Los primeros meses del año estuvieron marcados por una caída de los niveles de empleo y por un fuerte retroceso del salario real. En seis meses la cantidad de asalariados registrados del sector privado se redujo en 128.294 casos, y el salario real perdió casi un 10% de su valor. En este contexto, el segundo trimestre de este año se caracterizó por un fuerte incremento de la conflictividad laboral, verificada tanto en la cantidad de conflictos que se produjeron en el sector privado como en la mayor intensidad que adoptaron en el sector público.
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En comparación con el segundo trimestre del año anterior la cantidad de conflictos en el sector privado creció un 22%, rompiendo con la caída tendencial que se había iniciado a mediados de 2014. Por el contrario, el segundo trimestre de este año vuelve a ubicarse dentro de los más conflictivos de los últimos años.
La cantidad total de conflictos en el sector público presentó un descenso en comparación con un año atrás, pero ello fue como consecuencia de una fuerte centralización e intensificación, principalmente a nivel provincial y municipal.
En otras palabras, cada conflicto reúne a más actores, más trabajadores y se prolonga durante más tiempo (algunos conflictos permanecieron abiertos durante todo el trimestre), pese a lo cual se contabiliza estadísticamente como un único conflicto. Los ejemplos más conocidos de este proceso fueron los conflictos que tuvieron lugar en provincias como Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en muchos casos impulsados por multisectoriales o Frentes Gremiales (que incluyen sindicatos de diferentes actividades y pertenecientes a distintas centrales sindicales).
Por el lado de la negociación colectiva, resulta llamativa la fuerte caída de los convenios, por actividad y por empresa, y de los acuerdos por empresa homologados en el primer semestre de este año. En total, la cantidad de homologaciones se redujo un 37,5% en comparación con el mismo período del año anterior, siendo el primer semestre con menor cantidad de homologaciones desde el año 2007. Si bien todavía resulta prematuro aventurar una explicación acerca de esta caída, no podemos dejar de mencionar que uno de los reclamos formulados recientemente por el diario La Nación en su editorial sobre reformas laborales pendientes fue la eliminación de la homologación de los acuerdos y convenios colectivos por parte del Ministerio de Trabajo. En este sentido, no podría descartarse un interés de los empleadores, posiblemente compartido por la autoridad administrativa del trabajo, de debilitar la intervención estatal en la negociación colectiva, al menos a nivel de empresa.
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