocas de ministra, Ocaña nos recibía y estaba de acuerdo con nosotros en todo porque entendía que las dádivas, además, encarecían el sistema público de salud. Para nosotros, todo esto es doloroso porque se nos asocia con esas prácticas. Nuestro gremio existe desde 1947 por el impulso del ex ministro Ramón Carrillo y siempre nos defendimos para no quedar entrampados en las políticas de los laboratorios. Para mí, lo que se acaba de votar equivale a justificar que las maniobras espurias de todas maneras, se van a seguir haciendo”.
Cuando la ley habla de publicidad lo explica en su tercer artículo. Los datos de la empresa aportante, los productos distribuidos así como el nombre del médico beneficiario y la naturaleza del incentivo deben ser informados a la cartera de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez tendrá la facultad de pedir más precisiones, de ser necesarias.
«Llamaba la atención que en cada negociación politica de alguna norma, ella siempre ponía como condición –para apoyar cualquier proyecto– que se votara su ley», le dijo una fuente legislativa a Veintitrés. Por eso mismo en los pasillos del palacio se hablaba de la «Ley Ocaña». La legisladora integra el bloque de Confianza Pública, junto con los diputados Diego García de García Vilas y Marcelo Depierro. Los tres fueron consultados por este medio, pero ninguno respondió a los llamados.
Fuente: Jorge Repiso para Revista Veintitres
