El pasado jueves 25 de febrero más de 8 mil compañeros y compañeras de la FeNaT-CTAA Capital y otras organizaciones hermanas, colmamos el Obelisco y llegamos hasta el Ministerio de Hacienda porteño para oponernos a la desarticulación del programa “Veredas Limpias”, donde se desempeñan 2500 trabajadores y trabajadoras de distintas cooperativas.
* Por FeNat-CTAA Capital
La contra propuesta del Gobierno de la Ciudad es que se reconviertan en otra actividad productiva, para lo cual deberían invertir en maquinaria y materia prima por su cuenta, para que así, según la óptica gubernamental, mejoren su calidad de vida, sus posibilidades laborales y sus ingresos.
Desde las propias cooperativas, más pragmáticas que idealistas de la meritocracia, el horizonte es bien distinto: con ingresos que no superan los 15 mil pesos mensuales por media jornada de trabajo, invertir en cualquier proyecto resulta una quimera inalcanzable.
A pesar de contar con el mayor presupuesto de la república argentina, en la Ciudad de Buenos Aires crecen la pobreza y la desocupación. Razón suficiente como para desistir de someter a 2500 familias a un proceso de reconversión laboral incierto y angustiante.
Desde la FeNaT-CTAA Capital creemos con firmeza que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe generar medidas anticíclicas que nos saquen de la crisis económica y social que estamos viviendo, para poder recuperar el empleo y en ese marco pensar las cooperativas de trabajo con un esquema de financiamiento propio y sin por ello desactivar experiencias tan necesarias como “Veredas Limpias”.
En lo inmediato, sabemos que el Ejecutivo porteño está en condiciones no solo de mantener los salarios que estos cooperativistas vienen percibiendo, sino de aumentarlos y al mismo tiempo dotar de las maquinarias para empezar a armar cooperativas vinculadas a lo productivo.
La decisión siempre es política. Como dijimos el jueves pasado, no pueden ser los compañeros y compañeras de las cooperativas de trabajo quienes financien con sus sueldos los antojos del Gobierno. Necesitamos el compromiso de la Ciudad respecto a la Ley de Economía Social sancionada en 2020, que establece que el Estado debe garantizar la asistencia técnica, el financiamiento para el equipamiento y la orientación de su producción, y la compra de lo producido a las cooperativas registradas a tal fin.
Al día de hoy la Ley se encuentra sin partida presupuestaria asignada y tampoco hay ámbitos donde las organizaciones podamos discutir con el Estado de la Ciudad como llevar adelante este proceso.
