El abogado de la Asociación Trabajadores del Estado, organización miembro de la CLATE, y la CTA Autónoma echó luz sobre los aspectos más relevantes del denominado “protocolo antipiquetes” que anunciara la semana pasada la Ministra de Seguridad del gobierno macrista.
* Por Prensa CLATE
«Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar», fue una de las más desatinadas frases que esgrimió durante la última semana Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri. La funcionaría, que allá por 2001 en el cargo de Ministra de Seguridad Social redujo un 13 por ciento los salarios de estatales y las jubilaciones, viene defendiendo a capa y espada este intento ilegal de disciplinar la protesta social.
Desde ATE, la CTA y la CLATE ya se ha tomado una postura de total rechazo frente a esta maniobra del Gobierno, que sin lugar a dudas entra en una abierta oposición a derechos y garantías constitucionales, y a Tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional.
“Es un engendro”
“En primer lugar, estamos ante una medida del Gobierno que es ilegal porque en el ordenamiento jurídico argentino no existe la figura del protocolo”, indicó Juan Carlos Capurro, y agregó: “No se puede legislar más que a través del Congreso Nacional, y mucho menos por medio de una creación ficticia, como en este caso”.
El reconocido abogado penalista entiende que el “protocolo antipiquetes” carece de legalidad, y que el mismo “está buscando pasar por encima la legislación de nuestro país”.
Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por la dictadura de Onganía e intentan cercenar el derecho a la protesta, dándole más poder de fuego a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social.
Como elemento punitivo, el protocolo advierte que ante un corte se aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. El artículo 194 establece que «será reprimido con prisión de tres meses a dos años» el que «impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas».
“El artículo 194 ya fue declarado inaplicable en abundante jurisprudencia de todo el país. Incluso a partir de acciones judiciales que hemos iniciado desde ATE y CTA, donde la justicia ha fallado a nuestro favor”, detalló.
“El protocolo se subleva contra el Poder Judicial”
“Las distintas instancias judiciales, e incluso la Corte Suprema, deberán expedirse en relación a la constitucionalidad de este llamado protocolo. Sin embargo, y esto es lo más aberrante, ni siquiera se trata de una Ley o reglamentación de Ley votada por el Congreso. Y entendemos que esto es lo primero a destacar: pretenden decir cómo y de qué forma debe actuar la policía, cuando ésta es una potestad constitucional de los jueces a partir de la legislación existente”, explicó Capurro, y sentenció: “Por lo tanto, este protocolo se subleva contra el Poder Judicial al intentar desviar facultades que sólo corresponden a un juez”.
Grave atentado a la libertad de prensa
Fueron numerosos los actores sociales y organizaciones del campo popular que en pocos días ya rechazaron el protocolo. Incluso el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) dio a conocer un comunicado donde repudia el mismo. El pronunciamiento fue aprobado por unanimidad durante la segunda asamblea general de la organización que se realizó en la sede de ATE Nacional.
“Particularmente nos preocupa que se busque la censura como forma de cobertura para el proceder violento de la policía. Según la nueva disposición “para los medios de comunicación se establecerá una zona determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran en el procedimiento”. Los trabajadores de prensa no aceptamos “liberar la zona” para que la policía reprima sin que queden evidencias. No nos van a encerrar en un corralito”, afirma el documento emanado de dicha asamblea.
“Son muy graves las restricciones que ponen al periodismo. Lo que se quiere hacer es encubrir las eventuales comisiones de delitos por parte de fuerzas de seguridad. Me refiero concretamente a tapar imágenes o testimonios que documenten hechos represivos”, explicó Capurro.
“En los últimos tiempos hay dos casos clave que reflejan cuál es el lugar que pueden ocupar los medios de comunicación en el esclarecimiento de delistos como estos. Uno fue la “Masacre de Avellaneda”, donde gracias al fotógrafo Pepe Mateos pudimos verle la cara y enjuiciar a los asesinos de los dirigentes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillan; y el otro fue el homicidio de Mariano Ferreyra, a manos de una patota de la burocracia sindical amparada por las fuerzas de seguridad. En ambos casos fueron los registros periodísticos los que impidieron que se mienta y manipule la verdad”, relató el abogado penalista.
En otro hecho más cerca en el tiempo, Capurro recordó: “El otro día en la “villa 11-14” pasó lo mismo: Gendarmería disparó de forma deliberada y con saña contra unos niños que ensayaban con su murga, y fue gracias a las fotos y videos de los vecinos que se demostró que ahí no había razón alguna para utilizar la fuerza policial, y mucho menos de aquella forma”.
“Se está buscando perfeccionar la cadena de encubrimiento”, fustigó, y agregó: “Si lo que buscan es que sólo exista una versión oficial de los hechos, estamos en un problema grave”.
Fuente: Diego Leonoff, www.clate.org
