A través de la Circular 4/2022, firmada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que a partir del viernes 10 de junio deje de usarse la “e” o la “x” como lenguaje inclusivo en todos los contenidos que dicten las y los docentes, tanto en el material que se le entrega a alumnos y alumnas, como en documentos oficiales de las escuelas. La Ministra advirtió además que se implementarán sanciones en caso de no cumplir con esta prohibición.
La excusa del Gobierno de la Ciudad para imponer esta norma son “los bajos rendimientos” de alumnos y alumnas de escuelas porteñas en la última evaluación sobre Lengua realizada en estudiantes de sexto grado del nivel primaria y de tercer año de secundaria dados a conocer días pasados, que reflejan un retroceso durante el período de pandemia.
Al conocerse la circular, rápidamente la medida fue cuestionada por un amplio abanico de docentes, diversidades y trabajadores de niñez.
Desde la CTAA Capital, Daniela Rodríguez, secretaria de Formación de la Central porteña, opinó: “No hay educación posible cuando se parte de la prohibición. Eso es adoctrinamiento, eso es la disciplina de que la letra con sangre entra. Lo que la Ministra parece desconocer es que este tipo de medidas son poco efectivas, no por negar se deja de ser o de existir. Y el lenguaje inclusivo representa toda una década de transformaciones culturales en clave de género, años de lucha y, por supuesto, mucha sangre derramada. Transformaciones de las que no volvemos aunque nos prohíban por decreto. Cómo dicen las travestis ´a la cárcel no volvemos´ y a la cárcel de la lengua tampoco vamos a volver. No volvemos de más de 10 años de Educación Sexual Integral (ESI) y no volvemos de la Ley de Identidad de Género, aunque la Ministra nos prohíba.”
“El uso del lenguaje inclusivo en respeto de todas las identidades de género nos permite también reflexionar acerca del rol de la Escuela y la Educación en este lío, cuando se trata de profundos cambios culturales. Se trata de generar las herramientas pedagógicas que permitan a les niñes y adolescentes realizar sus aprendizajes significativos y todo lo necesario para desarrollar plena y dignamente sus vidas. Es responsabilidad del Ministerio capacitar a la docencia y al conjunto del sistema educativo para el uso correcto del lenguaje inclusivo y para la aplicación de todos los cambios que implica la Ley ESI y la Ley de Identidad de Género. Les pibes no van a estar esperando a la Ministra para ser y elegir por si mismes y la Escuela, con la Ministra a la cabeza, tiene que acompañar está transición cultural protagonizada por nuestras niñeces y adolescencias, concluyó Daniela.
Joaquín Coronel, profesor del Bachillerato Popular Miguelito Pepe de Somos Fuego, por su parte, aportó: “Más allá de que las identidades no se pueden prohibir por decreto, este tipo de medidas permiten y habilitan a sectores reaccionarios a poder avanzar sobre los derechos adquiridos y es importante identificar que la institucionalidad del lenguaje inclusivo también permite cohibir de alguna manera al fascismo internalizado que ciertos sectores reprimen cuando la legislación prohíbe este tipo de iniciativas”.
“En este sentido, creo que la decisión de la Ministra de prohibir el lenguaje inclusivo no hace más que reforzar su carácter disruptivo, porque molesta, porque rompe con estructuras del status quo es que decidimos militarlo y sostenerlo y sino molestara a la derecha no cumpliría su función primordial que es de abrir a nuevas expresiones que escapan a la lógica estructural de las relaciones de poder”, agregó el compañero.
Por su parte, Clarisa Gambera, secretaria de Géneros de la CTAA Capital, trabajadora de Niñez y docente en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Ya se dijo desde diversas disciplinas y enfoques que el lenguaje es materia viva, que lo habitamos las personas y que por decreto o resolución no se puede impedir que se siga usando para dar cuenta de un proceso de ampliación de derechos en un contexto que ha comenzado a saldar una deuda histórica con la comunidad LGTTBQ +”.
“Es de una enorme violencia simbólica pedir que dejemos de nombrar o de habilitar en nuestras aulas esas marcas del lenguaje que son llamadas de atención que dan cuenta de un orden social discriminatorio. Quienes nos formamos en ESI y asumimos la responsabilidad del respeto de los DDHH en sentido amplio, no podemos asumir que esta orden arbitraria y contraria a derechos sea posible de exigirse. Esta resolución es una provocación con fines electorales que busca simpatía con una parte del electorado que ha asumido el discurso de odio como bandera y también sirve para tapar las razones múltiples que dan cuenta de las dificultades que tenemos en el aprendizaje de la lectura y escritura, todas más cerca de la precariedad de este tiempo que del uso de la “e””, concluyó la Gambera.
Las voces de las y los compañeros se hace oír desde que se conoció la medida. Incluso, ayer lunes 13 de junio se presentó una acción de amparo en la Justicia para dejar sin efecto la resolución que comenzó a regir el pasado 9 de junio y que impide aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” como “chiques”, “bienvenidxs” o “alumn@s”.
