El 23 de septiembre los trabajadores del Estado nacional realizarán una jornada de lucha que incluye la movilización a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así lo resolvió ayer el plenario de delegados del sector. “Necesitamos dotar de impacto político a esta pelea antes del 31 de diciembre, cuando vencen los contratos de 600 mil trabajadores del Estado”, introdujo el Secretario General Julio Fuentes.
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La idea original del encuentro fue de los trabajadores del INTI, que se fue contagiando entre las distintas juntas internas de Capital Federal y luego entre las bonaerenses. Finalmente, más de 250 delegados de ATE en el Estado nacional se reunieron ayer en el Anfiteatro Eva Perón. Hubo también presencia de compañeros de Córdoba y Santa Fe.
Durante la apertura del plenario, el Secretario General de ATE, Julio Fuentes, caracterizó los aspectos más importantes de la lucha contra la precarización laboral en el Estado, que ha sido casi el eje monolítico de los trabajadores de las administraciones provinciales y municipales durante los últimos años. “Necesitamos unificar y nacionalizar las peleas que en cada provincia y municipio se vienen llevando adelante. Necesitamos acelerar los tiempos para dotar de impacto político a esta lucha antes del 31 de diciembre, porque corre riesgo, con el cambio de gobierno, la estabilidad de 600 mil trabajadores del Estado”, expresó Fuentes.
Luego, el Secretario Adjunto Hugo Godoy, precisó: “Queremos el pase a planta permanente de la mayor cantidad de trabajadores del Estado precarizados. Queremos también alertar a los gobiernos que asuman, que ATE no va a permitir que toquen a un solo compañero precarizado. Para nosotros es un orgullo instalar en la Corte Suprema de la Nación la naturaleza del derecho a huelga, mientras en la OIT el empresariado busca restringirla”.
Datos duros
Los delegados participantes hicieron uso de la palabra con precisiones sobre la situación laboral en su sector. En sus manos, contaban con un informe denominando “Apuntes sobre la precarización laboral en el sector público nacional” elaborado por el IDEP, el instituto de investigaciones de ATE.
Su director, Horacio Fernández, introdujo algunos datos alarmantes sobre los que es difícil precisar su exactitud, por la destrucción de los índices estadísticos oficiales y la cantidad de trabajadores precarizados mediante figuras como la del Argentina Trabaja y planes sociales, o relaciones de empleo encubiertas en fundaciones y universidades.
“De todos modos”, continuó Fernández, existe un dato ineludible: la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía reconoce, a diciembre de 2014, el pago a 70.190 trabajadores contratados en el Estado nacional, que representan el 17,7% del universo estatal. La ley que rige estas relaciones de labor establece sólo un máximo de 15%”.
El informe del IDEP agrega que, entre ese 17,7%, la mayoría depende de la administración pública central. Un registro es más alarmante todavía: el Ministerio de Trabajo, que debiera velar por la legalidad en las relaciones de empleo, emplea al 28% de sus trabajadores por fuera de la planta permanente.
Antes de finalizar, la Secretaria de Organización del sindicato, Silvia León, recordó que mediante la lucha, ATE ha logrado durante los últimos años el pase a planta de alrededor 100 mil compañeros.
Fuente: El trabajador del Estado
