La CTA A, Regional Capital, repudia la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y GBA (SIVENDIA), conocido como sindicato de Canillitas.
Entendemos esta intervención de la Justicia como parte de una ofensiva contra los trabajadorxs y sus organizaciones.
Decimos ello, porque dicha intervención no es un hecho aislado sino que desde que asumió el Gobierno de Cambiemos se evidencia un recrudecimiento de la política del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial contra los dirigentes y las organizaciones gremiales.
Efectivamente, mediante dilaciones, intervenciones, e impugnaciones, se ha cercenado el poder de organización de los trabajadores.
Un estudio realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA A y la organización Liberpueblo sobre criminalización de la protesta social destaca que “durante los primeros 15 meses de la actual gestión del Gobierno se registraron como mínimo 186 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular”.
En tal sentido, se evidencia la situación de criminalización de la protesta gremial acontecida en la mayoría de las provincias que ha incluido la persecución penal de numerosos dirigentes y activistas sindicales en todo el país, entre ellos muchos integrantes de las comisiones directivas de los sindicatos de la Federación Azucarera Regional (FAR); Integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato AAPM, y del Secretario General de ATE Rio Negro, Rodolfo Aguiar, y su Secretario Adjunto, Aldo Capretti.
En este marco, repudiamos también el procesamiento de Enrique Wandschneider, abogado de los sindicatos de trabajadores de la industria azucarera de Salta y Jujuy. A ello se suman los juicios políticos iniciados contra jueces del trabajo como los Dres. Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Dora Temis, Luis Raffaghelli y Diana Cañal.
Alarma particularmente la injerencia indebida en los procesos electorales sindicales que incluso han llegado a la intervención judicial de sindicatos como la FEIA de Tucumán y el sindicato de judiciales de Mendoza.
La negociación colectiva, por su parte, se ve afectada en la actualidad por la negativa manifiesta de algunas patronales -e incluso del propio Ministerio de Trabajo- a negociar. Esta obstrucción vulnera derechos consagrados y busca debilitar a las propias organizaciones obreras.
Incluso el propio Ministerio ha sido denunciado por la CTA Capital ante la Justicia Nacional y ante la OIT por el despido de la totalidad de los representantes de los trabajadores de Maestranza (SITMA CTA) que prestan servicios en la cartera laboral, lo que representa una violación abierta a la libertad y democracia sindical.
Estos actos solo muestran que el interés estatal y de los empleadores va mucho más allá de un caso puntual, y apunta a disciplinar la acción del conjunto de los trabajadores.
Por ultimo es necesario recordar que desde 1988 hasta la actualidad, el comité de expertos de la OIT ha observado año tras año al Estado Argentino por entender que la Ley 23551 es violatoria de los Convenios Internacionales sobre Libertad y Democracia Sindical.
Por ello, reafirmamos una vez más lo que siempre hemos sostenido: La única forma de resolver los problemas de los trabajadores y sus organizaciones es garantizando una real y efectiva Libertad y Democracia Sindical.
Secretaría General CTA Capital
