Hace más de tres años que desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible (FJ-HLI) junto a organizaciones del sector cultural-juvenil y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), confluyeron en la denuncia jurídico-política contra la represión sufrida el 12 y 13 de marzo del 2013 en el marco del conflicto de la Sala Alberdi. ACTA reproduce el comunicado.
«Durante aquella jornada tuvo lugar un intento de desalojo orquestado y ejecutado por los distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de aquel momento: el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, la Directora del CCGSM Gabriela Ricardes y el Ministro de Cultura Hernán Lombardi. Todos integrantes del PRO, respondiendo políticamente al entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri. El hecho trajo graves consecuencias: 60 heridos por balas de goma y gases lacrimógenos, cuatro detenidos (entre ellos un menor), una joven herida con fractura de cráneo y, por si esto fuera poco, dos periodistas de la RNMA y otro manifestante gravemente heridos con balas de plomo. Esa fue la respuesta del gobierno del PRO frente a la lucha de artistas, docentes y estudiantes contra el vaciamiento y la privatización de la cultura. Esa fue también su respuesta contra la comunicación comunitaria, alternativa y popular, que visibiliza las luchas del pueblo desde el corazón de sus trincheras, construyendo una perspectiva de resistencia contra toda opresión.
«Tras un sostenido trabajo en unidad para la visibilización de esta denuncia, que incluyó concentraciones político-culturales ante cada nueva instancia y una ardua investigación sobre los actores implicados, hemos logrado que los días 9 y 11 de noviembre se realice el juicio oral y público contra los tres metropolitanos que tiraron balas de plomo. Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa se encuentran hoy procesados por haber sido los responsables materiales de los disparos en medio de aquella represión policial, siendo, además, el último de ellos procesado en una nueva causa por tenencia ilegal de armas (encontradas en el allanamiento realizado en el marco de la investigación de esta causa). Éste será el primer juicio contra efectivos de la Policía Metropolitana por represión a manifestaciones populares, sentando un importante precedente frente a futuras represiones. Recordemos: en la represión y asesinatos del Parque Indoamericano los efectivos de la Metropolitana y de la PFA fueron sobreseídos; en la represión del Hospital Borda, si bien se anuló el sobreseimiento del jefe y subjefe de la Policía Metropolitana Horacio Alberto Giménez y Enrique Pedace, su situación judicial continúa incierta; así también con las represiones en el Barrio Papa Francisco, donde no hubo procesos judiciales.
«Asistimos a un momento político donde los CEOs que gobiernan de manera directa se encargan también de alinear al país hacia las políticas comandadas por EEUU, vemos avanzar una liberalización de la economía y cómo se construye una hegemonía conservadora y reaccionaria frente a las conquistas históricas de los Derechos Humanos, así como también advertimos un proceso de profesionalización de la estructura del aparato represivo del Estado, sumado a la profundización de su intervención en la sociedad. Por todo esto, resulta fundamental que todxs aportemos a la lucha Antirrepresiva, porque frente a un enemigo tan voraz el camino correcto para resistir es la construcción de la más amplia unidad, manteniendo una clara independencia política, para así vencer».
