Pensar la vivienda como un derecho humano

Pensar la vivienda como un derecho humano

El próximo miércoles 31 de marzo se vence el última plazo que el Gobierno Nacional extendió del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/2020 a través del cual -con fecha 29 de marzo de 2020- se ordenaba la suspensión de desalojos en todo el territorio Argentino, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios. Ante esta situación, el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP-CTAA) expresó su preocupación a través del comunicado que publicamos a continuación.

A pocos días de que se venza el Decreto 320/20 que estableció la suspensión de desalojos, la prórroga de los contratos de alquiler y el congelamiento de sus precios, desde el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP-CTAA) expresamos nuestra profunda preocupación ante la inminente ola de desalojos que podría dejar a miles de familias en la calle y nos sumamos al creciente reclamo de respuestas por parte del Estado nacional como del Estado porteño. En este sentido, en los próximos días convocaremos a una asamblea abierta de inquilinxs para definir los pasos a seguir que nos permitan visibilizar la problemática e impulsar nuestras propuestas.

Además de la feroz crisis económica que está aniquilando los salarios y dejando a medio pueblo en la pobreza, nuestro país atraviesa una grave crisis habitacional estructural, palpable en las casi 9 millones de personas inquilinas o que ocupan una propiedad. En la ciudad de Buenos Aires -la más rica del país-, las personas que deben alquilar pasaron del 38% al 46% en los últimos 10 años, mientras que aquellas propietarias de inmuebles disminuyeron del 62% al 54%. Todo esto a pesar de que en el mismo período se construyeron más de 111.000 viviendas, lo que significaría que las propiedades se están concentrando cada vez más en menos manos.

Partiendo de que el pago de un alquiler es un constante saqueo a los bolsillos de lxs trabajadorxs, quienes destinan en promedio más del 50% de sus ingresos en pagar el techo bajo el que habitan pero del cual no son propietarixs, los aumentos irracionales que están exigiendo los dueños que pretenden vivir de las rentas -que van desde el 60 hasta el 100%- requieren de la urgente intervención del Estado para establecer topes y controles efectivos que garanticen a la vivienda como un derecho humano y no como un negocio o inversión. Resulta inaceptable que mientras miles de familias sufren al tener que elegir entre comer o pagar el alquiler, los sectores más pudientes presionen para mejorar la rentabilidad de sus inversiones inmobiliarias. Ante esta ofensiva del mercado inmobiliario sostenemos que es necesaria la extensión del Decreto 320/20 como mínimo hasta fin de año, aunque somos conscientes de que es una medida paliativa e insuficiente para resolver la crisis que atravesamos. En paralelo, deben impulsarse diversas políticas que regulen el mercado y permitan el acceso a la vivienda propia.

Yendo al suelo en que habitamos, cabe alertar que todos los años el Gobierno de la Ciudad -en manos del PRO y sus aliados- aprueba leyes desprendiéndose de terrenos e inmuebles públicos, que luego son adquiridos por las grandes constructoras inmobiliarias para especular con el valor del suelo porteño o construir viviendas de lujo inaccesibles para la amplia mayoría de la sociedad. Y nos preguntamos ¿por qué no destinar los inmuebles para construir allí soluciones habitacionales que luego el mismo Estado porteño venda con facilidades de pago a las familias inquilinas? Así, podrían obtenerse recursos para el erario público y brindar un techo propio a personas que tanto lo necesitan.

En nuestro país hay tierra suficiente para resolver la crisis habitacional que sufrimos, en vez de utilizarse para que se enriquezcan los mismos de siempre. Lo que hace falta es participación popular para torcerle el brazo a las corporaciones inmobiliarias y sus representantes políticos. Por eso, impulsamos las siguientes propuestas:

– Prórroga del Decreto 320/20 hasta el 31 de diciembre de 2021 como mínimo, para evitar que miles de familias terminen en la calle.

– Programa nacional de desendeudamiento para la población inquilina que haya entrado en mora debido a la pandemia de Covid-19 y bajo el Decreto 320/20. 

– Implementación de un plan estatal federal de construcción de 2 millones de viviendas, el cual no sólo aseguraría el techo a quienes lo necesitan sino que daría un gran impulso a la economía por medio de la generación de empleo y la producción industrial. 

– Establecimiento de precios máximos a los alquileres, en relación directa a la paritaria anual más baja.

– Lanzamiento de nuevas líneas de créditos hipotecarios, los cuales en nuestro país representan tan sólo el 1% de todos los créditos que otorgan los bancos, mientras que en Bolivia es del 10% y en Chile asciende al 23%. Necesitamos nuevas líneas de créditos hipotecarios accesibles para construcción o compra, atados a la variación salarial y no a la inflación, para evitar las nefastas consecuencias de los créditos atados a las UVA. 

– En la ciudad de Buenos Aires, aplicación de impuestos a las viviendas que se encuentren ociosas por más de 6 meses, para evitar la especulación del mercado. Expropiación de aquellos inmuebles que se encuentren ociosos por más de 5 años.

– Destinar todos los inmuebles que el Estado porteño recibe por herencia vacante a soluciones habitacionales.

– Anulación de todos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que venden -o transfieren para su venta- tierras públicas a través de la AABE. 

-Inclusión del costo habitacional -alquiler o cuota hipotecaria- en la discusión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). 

– SMVM igual a la Canasta de Consumos Familiar.

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