El Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA), en nombre de los 30 mil profesionales y trabajadores de salud de veintidós provincias se dirigen a ustedes a los fines de hacerle llegar nuestra visión y nuestros reclamos con vistas a la próxima contienda electoral.
«Los indicadores de salud colectiva reflejan una situación social que marca la persistencia de severos déficits, no superados durante el ciclo de crecimiento económico que comenzara en el 2003 y que hoy se encuentra detenido.
No ha habido mejorías sustanciales en indicadores sensibles que hacen a la situación socio sanitaria: niños y niñas bajo la línea de pobreza, niños y niñas bajo la línea de indigencia, tasa de mortalidad infantil,tasa de mortalidad materna y embarazos adolescentes. Podemos afirmarlo a pesar de las dificultades para el diagnóstico producidas por la tergiversación cuando no destrucción de las Estadísticas oficiales.
Gasto en salud-infraestructura disponible
La Argentina gasta en salud entre el 8,5 y el 10% del PBI.La deformación de las estadísticas públicas impide hoy tener valores confiables y precisos. El sector público consolidado (nación,provincias y municipios) invierte solo el 2,6% del PBI, es decir, del 25 al 30% del gasto total en salud. El 85% de ese gasto lo siguen aportando las provincias.
El gasto de bolsillo de la población (medicamentos, insumos, aranceles, seguros privados, copagos) supera el 40%.
El sistema público de salud en la Argentina cuenta con 1.500 hospitales y 6.000 unidades sanitarias. El sistema posee 70.000 camas de internación (52.000 menos que al finalizar la gestión de Carrillo en 1954).
Los planes focales, aplicados verticalmente como paquetes promovidos por los organismos financieros internacionales, no han solucionado los grandes problemas de la salud:
No mejoraron las tasas de mortalidad infantil y materna.
El Plan Remediar no disminuyó el gasto de la población en medicamentos.
El Plan Nacer no impactó positivamente en las tasas sanitarias y agravó la precarización laboral.
Las tercerizaciones y las privatizaciones fragmentaron y debilitaron al sistema público de salud, sin ofrecer respuestas.
Un ejemplo paradigmático ha sido el fracaso de la privatización del Hospital Materno-Infantil de Salta.
El Sistema de Formación de Posgrado se encuentra en crisis.
El síntoma más elocuente es que no se cubren más del 25% de los cargos en las Residencias del equipo de salud.
Situación de los trabajadores de la salud
En la Argentina, en el Sector Público, trabajan 300.000 agentes (profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo).
Siendo la actividad de salud de índole humano-intensiva (gente que atiende gente), la situación de los trabajadores se convierte en un nudo crítico de las políticas sanitarias.
El 30% de la fuerza laboral está precarizada, con provincias que alcanzan el 80% (San Luis) o superan el 50% (Santiago del Estero, Formosa).
El principal programa del Ministerio de Salud de la Nación, el plan de médicos comunitarios, hoy en vías de reconversión, tiene al 100% de su fuerza laboral precarizada, con bajos sueldos y cobro irregular. En el Hospital Posadas se encuentran precarizados el 70% de los profesionales. La situación persiste a pesar de la desprecarización de treinta mil trabajadores de todo el país gracias a la lucha de las regionales de FESPROSA.
En muchos casos los salarios se encuentran por debajo del valor de la canasta familiar regional (canasta básica total), y en algunas provincias, como Santiago del Estero, por debajo de la canasta alimentaria.
La baja tasa de sustitución del salario por el haber previsional (40%) lleva al envejecimiento de los planteles, dado que los trabajadores postergan al máximo el momento de su jubilación.
Las condiciones laborales antes descriptas, el deterioro edilicio y la violencia intra y extra- institucional, conforman un cuadro que impacta negativamente en la salud de los trabajadores de la salud. Recientemente CICOP,la regional de FESPROSA en la provincia de Buenos Aires, obtuvo la sanción de una norma que reconoce el desgaste laboral y el sufrimiento psicosocial de los trabajadores de salud. Este es un paso que deberá extenderse a todo el país.
En el orden nacional no existe una instancia de negociación colectiva entre el Estado y sus trabajadores. A ello se suma la ausencia de instancias de negociación en muchas jurisdicciones provinciales y municipales, unida a la falta de libertad sindical.
El deterioro del Medio Ambiente impacta negativamente en la salud colectiva
El 5 de junio de 2015, varias ONGs, colectivos sociales del país, Cátedras de la Universidad Pública y profesionales de la salud, el derecho, las ciencias sociales y agrarias realizaron una presentación ante el SENASA a fin de que inicie el procedimiento de Análisis de Riesgo de todos los registros con el principio activo Glifosato, conforme lo establece el Punto 3 del Capítulo 18 de la resolución SENASA 350/1999. El glifosato fue declarado como «probablemente cancerígeno para los seres humanos» (Grupo 2A) por el informe del mes de marzo de 2015 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer,órgano que actúa dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud.
Las evidencias epidemiológicas en los pueblos fumigados y la resolución de la OMS hacen necesarias la prohibición inmediata del glifosato y el 2,4D.
La «Megaminería a cielo abierto» es una de las más devastadoras formas de extracción de materias primas minerales (oro, plata y cobre principalmente).
Tiene enorme impacto negativo a nivel ambiental, social, económico y cultural. Sus efectos más nocivos son el agotamiento del agua, la contaminación de los bienes comunes, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del paisaje y la destrucción de las economías regionales. La utilización y liberación de sustancias tóxicas constituye un grave riesgo para la salud de la población,como acaba de demostrarse en Jachal.
FESPROSA se pronuncia por la prohibición de la megaminería contaminante con utilización de sustancias tóxicas,la reforma inmediata del Código de Minería y la anulación de todas las leyes que permiten a las corporaciones transnacionales y sus socios locales la explotación irracional y depredadora y el saqueo de nuestras reservas junto al monitoreo activo de las zonas afectadas por todos los megaemprendimientos que actualmente existen en el país.
FESPROSA exige políticas activas en defensa de la salud pública y de las condicionales laborales de sus trabajadores, a saber:
A- Apoyo al Proyecto de Ley de Creación del Programa de Financiamiento del Sector Público de Salud que busca llevar el gasto estatal en el área al 4% del PBI en el 2016, como inversión social prioritaria.
Este programa, basado en el incremento de la inversión del estado nacional, prevé que las provincias que accedan al mismo deban cumplir una serie de requisitos que compartimos, a saber:
La no disminución de su propio presupuesto medido en porcentual del PBI.
La creación de una cuenta especial de transferencia con acceso al monitoreo público en Internet.
La promoción del trabajo decente, finalizando con la precarización de los trabajadores de la salud y los salarios que no cubran la canasta familiar.
La prohibición expresa de aplicar esos fondos a la privatización o tercerización de servicios.
La gratuidad absoluta de todas las prestaciones en el Sistema Público.
La negociación colectiva nacional, una carrera sanitaria para todo el país y la oferta de trabajo full-time en el Sistema Público de Salud.
B- El compromiso de suspender la financiación de planes focales con créditos de los organismos financieros internacionales, los que aumentan la deuda externa y la dependencia en el diseño de políticas públicas de salud.
C- El apoyo a la creación de una paritaria nacional de salud, con participación de los gremios del sector, los ministerios de salud y trabajo y el Consejo Federal de Salud.
D- El apoyo al proyecto que lleva las jubilaciones al 82% móvil para los trabajadores de la salud.Junto a ello la derogación del impuesto al salario.
E- La puesta en marcha de políticas efectivas que hagan realidad los instrumentos legales disponibles para la producción pública de medicamentos, sueros y vacunas.
A modo de conclusión:
El estado de la salud pública sigue siendo una deuda impaga de la democracia argentina. Es necesario impulsar un gran debate nacional sobre la reforma sanitaria que necesita el país para que su sistema se convierta en instrumento de efectivización plena del derecho ciudadano a la salud».
Fuente: www.ampros.org.ar
