La justicia inglesa falló contra la sentencia del Juez Griesa que afecta a los bonistas con títulos argentinos emitidos bajo ley británica. La resolución señala que esos bonos no deben ser incluidos en la disposición judicial de EEUU, que impide los titulares de esos títulos acreditar en sus cuentas el depósito que Argentina realizó a fines de junio, los que siguen inmovilizados en un Banco en Nueva York.
Por Julio Gambina, Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA).
El Juez Griesa había dispuesto un bloqueo de fondos por más de 500 millones de dólares depositados por Argentina en el Banco Mellon de Nueva York en junio del 2014. En ese depósito bloqueado se incluyen 255 millones de euros en bonos de legislación inglesa, por lo que esos inversores, entre los más conocidos el especulador húngaro George Soros, demandaron al banco estadounidense ante la justicia inglesa, quien les otorga razón.
Sin embargo, la disposición judicial del Reino Unido no resuelve la demanda de los bonistas que exigen sean depositados los fondos en sus cuentas. Es en definitiva lo que les interesa a Soros y otros especuladores que demandaron ante la justicia de Inglaterra por verse perjudicados por el fallo y el bloqueo de fondos realizado por Griesa.
La resolución final sigue en manos del juez neoyorkino, quien debe disponer en última instancia si valida el fallo londinense, sin perjuicio de que el proceso judicial escale a instancias superiores en Inglaterra. En su momento Griesa facilitó la liquidación de fondos de títulos emitios bajo la legislación argentina, por eso existe suspenso ante la resolución británica.
Puede pensarse que la Argentina está sometida a una disputa entre el sistema judicial de las dos grandes potencias capitalistas desde el Siglo XVIII hasta el presente, y difícilmente haya beneficio para la Argentina, ya que los buitres rondan la lógica imperialista.
Pero, más allá de las especulaciones sobre quien gana en esa disputa legal en los grandes centros del capitalismo mundial, Nueva York o Londres, lo concreto es que Argentina terminará pagando deuda y afectando recursos fiscales demandados por amplios sectores sociales que también demandan derechos insatisfechos.
Los bonistas de legislación inglesa enfrentan a la justicia estadounidense y ambas argumentan en beneficio de inversores y especuladores contra recursos públicos de la Argentina que también reclaman insatisfechas necesidades en el país.
Este conflicto de intereses hace necesario avanzar en la auditoria e investigación de la deuda pública argentina establecido en la ley de pago soberano de septiembre del 2014. Y claro, mientras se investiga, se impone la suspensión de los pagos de deuda.
Investigación de la deuda
Vale considerar el debate jurídico, Londres vs Nueva York, sobre la deuda local, cuando la noticia del momento es la discusión sobre la deuda de Grecia. Lo que se discute es la presión por continuar el ajuste antipopular que reclama la troika de las autoridades de la Unión Europea, el Banco Central de Europa y el FMI, con Alemania detrás, contra la propuesta del nuevo gobierno griego de renegociación mediada por la investigación de una deuda que se hace impagable.
Detrás de todo está el gran negocio del sistema bancario y financiero, gran beneficiario del elevado endeudamiento público de Grecia desde la emergencia de la crisis en 2008. Todo el esfuerzo de política económica se centró en el salvataje de la banca alemana y francesa, principales perjudicados por la situación de falencia al comienzo de la crisis. Por eso es que la auditoría de la deuda, una investigación a fondo pondría en evidencia a la burocracia gubernamental de Grecia, de Europa, y del sistema financiero mundial contra la miseria descargada sobre el pueblo griego.
Es interesante en ese sentido hacer el paralelo con la Argentina y más allá de la discusión sobre el peso de la deuda argentina respecto del PBI, el desendeudamiento, o la presión de los fondos buitres y la justicia de EEUU o de Inglaterra, pensar en la necesidad de auditar la deuda. Existe una disposición legal al respecto que no se cumple.
La auditoría de la deuda pondría en evidencia el fraude que ya tuvo sentencia judicial en junio del 2000 ante la demanda de Alejandro Olmos contra el endeudamiento de tiempos de la dictadura. Una investigación también estimulará la aceleración de otros procesos judiciales iniciados a posteriori y que afectan sucesivas renegociaciones de deuda, las que comprometieron recursos fiscales en contra de resolver amplias necesidades sociales y beneficiaron a la especulación y al sistema financiero mundial.
Vale mencionar que Argentina es quizá uno de los países de mayor investigación de la deuda en la Justicia y sin efecto concreto. Ahora existe una ley que manda investigar la deuda desde el inicio de la dictadura en 1976 y que no existen excusas para su materialización. Muchas veces se adujo que las sucesivas renegociaciones validaban la ilegitima deuda y sin embargo, se impuso por ley la investigación, que ahora ya no es solo una demanda de una parte de la sociedad sino una incumplida disposición legal.
La discusión griega es la oportunidad para asociar procesos de investigación de la deuda, en Grecia y en Argentina para que no solo sea noticia la Justicia de EE.UU o del Reino Unido, sino la impugnación de los pueblos a la usura y la especulación financiera.
