“Tras la catástrofe sanitaria que viven los vecinos y vecinas de la 31 y del Barrio Ricciardelli, exigimos que el Gobierno de la Ciudad de una respuesta que cuide a la población de nuestro barrio ya”, dijo a ACTA Dagna Aiva, vecina de la 21-24 de Barracas e integrante de la CTA A Capital.
“Desde el Comité de Emergencia y la Junta Vecinal de la Villa 21-24 denunciamos con preocupación la crisis sanitaria y social que vivimos en la 21-24 y Zavaleta”, agregó en esta entrevista.
Esta semana comenzó el operativo Detectar en la villa 21-24 y Zavaleta, pero lo hizo con numerosas irregularidades: “en estos momentos tenemos en el Hospital Ramos Mejía vecinos con COVID 19 confirmados, en la misma sala donde hay vecinos que no lo tienen; no hay protocolo, no hay respuesta y hay mucho miedo”, dijo Dagna.
Según contó la dirigenta, hay vecinos que debieron esperar todo el día para ser atendidos, que convivieron con personas con COVID 19 y contactos estrechos en el mismo espacio, personas con síntomas a las que las llevaron a recorrer hospitales y no las reciben, familias sin barbijo, poca información. “Lo que pasa en los barrios populares es muestra de desidia y abandono”, subrayó.
La muerte de Ramona, referente de La Poderosa de la Villa 31 expuso una situación previsible y lo que duele aun más, evitable: que el aumento exponencial de casos de coronavirus está vinculado a la falta de prevención y de políticas públicas. “Por eso, le exigimos a Larreta que retrotraiga las últimas medidas de la cuarentena en los barrios populares, ya que el aumento de casos no se detiene y la situación está fuera de control”, expresó Aiva.
Y es que el hacinamiento en las viviendas facilita la propagación del coronavirus, aumentando el número de vecinos y vecinas contagiadas. Esta situación se agrava aún más en los casos de quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión , EPOC, sobrepeso por mala alimentación, para quienes viven en ambiente contaminado, con falta de urbanización apropiada y de agua de red.
Aiva contó que desde el 6 de marzo, las organizaciones del barrio junto a la parroquia Caacupé, están llevando adelante medidas de prevención y relevamiento de la población de riesgo: “sin el compromiso de los vecinos y vecinas, la situación sería mucho más grave porque el Estado brilló por su ausencia”.
Otro de los reclamos urgentes es que el programa DetecTar se lleve adelante con responsabilidad, generando grupos de promotoras de salud que salgan a buscar vecinos y vecinas que puedan estar manifestando síntomas y así poder aislarlos, un punto de detección con profesionales de la salud.
En palabras de Dagna Aiva: “También reclamamos que se garantice que ninguna familia pierda el alquiler por falta de pago porque no pueden salir a trabajar y que se otorgue un subsidio habitacional. En los barrios hay cuidados, hay organización y hay solidaridad, falta el Estado que parece que nuevamente abandona a los más pobres a su suerte”.
Fuente: ACTA | www.agenciacta.org
