José Rigane también se refirió al modelo energético actual y de la necesidad de contar con «un Estado que sea vital, capaz de ejercer e implementar políticas, de ejercer planificación y el poder imprescindible para que las empresas hagan lo que se necesita. No un Estado bobo que termina siendo socio de las políticas de las multinacionales».

-¿Qué importancia tiene para la organización de los trabajadores haber logrado esta resolución favorable de la OIT para el reclamo de la FeTERA?

 Tiene una importancia altamente significativa porque confirma varias cuestiones que venimos planteando ante el Gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo primero es que ratifica que en la Argentina no hay libertad ni democracia sindical. Lo segundo es que está muy claro, después de 14 años de reclamar por la personería gremial de FeTERA, que no es un problema administrativo ni técnico, que se trata de una decisión política del Gobierno y del Ministerio de Trabajo de la Nación de otorgar o no otorgar esa personería gremial. Y es la demostración, entonces, de que por más que en la Constitución Nacional rige el derecho fundamental de los Convenios Internacionales de la OIT, los mismos después no se cumplimentan en Argentina. Y la decisión de la Comisión de Expertos y del Consejo de Administración y del Comité de Libertad y Democracia Sindical de la OIT instan al Gobierno a que otorgue la personería gremial a FeTERA es una ratificación de nuestra orientación política gremial de la CTA respecto de la importancia de la vigencia de la libertad y la democracia sindical inexistente en la Argentina.

-¿Por qué creen ustedes que el Gobierno retrasa esta decisión sobre FeTERA que es ineludible?

 Bueno, lo hace por una decisión política, porque lo que intenta es precisamente trabar el desarrollo organizativo de todo aquello que entiende no le responde políticamente. Es el mismo criterio que tiene el gobierno con relación a los distintos reclamos y planteos que se le hacen desde el movimiento obrero a los que no responde ni atiende en una mesa de diálogo porque no se trata de los amigos, ni de aquellos que le rinden pleitesía a su política.

-¿Qué te parece que va a pasar, el Ministerio va a acatar?, ¿Qué pasos van a seguir ustedes en el caso de que no lo haga?

 Ojalá el Ministerio de Trabajo dé una señal de sensatez y de respuesta democrática y si no sucede así habrá que recurrir a la justicia para hacer cumplir esta recomendación de los organismos de la OIT que evidentemente son inapelables.

-Cambiando de tema, ¿qué evaluación hacen sobre la coyuntura de la energía, va a faltar el suministro, habrá cortes?

 El sistema energético está en crisis hace mucho tiempo en Argentina, lamentable y desgraciadamente, producto y consecuencia de las políticas de un modelo basado en la privatización y en la tercerización. La expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF no han significado para nada lo que sería la recuperación del patrimonio energético a manos del pueblo argentino. Esto ha generado una gran confusión y sobre todo confunde los objetivos estratégicos que debería tener cualquier gobierno que se caracterice como nacional y popular. Y a diferencia de cualquier país, en términos generales, de América del Sur, nuestro país no tiene precisamente definida la política energética en función de los intereses y las necesidades del pueblo argentino. Y esto está muy claro en vivir situaciones como las que vivimos: estamos en invierno, hace frío, no tenemos gas y entonces hay que importar energía y no tenemos electricidad: es un modelo que pareciera estar dependiendo siempre del clima y esa es la demostración que es un modelo que no ha funcionado ni va a funcionar nunca.

-Y en el caso de la producción de energía no alcanza con el refunfuño del Gobierno a Edenor y a Edesur

 Cuántas veces ha habido cortes y cuántas veces el Gobierno ha salido a criticar a las empresas pero nunca ha tomado una determinación en serio. Nosotros necesitamos un Estado que sea vital, capaz de ejercer e implementar políticas, de ejercer planificación y el poder imprescindible para que las empresas hagan lo que se necesita. No un Estado bobo que termina siendo socio de las políticas de las multinacionales.