El haber básico de jubilados y pensionados se sigue alejando del Salario Mínimo, Vital y Móvil, incrementado a partir de enero.
Por eso la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados -integrante de la CTA Autónoma- reclama un aumento de emergencia en todas las escalas antes de llegar al ajuste de los haberes en marzo. Además, sale al cruce de los argumentos que se esgrimen para quitar la cobertura plena de PAMI a los medicamentos de cierta franja de jubilados.
«Es urgente, necesario y posible un aumento de emergencia en todas las escalas ya que a partir de este mes, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que la ley define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia para su subsistencia, es de $ 8.060. Nuestro haber mínimo jubilatorio es de $ 5.660, por lo que requiere el 42% de incremento urgente en todas las escalas y, sobre esa base, la aplicación de actualización semestral en marzo de acuerdo a la ley 26417.
De lo contrario, por más alto que sea el porcentual en marzo, no saldremos de los limites reales de pobreza de la inmensa mayoría de los/as jubiladas/os y pensionadas/os. Eso es lo urgente y continuamos la lucha para que no haya ninguna jubilación ni pensión por debajo de la Canasta Básica de un adulto mayor.
Se hace imprescindible debatir en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de una Nueva Ley de Previsión Social que hemos vuelto a presentar (expediente 3031-D-2016) y continuamos la Campaña Nacional por Un Millón de Firmas para impulsar su tratamiento.
Por otro lado, respecto de nuestra salud, la situación es grave en todo el sistema prestacional. No hay suficientes camas para internación médica, al igual que en geriátricos y establecimientos de salud mental. Hay falta de médicos y de centros de atención al estilo de poli-consultorios y clínicas para enfermos de larga estadía. La falta de trabajadores sociales y los subsidios sociales (con montos desactualizados) han sido asumidos como un complemento marginal de las prestaciones médicas, constituyendo todo esto una desatención socio-sanitaria, más aún con prevalencia de enfermedades crónicas en esta etapa de la vida.
El Primer Nivel es donde se construye el lugar o espacio de articulación social y sanitaria, confluyendo nuestras necesidades, no sólo en forma individual sino a través de nuestra familia, entorno social y ambiental. Las prestaciones del Segundo Nivel de Atención (hospitales, clínicas y sanatorios) deben ser CONTINUAS e INTEGRALES superando los actuales “abismos” en la comunicación y articulación entre el médico de cabecera y el especialista del segundo nivel (clínica u hospital).
Debe reconducirse la importante y estratégica función de nuestro médico de cabecera, a fin de que dicho profesional no sea un mero transcriptor de recetas y derivador de pacientes. También retomarse el valor social del medicamento con la urgente implementación de un nuevo vademécum actualizado según estándares internacionales en la materia con previo estudio por parte de entidades universitarias públicas nacionales.
Debe investigarse y publicitarse el convenio del PAMI con las grandes Cámaras de Laboratorios de la Industria del Medicamento, firmado en 1997 y que se renueva anualmente sin los controles necesarios por parte del Instituto.
Con relación a las declaraciones del titular del PAMI, Carlos Regazzoni, y la Disposición 005 del 5 de enero 2017 sobre el acceso a la cobertura del 100% de la medicación, nos oponemos a medidas que restrinjan arbitrariamente este beneficio otorgándolo a quienes reciben hasta $ 8.500 mensuales y sólo pueden acceder al medicamento de esta manera.
El argumento respecto de los propietarios de aviones y embarcaciones beneficiados, para excluirnos de la cobertura total, nada tiene que ver con 1.600.000 jubilados y pensionados que reciben este beneficio. Ha creado gran incertidumbre la instrumentación de medidas de exclusión, como ser a los que tengan una prepaga, un vehículo con una antigüedad menor a 10 años (a menos que tengan un certificado de discapacidad), o más de una propiedad.
Sabemos que el servicio de ambulancia privada que brinda PAMI para sus afiliados es deficiente, al igual que la cobertura de salud en general y, por ese motivo, con ayuda financiera de sus familiares, se ven obligados a tener un servicio de emergencia alternativa o sumarse a planes de medicina prepaga. No porque les sobre dinero, sino por las deficiencias y riesgos en la atención médica del Instituto.
Abogamos por la unidad de acción para para impedir el avasallamiento de nuestros derechos adquiridos por las luchas de los trabajadores activos y jubilados. Y porque la salud es un derecho humano imprescriptible, luchamos por la normalización del INSSJP (PAMI) junto a sus trabajadores y decimos ¡basta de intervención!».
