En entrevista con ACTA, Claudia Baigorria, Secretaria Administrativa de la CTA y Secretaria de Formación de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA), se refirió a lo que significa el nombramiento de Juan Cruz Ávila como Secretario de Políticas Universitarias.
* Por Martín Robledo
Claudia Baigorria afirmó: «Para la Universidad Pública, se diría que es casi ofensivo que Ávila sea designado al frente de la Secretaría, más allá de las cualidades personales que pueda tener (no lo conozco personalmente), académicamente no es un profesional que reúna el perfil necesario para conducir las políticas del Sistema Universitario Nacional. No es un emergente de la comunidad académica, como tradicionalmente lo han sido todos quienes ocuparon ese cargo».
-¿Qué opinión te merece la designación de Juan Cruz Ávila como Secretario de políticas universitarias?
La verdad que me parece muy penoso y no salgo del asombro, como tanta gente cuando recibió la noticia. Para la Universidad Pública te diría que es casi ofensivo que Ávila sea designado al frente de la Secretaría, más allá de las cualidades personales que pueda tener (no lo conozco personalmente), académicamente no es un profesional que reúna el perfil necesario para conducir las políticas del Sistema Universitario Nacional. No es un emergente de la comunidad académica, como tradicionalmente lo han sido todos quienes ocuparon ese cargo. Esto no pretende ser un razonamiento elitista, para nada. Porque en definitiva se podría decir que su tarea principal sería la de impulsar políticas y de gestionar los envíos de fondos a las 54 Universidades Nacionales. Es uno de los presupuestos más importantes que tiene el Estado Nacional – más de 40.000 millones de pesos -, aún cuando mayoritariamente se destina al pago de salarios del personal docente y no docente (cerca del 90%); el resto se asigna a becas, funcionamiento operativo, infraestructura, hospitales, investigación, etc. Pero Ávila, lamentablemente ha trascendido por ser empresario de medios y productor de un programa televisivo de relativo raiting (Animales Sueltos), en tanto no acumula trayectoria académica ni de investigación, ni ha sido votado jamás por los claustros (docente, estudiantil, no docente, graduados) para conducir ninguna Universidad Nacional en el cargo de Rector, por ejemplo. Más allá de estar al frente de un Hospital Universitario (el Clínicas) dependiente de la UBA. Y esto supone una enorme dificultad, ya que carece absolutamente de esa experiencia que solamente te la da el haber estado al frente de instituciones tan complejas como las Universidades Públicas.
-Claro, no conoce las Universidades
En efecto, y esto no sólo se debe a no haber tenido una carrera docente, o no haber dirigido grupos de investigación, o no haber estado jamás al frente de una Universidad Nacional. Se trata además de que Ávila ni siquiera es egresado de una Universidad Pública, ya que se graduó hace cuatro años como Licenciado en Psicología en una Universidad Privada (la Universidad de Belgrano). O sea que tampoco transitó como estudiante en la Universidad pública y gratuita. Complicado… Dicen que trabaja en estrecha colaboración con las autoridades de la Facultad de Medicina de la UBA, cuya gestión hemos cuestionado en ocasiones por la precarización laboral de sus docentes, muchos de ellos ad-honorem (trabajan gratis).
Creo que sus antecedentes, al menos habilitan la sospecha sobre su compromiso con la Universidad Pública. Y para nosotros, en esta etapa, además de consolidar en todas las Universidades el Convenio Colectivo de Trabajo que conquistamos en el mes de julio, resulta imperioso debatir la derogación de la Ley de Educación Superior sancionada durante el gobierno menemista hace ya veinte años. Esto lo resaltamos en una reciente declaración de nuestra Federación sobre la “Ley Puiggrós”, recientemente sancionada y que se promocionó como una reforma a la Ley de Educación Superior vigente. Creemos que es la gran deuda que nos deja el gobierno saliente. Y no es precisamente auspicioso que la persona que se vaya a designar al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias no sea al menos alguien muy referenciado con la Universidad Pública y Gratuita.
