Se cumplen 13 años de una fecha bisagra de la historia reciente de la Argentina. El 26 de junio de 2002 miles de trabajadores desocupados salieron a pelear por trabajo y fueron reprimidos salvajemente por la policía duhaldista. La CTA llama a movilizar en las diferentes actividades que se llevarán a cabo para exigir justicia por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Dos muertos, más de treinta heridos de bala, cerca de doscientos detenidos y miles de personas huyendo atemorizadas son algunos de los números de la hoy llamada Masacre de Avellaneda.
Sin embargo, los apellidos Kosteki y Santillán ya son parte de la memoria de las luchas populares de nuestro país e incluso del continente. Sus muertes, lamentablemente, no fueron ni las primeras ni las últimas que dejó la represión contra las movilizaciones populares por parte del Estado.
Las figuras de Maxi y Darío no han dejado de acompañar durante todos estos años la militancia de decenas de organizaciones, de distintas procedencias ideológicas e identidades políticas, en las batallas por conquistar, afianzar y proyectar nuevos derechos.
Lo que sucedió el 26 de junio fue la consecuencia inmediata de la crisis de 2001, desencadenada por las políticas económicas neoliberales de más de una década. Convertibilidad, privatizaciones de las empresas estatales, desregulación de la economía, corridas bancarias y fugas de capitales fueron algunas de las causas que generaron un estado débil de derecho. El desenlace de la masacre de Avellaneda es harto conocido, el presidente interino Eduardo Duhalde tuvo que adelantar las elecciones y, desde entonces, ha sido una figura política en decadencia, escrachado cada vez que intentó presentarse nuevamente como posible “salvador” de un país en caos.
Pero la pelea por justicia y contra la impunidad emprendida por los familiares, amigos y compañeros de militancia de Darío y Maxi aún sigue. Hubo conquistas, claro, como en 2005 cuando los Tribunales de Lomas de Zamora juzgaron y condenaron al ex Comisario Alfredo Franchiotti y al ex Cabo Alejandro Acosta a cadena perpetua. Pero seguimos exigiendo que se investigue, enjuicie y castigue a los autores intelectuales y políticos de aquella jornada. En las próximas elecciones se ve la presencia de alguno de los responsables políticos de la masacre, como Aníbal Fernández, Felipe Solá y Jorge Vanossi que tendrían que estar respondiendo ante la justicia, no haciendo proselitismo.
A 13 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, pueden advertirse los avances en la criminalización de la protesta: la condena a los petroleros de Las Heras, los procesados por el Indoamericano, entre decenas de causas judiciales a trabajadores en lucha por defender sus derechos y puestos de trabajo.
Este 26 de junio seguimos levantando las banderas por las que lucharon nuestros compañeros: “Contra la impunidad de ayer, de hoy y de siempre”.
