«El aumento de las tarifas de los servicios públicos, principalmente del gas, vuelve a agitar la protesta de los ciudadanos», así comienza el comunicado de prensa firmado por José Rigane, Presidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) y Secretario Adjunto de la CTA. ACTA Reproduce el texto completo.
En particular en la ciudad de Mar del Plata los vecinos reclaman en las oficinas de la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana por la quita de los subsidios, que se traduce en aumentos de más del 120 % en el nuevo cuadro tarifario, con respecto a un año atrás. Y en momentos en que el clima invernal obliga a un mayor consumo de gas.
Con las nuevas tarifas, la empresa incumple un amparo judicial que ordenó en el año 2009 no innovar en Mar del Plata en la aplicación del decreto 2067/08 que establecía incluir en las facturas un monto relacionado con el costo del gas importado. Amparos similares se sentenciaron en todo el país, fundamentados en que el nuevo cargo debía ser establecido en la ley de Presupuesto nacional. El Congreso Nacional modificó el Presupuesto incorporando la quita pero la Justicia ratificó el amparo. De cualquier manera las empresas distribuidoras de gas y luz han logrado durante años evitar sanciones o incumplir normas, por la vía de apelar las sentencias judiciales o negociar con los entes reguladores o simplemente ignorándolas. Ahora se espera que las tarifas aumenten apreciablemente en los próximos meses.
A los usuarios les queda el recurso de reclamar ante la empresa, sufriendo las incomodidades y el trato, a veces vejatorio, a que se les somete durante el trámite. Además la suspensión del pago de los aumentos que se obtiene, es provisoria; los usuarios se arriesgan a que, en caso de que la sentencia definitiva sobre el decreto revoque el amparo, deban pagar todos los aumentos suspendidos. Pero no puede sorprender que muchos usuarios se presenten a pedir la excepción: la inflación está reduciendo el poder adquisitivo de una gran parte de los ciudadanos, en particular de los jubilados, mientras las cifras oficiales siguen mintiendo sobre la reducción de la pobreza en el país.
Los subsidios son criticados por buena parte de la opinión pública porque, se argumenta, benefician a sectores de los usuarios que pueden pagar los aumentos de gas, luz o agua, ya que gastan sumas mucho mayores en consumos más prescindibles, como telefonía celular o televisión por cable. Es innegable que los subsidios a las tarifas residenciales se establecieron sin una discriminación adecuada de la capacidad de pago del usuario. En cambio ahora hay dos vías para conservar el subsidio; según una de ellas se puede solicitar la excepción demostrando tener pocos recursos o condiciones desfavorables de vivienda o salud; en otra, quienes ahorren un 20% en el consumo del bimestre respecto del mismo período del 2013 conservarán el subsidio, y quienes ahorren entre el 5% y el 20% conservarán un 50% del mismo. Este último recurso es bastante injusto, en tanto quienes el año anterior derrocharon -al amparo del subsidio- ahora pueden ahorrar y evitar el aumento, recurso que no tienen quienes, por razones de precariedad de la vivienda o de salud, no pueden reducir el consumo.
Y si de injusticias se trata, recordemos que una buena parte de la población del país -aproximadamente un 40%, que vive en el noreste del país y en los grandes conurbanos- no tiene provisión de gas natural por red, por lo que debe consumir gas licuado envasado. Y aunque las garrafas tienen una “tarifa social”, en invierno se pagan más y conseguirlas requiere tiempo y esfuerzo. Además no hay que olvidar que también se subsidia a empresas y centrales eléctricas el consumo de gasoil cuando se le corta o restringe la provisión de gas, cuando escasea, para dar prioridad al suministro a los consumidores residenciales.
Está claro que el Gobierno Nacional no puede, ni quiere, sostener los subsidios. Y también que las tarifas no alcanzan para cubrir los costos de los servicios, además de las ganancias que pretenden las empresas que forman la cadena de producción y comercialización, y que el Gobierno subsidia. En el caso del gas el aumento de los costos se potencia por la gran dispersión de empresas que hoy atienden el servicio de distribución y comercialización que Gas del Estado por sí sola prestó durante más de cuarenta años. Para el Gobierno la cuenta de la energía es cada vez más deficitaria, principalmente por el costo de importación en gran parte de gas, que llega por gasoducto desde Bolivia, o de gas licuado que traen barcos a los puertos de Bahía Blanca y Escobar, donde se regasifica para luego inyectarlo a la red.
Todo comenzó con la ofensiva neoliberal que, desde los años ´90, privatizó las empresas estatales del sector energético, permitió a las empresas privadas la libre explotación y exportación de petróleo y gas y de las ganancias que obtuvieron, sin reponer las reservas extraídas. Perdimos el autoabastecimiento de hidrocarburos y hoy, aún recuperada en parte la empresa YPF para el Estado, estamos lejos de lograr un ritmo de crecimiento en la extracción de gas y petróleo que pueda sostener el aumento del consumo, aún en la actualidad, en una fase de retracción de la economía.
El proceso para revertir esta situación no será sencillo ni breve. Hay que recuperar la potestad del Estado para definir una política energética que dé prioridad a las necesidades de los ciudadanos y del comercio y la industria del país, y no a los intereses de las multinacionales petroleras, que hoy retacean sus inversiones reclamando aún más facilidades y ventajas económicas y presionando sobre las decisiones sobre la exploración y explotación de nuestros recursos. Hace falta una fuerte decisión política de los Gobiernos Nacional y provinciales en este sentido. En el mediano y largo plazo uno de los objetivos principales debe ser reducir la fuerte dependencia de la matriz energética del petróleo y, sobre todo, del gas, impulsando el desarrollo de otras fuentes energéticas, la hidroelectricidad, la energía nuclear, y sobre todo la eólica y solar.
Para el pueblo argentino queda la lucha, hoy para resistirse a pagar, también a través de las tarifas de los servicios públicos, las consecuencias de políticas que han venido favoreciendo la concentración y extranjerización de la economía y que llevan al empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida a gran parte de la ciudadanía.
